La Seguridad Social es la columna vertebral del estado de bienestar en España, pero también es un sistema complejo y muy difícil de entender para la mayoría de la ciudadanía. Digo esto porque el Gobierno, los empresarios y los sindicatos acabamos de alcanzar un acuerdo para reformar el sistema de pensiones garantizando los derechos de los pensionistas actuales y futuros, y también para garantizar que el sistema tendrá los recursos que necesita a medio plazo.

Estoy convencida de que muchas personas dirán, “pues eso es lo mismo que decía el PP cuando hizo la reforma de 2013”. Y tienen razón. El Gobierno que encabezaba Mariano Rajoy hizo, en solitario, sin apoyo social ni político, una reforma del sistema de pensiones diciendo que era para garantizar su sostenibilidad. Aseguraba, además, que no había bajado ni bajaría las pensiones.

¿Cómo garantizaban Rajoy y el PP la sostenibilidad del sistema? Reduciendo sus gastos. No bajaron las pensiones, pero no las aumentaban tanto como subían los precios, por tanto las pensiones podían pagar cada vez menos cosas. ¿Y cómo más? Con el llamado Factor de Sostenibilidad, un mecanismo para reducir progresivamente las nuevas pensiones, cuyos recortes aumentaban y se acumulaban para los nuevos pensionistas cada cinco años. Alargando la edad de jubilación, y endureciendo las condiciones para acceder a la misma desde diferentes situaciones.

¿Cómo garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones el acuerdo alcanzado ahora? Básicamente, y grosso modo, haciendo que el Estado, vía presupuestos generales (es decir, impuestos) pague lo que tiene que pagar. El PP de Rajoy nunca contempló la opción de incrementar los recursos del sistema por esta vía, su única opción eran los recortes.

Ahora hemos acordado que las pensiones subirán cada año tanto como haya subido el coste de la vida el año anterior (IPC), con lo que mantendrán su poder adquisitivo. Devolvemos así sus derechos a las personas pensionistas.

Ahora hemos acordado que la Seguridad Social no tiene que pagar con cotizaciones sus gastos generales, que eso -como en el resto de los organismos del Estado- debe hacerse vía presupuestos. Atajamos así una de las fuentes de déficit de la Seguridad Social. Aunque, en este aspecto, quedarían otras cosas por hacer, como poner punto y final a la reforma laboral de 2012. Recordemos que los ingresos de la Seguridad Social dependen del número de personas que hay trabajando y de los sueldos que cobran. La reforma laboral se hizo para rebajar sueldos y precarizar el empleo, comprometiendo de lleno los ingresos de la Seguridad Social.

Es cierto que las personas vivimos más años, pero eso no es igual para todo el mundo, porque la esperanza de vida y su salud dependen de sus condiciones de vida y de trabajo. Es cierto que, en los próximos años, se incrementará mucho el número de personas que accedan a la jubilación, porque empezará a jubilarse la generación más grande de nuestra historia (la generación del baby boom). Pero también es cierto que la siguiente es una de las más pequeñas. Por tanto, este es un problema temporal.

¿Cómo deberíamos abordar estos dos problemas? Deberemos dar respuesta en los próximos meses en el marco del diálogo social, pero UGT tiene claro que debemos hacerlo sin sacrificar a las personas y sus condiciones de vida. ¿Cómo hemos financiado los costes de la pandemia? ¿Pudimos rescatar a los bancos y no vamos a poder financiar el sistema de pensiones? Podemos hacerlo, para eso sirven, por ejemplo, los impuestos; para eso sirve un sistema tributario equitativo, en el que paguen más los que más tienen.

Este acuerdo de pensiones es histórico. No es el acuerdo de UGT, y probablemente los demás firmantes digan lo mismo. En todas las negociaciones se hacen concesiones. Pero este acuerdo supone un cambio de 180 grados para la política de pensiones en España. Devuelve la confianza, restablece el diálogo, y garantiza derechos. Por esto nos hemos movilizado durante tantos años.