En estos últimos años hemos escuchado a víctimas, en múltiples ocasiones, insistir en que no sean usadas de forma partidista. Tenemos historia sobre ello, desde el terrorismo etarra pasando por el terrorismo islamista y el horror del 11M. Se suponía que, de ello, los partidos políticos podrían aprender, pero aprovechan la mínima para regresar a ese pasado, donde no respetan ni el dolor ni la reparación cuando se trata de votos o protagonismo. Y, en lugar de poner calma, algunas tertulias de radio y televisión se encargan de jalear y de alimentar los ánimos para promover el enfrentamiento.

Recuerdo cómo, en la escuela, cuando llegábamos a la historia de la democracia, llegaban las vacaciones y el libro se cerraba. Con suerte, se pasaba de puntillas sobre el tema, y poco más. El déficit de conocer cómo funciona nuestra democracia lleva a políticos, periodistas y parte de la sociedad a repetir enfrentamientos sin conocer diferencias fundamentales. Porque no es lo mismo hacer partidismo que hacer política. Y no es lo mismo el Estado, que el Gobierno.

Estos días, tras la aparición del cuerpo de Esther López, Pablo Casado publicó un tuit de apoyo a la familia. Hasta ahí, bien y comprensible. Lo malo es que, justo en ese mismo tuit, horas después de que sus padres supieran que su hija estaba muerta, Casado añadió: “Reivindicamos la prisión permanente revisable, que quería derogar la izquierda, para evitar que reincidan estos salvajes”.

Más allá de la opinión personal de este asunto, asociar esto al caso de Esther era dar por hecho que era un asesinato con una circunstancia agravante específica y que ya había unos detenidos, cuando no los hay. Antes hay que saber que esa medida es solo en casos determinados, como sería una violación junto al asesinato, pero es que no había nada confirmado por parte de la investigación en cuanto apareció el cuerpo. Y, aunque posteriormente se confirme, un mensaje de condolencias no procede para hacer campaña de un asunto que, además, está cerrado. El Gobierno ya descartó derogar esta medida y asumió la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es un tema que surge, además, con especial ahínco tras las violaciones o asesinatos machistas que sufrimos, aunque luego haya otras violencias que sufren las mujeres donde se ponen de lado o las niegan, si tanto le preocupan.

Por otro lado, también lo vemos estos días con el impulso de investigar los abusos sexuales de menores por parte de la Iglesia, y que recaerá en la figura del Defensor del Pueblo. Las víctimas ya han advertido que no se haga un uso partidista de sus casos, porque lo que se busca es justicia y reparación. No vale mezclar aquí a todas las víctimas que sufren abusos, de la misma forma que no se pueden mezclar víctimas del terrorismo etarra o del terrorismo islamista porque sus causas y estructura son diferentes. Y, todo ello, aunque surja al amparo del Gobierno, es algo que debe trascender a este. Naciones Unidas no solo pidió a la Iglesia Católica que se abstuviera de obstruir estos procesos, sino que recordaba a los Estados que tienen la obligación, de acuerdo con los derechos humanos, de que aseguren justicia, verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Esa es la diferencia entre una medida de Gobierno y una de Estado, y es que mientras el primero solo sostiene el poder Ejecutivo, la segunda la conforman todas las instituciones que deben garantizar los derechos de su ciudadanía.

Esto es lo que necesitan las víctimas y sus familias, justicia y reparación, de mano de un Estado (que integra también al poder legislativo) que esté a la altura. Y eso está muy lejos de crear enfrentamientos sucios y polémicas. Porque, si de verdad importan las víctimas, lo primero es respetarlas.