Opacidad en las cifras del crimen

JOSÉ LUIS DÍEZ DE RIPOLLÉS Y ANDREA GiMÉNEZ-SALINAS

El diseño de cualquier política pública en una democracia exige la participación del conjunto de la sociedad. No puede quedar sólo en manos de los poderes públicos. Y ninguna decisión de política pública puede tomarse sin conocer la realidad social en la que se quiere intervenir, o sin un debate abierto de las actuaciones a realizar.

La política contra el crimen, como política pública encaminada a la prevención y control de la delincuencia, no es una excepción. Por eso, la comunidad científica procedente del derecho y la criminología lleva años aportando soluciones para un control de la delincuencia eficaz y respetuoso de los derechos de los ciudadanos.

Instrumentos científicos como las encuestas de victimización o los auto-informes han suministrado valiosos datos obtenidos directamente de las víctimas o de los propios delincuentes, a contrastar con los datos de la delincuencia registrada, recogidos por el Ministerio del Interior. Con todo, las cifras oficiales de delincuencia registrada del Ministerio constituyen la más exhaustiva y regular fuente de información sobre la criminalidad, y su manejo resulta imprescindible para formular cualquier propuesta político-criminal.

Sin embargo, esas cifras no son de libre acceso para la ciudadanía en general, ni para la comunidad científica en particular. Hasta 2006, un investigador no avezado tenía problemas para localizar esas cifras en la página electrónica del ministerio. Una vez localizadas, descubría que se ofrecían en formato cerrado, lo que impedía cualquier tipo de profundización en ellas mediante análisis secundarios. Finalmente, la información es incompleta: todavía hoy no se incorporan sistemáticamente a las estadísticas nacionales los datos procedentes de Catalunya.

Tales defectos no son comparables a la situación que se ha generado a partir de los anuarios estadísticos de 2007 y 2008, últimos aparecidos. Su estructura, contenido y presentación de los datos han sido sustancialmente reducidos, de modo que la información suministrada carece de utilidad científica. Ni siquiera ofrecen al ciudadano interesado una imagen mínimamente acabada y real de la delincuencia en nuestro país. Sus rasgos responden, más bien, a un instrumento de propaganda del Ministerio del Interior.

Esta actitud, ilegítima en cualquier caso, resulta además torpe, pues suscita desconfianza hacia cualesquiera afirmaciones oficiales sobre la evolución de la delincuencia, en un momento en que los indicadores señalan un continuo descenso de la criminalidad en nuestro país. Parece que se quiere poner el parche antes que la herida, consolidando

un secretismo que prevenga en el futuro la divulgación de evoluciones desfavorables de la criminalidad.

La buena disposición que muestra el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior del Ministerio para facilitar los datos que le solicitan profesionales e investigadores –previa solicitud individual motivada, y tras la correspondiente espera–, no puede sustituir la palmaria inobservancia del derecho de libre acceso a la información que tal actitud oficial conlleva.

La situación no tiene paralelo en otros países de nuestro entorno. Sería prolijo enumerar las buenas prácticas oficiales existentes. Baste decir que en Estados Unidos, país tan preocupado recientemente por su seguridad, los datos sobre delincuencia se encuentran libremente disponibles, en un formato que permite análisis secundarios por parte de investigadores.

Además, la actitud del Ministerio del Interior no se corresponde con el proceder de otros organismos nacionales con competencias en otros datos sobre la delincuencia. El Instituto Nacional de Estadística publica información completa sobre las estadísticas de condenados y de menores, lo que hace mediante un formato que permite tener acceso directo a las matrices de los datos.

La insostenible situación de la información estadística sobre delincuencia registrada contradice, por otra parte, compromisos internacionales de España. Entre los más recientes, el Convenio del Consejo de Europa de 2009 sobre acceso a documentos oficiales, y muestra la urgencia de aprobar una ley de acceso a la información, ya existente en más de 80 países del mundo.

Mientras eso no ocurra, ciudadanía y expertos interesados en la solución de los problemas sociales ligados a la delincuencia seguirán a merced de la arbitrariedad de los organismos oficiales en el suministro de la información que les es debida.

El Ministerio del Interior está obligado a suministrar a la ciudadanía y a los investigadores, de manera regular y puntual, información completa, libremente accesible y manejable sobre la delincuencia, que mantenga a salvo datos específicos comprometedores para el orden público o la seguridad. Esa información, además, debe suministrarse de forma que admita posteriores análisis, y debe estar homogeneizada, para que pueda procederse a realizar comparaciones temporales en todo el territorio nacional y en sus diferentes regiones.

Esta demanda es, ante todo, coherente con los derechos de participación en los asuntos públicos de todo ciudadano en una democracia. Además, se corresponde con la utilidad de las aportaciones que personas y colectivos expertos pueden hacer para la mejora del control de la delincuencia.

José Luis Díez de Ripollés es director del Instituto andaluz de Criminología

Andrea Giménez-Salinas es presidenta de la Sociedad española de investigación criminológica

* Se adhieren doce responsables de centros de investigación criminológica españoles y extranjeros y tres sociedades profesionales