Tradicionalmente se ha considerado que elevar los salarios en un periodo de notable elevación de los precios es una política indeseable porque lo único que logra es empeorar la situación, ya que esas mejoras salariales (reivindicadas por los trabajadores para no perder capacidad adquisitiva) empujan a los empresarios a aumentar todavía más los precios para no perder margen de beneficio, de forma que se reinicia el ciclo vicioso, disparándose aún más la inflación. A ese fenómeno se le conoce como “inflación de segunda vuelta”, y para evitar que se origine y también para evitar que los trabajadores pierdan tanta capacidad económica se ha propuesto tradicionalmente lo que se conoce como “pacto de rentas”, que no es más que un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos con el propósito de que haya aumento de salarios pero que éste sea menor al ritmo de la inflación para no perjudicar al margen de beneficios empresariales.

Esta política parece razonable y sensata; de hecho, muchos consideran que aplicar pactos de rentas fue lo que permitió acabar con las consecutivas olas de inflación de los años 70 y 80 del pasado siglo (también originadas por una crisis energética) pero, más allá de que dicha consideración es muy cuestionable, lo importante es entender que en la actualidad no nos encontramos en la misma situación ni de lejos. El debilitamiento de los sindicatos, los efectos de la deslocalización internacional de los procesos productivos, así como las reformas laborales que debilitaron el poder de negociación laboral han provocado que hoy día la clase trabajadora no esté logrando mejoras salariales al ritmo de la inflación (ni siquiera cercanas a ella) como sí lo logró hace 40 años. Si nos fijamos en los datos que ofrece Eurostat sobre los salarios negociados en convenios, comprobamos que en España la pérdida salarial por culpa de la inflación ha sido del 8,1% en el segundo trimestre del año 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque esto no sólo ocurre en España: esa caída ha sido del 7,5% en Italia y en los Países Bajos, del 6,7% en Alemania, del 5,9% en Austria y, en general para toda la Eurozona, del 6,5%.

Y, ojo, porque esa evolución se refiere únicamente a los salarios negociados colectivamente, que acorde a los datos del Ministerio de Trabajo en España sólo suponen la mitad de los contratos existentes. Si incluyésemos a todos los asalariados la caída real de los salarios sería todavía mayor, porque la mayor parte de los trabajadores no cubiertos por los convenios no están viendo apenas aumentar sus ingresos. Este detrimento salarial en las economías capitalistas es tan evidente que incluso el Banco Central Europeo, el Banco Internacional de Pagos y la OCDE han reconocido que en esta ocasión no está habiendo inflación de segunda vuelta.

Esto es crucial de cara a acordar un pacto de rentas: los gobiernos no deberían estar preocupados por si los aumentos salariales empeorarían la inflación, sino que deberían estar preocupados por la tremenda pérdida de capacidad adquisitiva que están sufriendo los trabajadores debido a sus exiguas ganancias salariales. En otras palabras: los pactos de rentas deberían priorizar el incremento notable de los salarios, no su moderación.

Porque no hemos hablado de la otra parte de la ecuación: los beneficios empresariales. Como todo el mundo puede entender, el terreno que pierden los salarios en este episodio inflacionario es el terreno que ganan los beneficios de las empresas. Y esto es algo ampliamente corroborado por los datos disponibles: por ejemplo, los datos del Banco de España demuestran que algunos sectores están incrementando sus precios más de lo que han aumentado sus costes, especialmente en el caso de la comercialización de la energía eléctrica, las coquerías y refino, el transporte y el comercio y la hostelería. Los datos de la Agencia Tributaria también apuntan en la misma dirección: el conjunto de empresas españolas está ganando más dinero incluso que antes de la pandemia, con un margen de beneficios del 10,1% cuando desde 2014 no había superado el 8%. Y eso se debe en buena medida a las empresas del sector servicios, incluyendo comercio y hostelería. Por último, un reciente estudio de Comisiones Obreras revela que en el primer trimestre de 2022 cada euro ganado por elevar precios se tradujo en 83,4 céntimos de margen de beneficio, y sólo en 13,7 céntimos de salarios.

En definitiva, muchísimas empresas se están aprovechando del episodio inflacionario para aumentar sus precios más de lo que se le han elevado sus costes de producción y disparar así sus beneficios. Es normal y comprensible que las empresas aumenten los precios si ahora les sale más caro producir, sobre todo porque tienen que comprar materias primas más caras, pero es que toda la evidencia empírica revela que las empresas están aumentando los precios más de la cuenta, con lo cual están ganando mucho más dinero que antes (y además eso alimenta y agrava la inflación que en teoría se pretende evitar). De ahí que el pacto de rentas que la propia ministra Calviño espera reactivar ahora que la patronal empresarial tiene nueva dirección no debería priorizar una moderación salarial para evitar agravar la inflación, sino que debe priorizar un fuerte incremento de los salarios.