Operación contra Assange: atentado a la libertad de prensa

El juicio de extradición de Julian Assange, fundador de la agencia de noticias Wikileaks, iniciado en Febrero y suspendido en Mayo a causa de la pandemia del COVID19, se reanudó en la segunda semana de Septiembre en Londres. La Administración Trump reclama al Gobierno británico la extradición de Assange por 18 delitos, 17 de ellos de espionaje, por los que el informador y ciberactivista australiano podría ser condenado en Estados Unidos a 175 años de prisión, es decir, a cadena perpetua.

En realidad, el verdadero “delito” de Julian Assange fue difundir en 2010 mediante Wikileaks más de 700.000 documentos clasificados sobre las operaciones militares y diplomáticas estado-unidenses, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron crímenes de guerra y de lesa humanidad, detenciones extrajudiciales, actos de tortura, como en Guantánamo, y otras violaciones de derechos humanos [1]. Fue esta información, que ponía en evidencia las políticas estadounidenses de destrucción y pillaje emprendidas con pretextos como el de la “guerra al terrorismo”, la razón por la que la diplomacia del país norteamericano emprendió una operación judicial encubierta contra Assange, en la que el ejercicio de la libertad de prensa se convirtió en delito de espionaje, una acusación fabricada con la pretensión de dar una apariencia jurídica a lo que a todas luces es una persecución política.

Conviene señalar los elementos que conforman el marco de esta operación del Gobierno estadounidense, desplegada con la colaboración estrecha del Gobierno británico y la ayuda de Suecia.

• Julián Assange fue detenido en Diciembre de 2010 en el Reino Unido, a petición de Suecia, por un caso de presuntos delitos sexuales que ya está archivado por carecer de fundamento probatorio. Durante los meses que siguieron a la acusación permaneció en arresto domiciliario en una casa rural inglesa.

• En Mayo de 2012 la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que se ejecutara la extradición. Días más tarde, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde obtuvo el estatus de asilo político a instancias del Gobierno presidido por Rafael Correa.

• Su condición de refugiado político no impidió que durante los siete años en que Assange vivió en la embajada ecuatoriana sus comunicaciones fueran vigiladas y espiadas por la CIA y, por tanto, vulnerados sus derechos legales más fundamentales.

• En Abril del año pasado Assange fue detenido por la policía inglesa en la embajada ecuatoriana. La captura se produjo después de que el Gobierno de Lenin Moreno, que sucedió en Ecuador al de Rafael Correa, le retirara el asilo político y aceptase un trato vergonzoso, en virtud del cual su país recibió el visto bueno de Estados Unidos para un sustancioso préstamo del FMI a cambio de la entrega de Assange a las autoridades británicas.

• Tras la detención, Assange fue conducido a la prisión de alta seguridad de Belmarrsh, contigua al tribunal, donde cumple una condena por haber infringido la libertad condicional de la que dispuso en Suecia durante el proceso por violación, una acusación carente de fundamento una vez que la justicia sueca retirara los cargos los cargos en 2015 y archivara la causa en 2017.

• Las condiciones de aislamiento e incomunicación a las que Julian Assange ha estado sometido en los diez años de confinamiento en los que ha vivido han conducido a un deterioro de su salud física y mental. Así lo han confirmado destacados médicos de todo el mundo y el propio relator de la ONU para la Tortura, Nils Melzer, que señaló en 2019 que el editor de Wikileaks había sido expuesto deliberadamente, durante un período de varios años, a tratos inhumanos y degradantes “cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica".

Visto lo anterior, resulta evidente que las audiencias que durante estas semanas se celebran en Londres para que un tribunal británico decida sobre la extradición de Julián Assange a Estados Unidos para ser juzgado por unos delitos pensados “ex-profeso” para condenarlo, estas audiencias, digo, constituyen el acto final de una campaña orquestada por el establishment anglo-norteamericano, con un doble objetivo: por una parte, desacreditar a Wikileaks y otras organizaciones similares que puedan poner en cuestión la imagen de los gobiernos occidentales y, en particular, de Estados Unidos como garantes del mundo libre mediante informaciones que saquen a la luz su lado oscuro, como promotores de políticas coloniales de destrucción y guerra; por otra, disuadir a otros profesionales de la edición y del periodismo de toda pretensión de difundir información clasificada que puedan considerar de interés público, a la vista de las consecuencias punitivas a las que podrían enfrentarse, en un contexto en que un país como Estados Unidos está siempre en disposición de demostrar que dispone de la capacidad de extender su jurisdicción más allá de sus fronteras nacionales.

Desde esta perspectiva, las acusaciones contra Assange y el juicio de extradición constituyen un claro ejemplo de lo que ha venido en denominarse “lawfare” (guerra judicial), es decir, el uso de procedimientos judiciales ilícitos pero con apariencia legal, como las pruebas falsas, para destruir la imagen pública, inhabilitar o perseguir a quien sea señalado como rival a batir. Constituye, dicho “lawfare”, la herramienta coercitiva que, cumpliendo la función represiva de las dictaduras, sitúa a la democracia dentro del perímetro marcado por los intereses de las altas esferas económico-financieras y geopolíticas. Son numerosos los ejemplos en los que se ha utilizado sin pudor la guerra judicial: en América Latina contra los gobiernos progresistas de la llamada “década dorada” (2003-2012) y en España contra el movimiento soberanista catalán y contra Podemos y sus líderes, fundamentalmente Pablo Iglesias, entre otros. Todo forma parte del mismo pack.

El lawfare, además, suele combinar acciones propias del ámbito jurídico con una amplia cobertura mediática, puesta en funcionamiento con el objetivo de generar un ambiente de opinión hostil hacia el “culpable”, objetivo en el que lo que menos cuenta es la verdad. En el lawfare contra Julian Assange, los grandes medios, simple y llanamente, han pecado por omisión. Han mantenido el calvario sufrido por Julián Assange en los últimos diez años y las irregularidades de su procesamiento fuera de la cobertura mediática que hubiera merecido. Este silencio, que es igualmente condenatorio, contrasta con el interés inicial que mostraron grandes medios, como la CNN, el New York Times, la BBC, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País y otros, en difundir las informaciones de Wikileaks, obtenidas en primicia, que les permitieron presentarse como adalides de la libertad de prensa y, de paso, engrosar sus cuentas de resultados. Ahora, parece que ya no interesa denunciar la injusta e injustificable situación por la que atraviesa quien tuvo el atrevimiento de sacar a la luz pública la verdad sobre el intervencionismo estadounidense. ¡El cierre de filas dictado por el Tío Sam! ¿Qué libertad de prensa es ésta?

Por todo ello, es evidente que el juicio de extradición de Julián Assange es también un juicio contra la libertad de prensa entendida como lo que realmente es: un servicio público fundamentado en la independencia con respecto al poder establecido y en el derecho de la ciudadanía a disponer de una información veraz que le permita interpretar el mundo en el que vive y actuar en consecuencia. Desde esta perspectiva, si los jueces londinenses dictaminaran en favor de la extradición se erigirían en colaboradores de un auténtico atropello, tanto contra los derechos del informador australiano como contra los principios elementales de la libertad de prensa, componente indispensable de una democracia saludable.

Hay motivos, por tanto, para participar en la campaña en contra de la extradición de Julián Assange a Estados Unidos y para exigir la retirada de todos los cargos derivados de sus actividades periodísticas y de investigación, en línea con la solicitud de sus abogados defensores.

Espero, con estas notas, contribuir a ello.

[1] Gran parte de los miles de documentos clasificados difundidos por Wikileaks se debieron a la filtración realizada por la Agente de Inteligencia estadounidense Chelsea Marning, entre ellos el video “Collateral Murder”, donde se revelaba la matanza de civiles y periodistas de la agencia Reuter en Bagdad. Marning fue procesada y condenada por ello a 35 años de prisión, que el presidente Barak Obama conmutó en 2017.