El director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, está animando a los países de la Eurozona a acudir al fondo de rescate para financiar parte de los abultados déficit públicos que generará la respuesta al coronavirus. Como indica este economista alemán “se trata de créditos baratos" los que ofrecerá el MEDE.

Regling cuantificó el posible ahorro para un país como España en 2.000 millones de euros en los próximos 10 años si toma prestados los casi 25.000 millones de euros que le corresponderían de la línea para la pandemia en lugar de captarlos en el mercado. Pero no se le ocurrió cuestionar el sistema de financiación habitual de los Estados.

A otros economistas sí. Y, claro, nos da por soñar…

Ojalá España, en vez de ser un Estado miembro de la Unión Europea y formar parte de la Eurozona, fuera un banco.

Sí, no estoy diciendo una locura.

España es accionista del BCE. Tiene una participación ligeramente inferior al 10% de su capital. Pero el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que, ni nuestro país ni el resto, pueden acudir al banco central de su propiedad para financiarse.

A partir de ahí, el mecanismo de expolio es sencillo: las entidades financieras privadas reciben el dinero del BCE a bajísimo interés y luego se lo prestan a los Estados haciendo negocio por el camino con las respectivas deudas públicas.

Si España no fuera España y fuera España S.A con ficha bancaria, podríamos acceder a la ventanilla del Banco Central Europeo en las mismas condiciones que lo hacen el Banco Santander, BBVA, Sabadell o el resto de entidades financieras.

He realizado el cálculo de lo que nos podríamos ahorrar si el Estado español fuera tratado en condiciones de igualdad, ni mejor ni peor, que los bancos privados. Y es un pastizal.

Si durante los últimos 20 años, hubiéramos acudido a la financiación concesional que da el BCE a la banca, nos habríamos ahorrado 313.000 millones de euros que es, ni más ni menos que el 1,57% del PIB acumulado y supone el 26% de la deuda pública total que tenían las Administraciones Públicas a final de 2019. Ese sería el resultado de haber tenido un coste medio de nuestra deuda del 2,16% en vez del que hemos tenido del 4,01%.

Más de 33.000 millones de euros se escapan cada año de las arcas públicas sin que los defensores de la “estabilidad presupuestaria” pongan el grito en el cielo. Lógico porque ese dinero público “no se ha perdido”. Se ha trasvasado al sector privado y ha enriquecido a los grandes accionistas de las entidades bancarias y a quienes operan en los mercados especulando con la deuda pública. Es un claro ejemplo de lo que consideramos que es una deuda ilegítima.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud, si ese dinero se destinase a sanidad en vez de a engordar las cuentas de resultados de grandes bancos y fondos de inversión, el presupuesto se podría incrementar directamente un 45% cada ejercicio.

El expolio ha sido especialmente intenso desde el estallido de la crisis ya que en estos doce últimos años se acumula el 95% del sobrecoste que ha supuesto un 2,25% del PIB anual para las arcas públicas. Y eso es especialmente doloroso porque, al mismo tiempo que se discuten por parte de algunas personas, medidas como la del ingreso mínimo vital que, según nuestras estimaciones, supondría un coste máximo anual de 9.000 millones anuales, se entrega al sector bancario una cifra casi 4 veces superior cada año sin que se les mueva un músculo de la cara.

Por eso es ineludible una reforma del BCE que sepulte las políticas que llevan más de una década asfixiando a los pueblos y acabe con el papel de intermediarios en la financiación de las políticas públicas que se ha otorgado a la banca privada. El Sistema de Bancos Centrales Europeos, encabezado por el BCE, está al margen de la voluntad popular para realizar políticas monetarias favorables a las élites. O los recuperamos para ponerlos al servicio de empleo y de la economía productiva o podemos olvidar el término “democracia” en Europa.

Muchísimo mejor que sea por las buenas.