No nos engañemos: a estas alturas de la historia, sabemos bien que en la violencia machista una mujer no resiste contra un hombre sino contra todo un sistema que, por acción u omisión, coacciona, acosa y vulnera derechos fundamentales en muchos ámbitos. El reconocimiento social de esta discriminación estructural y el reflejo legal con la ley 5/2008 en Catalunya fue fundamental para empezar a responder a esta violencia en la dirección correcta.

Y a pesar de ello, estamos lejos de la erradicación. Tan lejos que el Parlament ha pasado a la acción y ha aprobado la modificación de la ley catalana contra la violencia machista, que ya notaba el paso de los años, como así lo certificó el informe de evaluación de los diez años, que señalaba algunas de las carencias que el paso del tiempo había profundizado. Desde 2008 el terreno de juego de la sociedad se ha ampliado con ámbitos creados de nuevo o haciendo más grandes y abiertos los ya existentes, y en todos ellos hace falta dar respuesta al machismo que se cuela. De estos ámbitos, el más relevante por la cantidad de mujeres afectadas y la grave parasitación que sufre es el digital. Otros ámbitos donde el machismo estaba invisibilizado, pero ahora es evidente e inaceptable para nuestra creciente intolerancia a la injusticia, son el institucional y el político. Las respuestas a la violencia machista también se amplían hasta el punto de que se necesitan definiciones nuevas, como la diligencia debida y el consentimiento sexual. De hecho, se prevé una respuesta tan amplia que incluye la violencia de segundo orden: aquella que sufren las personas que apoyan a las víctimas. La reforma de la ley catalana contra la violencia machista no quiere dejar ningún flanco sin cubrir. Del mismo modo que una mujer no resiste contra un hombre sino contra todo un sistema, también el sistema debe asumir como propia la atención y la recuperación de todas las víctimas.

Más aún: no es sólo el terreno de juego o las respuestas lo que se amplia. También las mujeres que habitamos en él somos cada vez más diversas. Por más diverso que sea nuestro recorrido vital, en todas nosotras el machismo actúa. Ya no nos basta con apelar a la mujer para protegerla, hace falta apelar también a su circunstancia para dar una respuesta efectiva y específica a las violencias que puede sufrir. No prever el entorno cultural, las diversidades corporales o las formas de relación afectiva, por nombrar sólo algunas interseccionalidades, es dar una respuesta incompleta y por tanto errónea.

Pero de todas las circunstancias con las que las mujeres nos encontramos, y que quedan recogidas en la ley con la incorporación de la interseccionalidad, es la condición trans la que más polémica ha despertado. Es, en el fondo, un debate falso y sin sentido, dado que las violencias machistas sobre ellas son flagrantes. Las mujeres trans sufren, sufrimos, discriminaciones demasiado conocidas por todas: hipersexualización, discriminación laboral, violencia médica, falta de representatividad, violencia física, humillación, presión del canon estético, justicia sexista, inexistencia en el currículo escolar, violencia en el ámbito de la pareja y tantas más. Y aun así, en un temerario ejercicio de generoplanismo exento de visión social, un sector afortunadamente minoritario del feminismo, pero de cómoda butaca, quiere excluir a las mujeres con vivencia trans de la ley y, de hecho, del feminismo. Pierden el tiempo. El hecho trans y su clave de bóveda particular, el derecho a la autodeterminación de género, ya forma parte de toda la agenda social, no sólo la feminista. Los organismos internacionales (UE, Consejo de Europa, OMS, entre otros) y los tribunales superiores que dictaminan cuestiones sobre derechos fundamentales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional) han determinado que la autodeterminación en el género forma parte de los derechos al libre desarrollo, a la dignidad y a la vida privada de la persona. Un buen ejemplo es la sentencia 99/2019 del Tribunal Constitucional, dictada por jueces nada sospechosos de ser queers ni de ponerse una peluca. Y con los derechos fundamentales no se juega a ganar votos o audiencia. Algunos partidos políticos y medios de comunicación que dan cobertura y credibilidad a posiciones excluyentes de la realidad trans deberían tener más cuidado a la hora de protegerlos, si pretenden ser coherentes con una visión abierta e inclusiva de la sociedad. No hay duda: los derechos trans son derechos humanos y, socialmente y por los derechos fundamentales, las mujeres trans somos mujeres.

No nos engañemos: a estas alturas de la historia queremos que el sistema legal del que nos dotamos combata la violencia machista del propio sistema en todos los ámbitos y sin excluir ninguna vida de nuestra sociedad. El machismo es líquido, se cuela por el flanco que dejamos al descubierto, y más si éste es más vulnerable por otras discriminaciones igualmente estructurales. Este es el espíritu de la modificación de la ley que nos protege de esta violencia. Contra el machismo, a todas y por todas.