Bruno Estrada López

Economista. Miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis

Hace tiempo que quería escribir un artículo con este título pero no sabía cómo hincarle el diente, soy plenamente consciente de la carga provocativa que tiene en gran parte de la izquierda española la expresión “el orgullo de ser español”.

Fue un breve comentario sobre la toma del castillo de Chillón en 1798 por los patriotas del cantón de Vaud (Suiza) lo que precipitó el montón de ideas que desde hacía varios meses me daban vueltas en la cabeza. El mencionado castillo representaba a finales del siglo XVIII el poder de la aristocracia urbana de Berna sobre las tierras situadas al borde del lago Léman, era donde se cobraban los impuestos a los campesinos y comerciantes. Los patriotas de Vaud fueron hombres libres que lucharon contra el poder de los gobernantes de Berna, proclamando inmediatamente la República lémanica.

En la expresión “los patriotas de Vaud” hay clara una identificación entre patriotismo y democracia, entre patriotismo y lucha contra los privilegios, algo común en la mayor parte de las naciones creadas en Europa a partir del siglo XIX. Pero de lo que apenas hemos tenido en España.

Hasta ahora el éxito en la apropiación del concepto de patria por parte de nuestras oligarquías terratenientes, de la iglesia más recalcitrante, de zafios y paniaguados intelectuales de lo imperial, de sanguinarios y cleptócratas militares ha impedido que haya una identificación positiva entre gran parte de la izquierda, y una parte no despreciable de la “derecha civilizada”, con el concepto de nación española.

Uno de los efectos letales a largo plazo de la espesa noche del franquismo es la baja autoestima colectiva que ello ha provocado en un volumen no despreciable de la ciudadanía española, incapaz de sentirse identificada en el relato oficial de la historia inmediata de España. Hasta la llegada de la democracia nuestra historia próxima como nación ofrecía escasas razones para sentirse orgulloso de ser ciudadano de España, lo que ha quedado grabado en el subconsciente colectivo de una parte importante de la sociedad española. Resulta evidente que el orgullo patrio y la democracia tienen que ir fuertemente unidos, uno se siente orgulloso de algo cuando ha participado en ello.

Esta situación condujo a un sector mayoritario de la izquierda española a una excesiva sublimación de la idea de Europa, por contraposición a España, lo que vendría a ser un apatriotismo pasivo. Incapaces de confiar en los españoles como colectivo esperaban que las instituciones europeas fueran el catalizador de la modernización de España. Otra parte, minoritaria pero no marginal, de la izquierda española se caracterizó por un furibundo antipatriotismo, centrando gran parte de su discurso en la negación del relato de país que hizo la derecha, sin proponer otro alternativo.

La conjunción de ambos elementos ha incapacitado al conjunto de la vieja izquierda de nuestro país para construir en el imaginario colectivo la idea de una nación moderna y progresista que incluyera a una amplia mayoría social, permitiendo que la derecha se haya apropiado del concepto emocional de nación. Algo peligroso para la convivencia común, como estamos viendo en Cataluña.

¿Será la emergente izquierda española representada en Podemos capaz de encarnar un nuevo orgullo de ser ciudadano de España?

No es fácil, pero un elemento determinante para que el aire fresco que ha entrado en la política española se consolide será su capacidad de construir un relato propio de la nación española que supere los déficits que en este sentido ha tenido la izquierda tradicional. En este sentido, el importante cambio generacional que representa Podemos puede ayudar a ello. La juventud de los nuevos políticos les permite no tener telarañas del pasado que dificultan la comprensión de los nuevos tiempos.

En pleno siglo XXI sentirse orgulloso de ser ciudadano de España no tiene mucho que ver con la identificación con unos valores patrios creados desde una lectura más o menos manipulada de la historia. Exige partir de la consideración de que cada española y cada español es un actor político de pleno derecho, capaz de interpelar y controlar a quienes nos gobiernan. Tiene que ver con la capacidad de construir una sociedad de la que nos sintamos orgullosos en términos morales y prácticos, con la capacidad de consolidar un marco de institucional que refleje la madurez democrática alcanzada por las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, esto es:

. Establecer un nuevo diseño institucional de relaciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas y nacionalidades que debe mirar hacia el futuro de España sin desconocer nuestros traumas del pasado. Eso es ser patriota.

En este sentido hay que ser plenamente conscientes de que nuestro actual marco constitucional no fue plenamente democrático. A pesar del relato machacón sobre el proceso impoluto que representó la transición española no hay que olvidar que nuestra Constitución aún tiene “habitaciones oscuras” que no fueron fruto de un acuerdo libre entre las fuerzas democráticas. Su artículo 2, el que define la cuestión nacional, fue impuesto por las fuertes presiones de algunos sectores inmovilistas del régimen franquista. Según denunció en su día Jordi Solé Tura, ponente constitucional, dicho artículo fue concebido por poderes fácticos extraparlamentarios, militares, e impuesto a los representantes legítimos de la voluntad popular: “recibimos un papel escrito a mano y procedente de la Moncloa en la (sic) que se proponía una nueva redacción del artículo segundo (...) que no se podía variar ni una coma, porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados”.

Este nuevo diseño institucional debe romper amarras con ese pasado ademocrático e incrementar la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas en la gestión de los asuntos de toda la nación, bajo el principio de colaboración entre instituciones. Algo propio de una democracia moderna.

. Apostar decididamente por resituar a España en la Unión Europea y en la globalización, abandonando las posiciones sumisas que han tomado nuestros gobiernos ante el diktat de Alemania. Eso es ser patriota.

El blindaje constitucional, realizado con nocturnidad y alevosía, de las políticas de austeridad fiscal, mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución, ha supuesto crear nueva “habitación sin luces democráticas” en la línea de flotación de nuestra Carta Magna. Ha sido un factor importante en el reciente proceso de deslegitimación popular que ha vivido nuestra Constitución.

. Modernizar un sistema fiscal cuya capacidad recaudatoria sobre los más ricos hace aguas, incrementar los impuestos sobre los latifundistas de capital, sobre quienes tienen rentas y patrimonios elevados, sin aumentar la presión fiscal sobre los empresarios de PYMES, sobre los autónomos y sobre los trabajadores asalariados de ingresos medios y bajos, es imprescindible para lograr una distribución de la riqueza más equitativa y garantizar la financiación de unos servicios públicos de calidad de los que nos beneficiamos todos. Recuperar su finalidad redistributiva que, a la postre, es lo que hace que una sociedad sea más libre. Eso es ser patriota.

Cuanta mayor igualdad social haya, en una senda de prosperidad económica, mayores cuotas de libertad individual tendrá esa sociedad. Algo de lo que es plenamente consciente la mayor parte de nuestra sociedad cuando, según el CIS, un 57,4% de los españoles declara que “los impuestos son necesarios para financiar los servicios públicos y un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad”, frente al 38,4% que opina que “los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”.

. Impulsar una política económica que garantice una mayor estabilidad en el crecimiento macroeconómico y evite los riesgos de crisis como la que hemos vivido recientemente. Ello supone un papel mucho más activo del Banco de España en la regulación y supervisión del sistema financiero, una decidida regulación pública de los sectores oligopólicos (fundamentalmente el energético y el de las telecomunicaciones) con el objetivo de defender los intereses del conjunto de la sociedad y no los de los accionistas de esas empresas, y desarrollar un moderno y participativo sistema de relaciones laborales que revierta las reformas laborales realizadas por los últimos gobiernos del PSOE y PP que han restado derechos y capacidad de negociación colectiva a los trabajadores españoles. Eso es ser patriota.

En suma, identificar a nuestra nación con la democratización de las instituciones, con la lucha contra la corrupción, con la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, con la modernización económica, social y cultural.

La tarea es inmensa, pero el premio es enormemente gratificante: devolver la ilusión colectiva de que nuestro país, España, vuelva a ser reconocido internacionalmente por lo que hacen y crean sus ciudadanos en valores, ideas, y también en productos y servicios, no por lo que roban sus políticos o por la cantidad de empleo que se destruye.

Construir una España mucho más justa en lo social, más innovadora y democrática en lo económico, con un creciente espacio para las libertades individuales y colectivas, y con una sustancial mejora de la calidad democrática de la gestión de sus instituciones públicas permitiría que millones de ciudadanos de nuestro país recuperáramos el orgullo de ser españoles. Del mismo modo que los “patriotas de Vaud” debieron sentirse orgullosos de haber ayudado a la construcción de su país echando a patadas, hace más de doscientos años, al último representante del Antiguo Régimen.