Emilio Arrojo

Periodista

¿Periodismo o propaganda de los más poderosos, los llamados “creadores de riqueza, en connivencia con importantes grupos mediáticos que difunden y amplifican una falsa realidad?, ¿vivimos en un país en el que los medios informan a los ciudadanos de forma crítica e independiente o son las elites quienes marcan la agenda informativa y la forma de presentar las historias?

La respuesta es una prueba de fuego para cualquier democracia, y en España los hechos apuntan a que en el relato dominante de los grandes medios de este país hay mucho de pura y dura propaganda, dirigida por empresas periodísticas gravemente endeudadas desde la aparición de internet, y en imparable caída libre tras los recortes de subvenciones y el bajón de la publicidad, a raíz de la crisis.

En el imaginario colectivo “Propaganda” rememora el nazismo, la Guerra Fría o dictadores del tercer mundo; una antigua táctica perversa para manipular la opinión pública, impensable hoy en una sociedad democrática. Solo un espejismo frente a la evidente complicidad global de intereses políticos y empresariales que ha desarrollado el más sutil sistema de propaganda jamás creado.

El mercado de la información en España se reparte principalmente entre unos ocho grandes grupos mediáticos, propietarios de los cerca de 500 medios de prensa del país y bajo control financiero de conocidas entidades bancarias o multinacionales.

En principio es un mercado bien abastecido para 47 millones de habitantes, pero con una peculiaridad destacable que ya advertía el año pasado el Instituto Reuters de Periodismo: Los españoles son quienes más interés muestran por las noticias, entre ocho países europeos analizados, y sin embargo son también los que más desconfían de los los medios en general.

Las suspicacias también están en la calle. El periodismo es la segunda profesión más desprestigiada, precisamente cuando más necesario debería ser, en unos momentos decisivos de transición política para una población mayoritariamente empobrecida y hastiada de las tramas de corrupción política y empresarial que han enriquecido a una minoría privilegiada.

Publicaciones de EE.UU Y la UE, de los llamados países “de nuestro entorno”, que tanto gusta poner de ejemplo, han destacado la falta de libertad de prensa en España y la limitada pluralidad ideológica de los medios. La ONU, la UNESCO y organismos internacionales de prensa han denunciado también la conocida como ley mordaza que puede sancionar la participación en las protestas ciudadanas o su cobertura informativa.

El aumento del control accionarial de las grandes corporaciones financieras multinacionales en las tradicionales empresas españolas del sector también ha hecho crecer las dudas sobre su injerencia en la información periodística.

El periodismo parece haber perdido la batalla frente a una sofisticada propaganda disfrazada de opinión independiente, pero que omite cualquier otro razonamiento y tampoco tiene reparos en suplantar la verdad con la distorsión de los hechos.

España no es un caso aislado, se trata de una intervención internacional del neoliberalismo a favor de los más ricos para imponer un pensamiento arbitrario de un mundo unipolar, donde Occidente y sus aliados brillan como grandes defensores de la democracia. A través de la propaganda, el poder exhibe una realidad mediática y ficticia, en complicidad con ciertas empresas, y profesionales de la prensa que la difunden y amplifican.

Los periodistas también deben ser los primeros en reivindicar el periodismo auténtico, como salvaguarda del fundamental derecho ciudadano a recibir una información veraz. Los propios trabajadores de de televisiones autonómicas y de RTVE han denunciado numerosos casos de manipulación y censura en estas empresas de titularidad pública

Igualmente la imparcialidad informativa del sector privado está en entredicho tras las expulsiones de periodistas críticos con el PP como I. Escolar de la cadena SER o el año pasado de M. A. Aguilar en El País y J. Cintora de Las mañanas de cuatro, de Mediaset, entre los más conocidos.

En las últimas semanas el “maléfico” líder de Podemos, P. Iglesias ha sido acusado de no entender el derecho a la libertad de expresión al personificar en “un currito” la oscura relación de algunos medios con destacados grupos financieros. Al contrario, lo entiende muy bien y con sus comentarios ha puesto sobre la mesa la guerra ideológica desatada por las principales empresas de comunicación aliadas del poder económico.

Lo ha hecho, eso sí, a costa de la nefasta mención de un periodista en particular, entre la multitud de jóvenes y becarios que trabajan en precarias y movedizas condiciones laborales, además de no tener autoridad sobre los titulares y la edición final. Cerca de 11.000 periodistas han sido despedidos durante los últimos años y 28.000 están parados, según la Federación de Asociaciones de Prensa de España,.

Pero salvo honrosas excepciones y como era de esperar en este país la mayoría de los medios apenas se han ocupado del necesario análisis de qué significan la libertad de expresión y el derecho a una información veraz en democracia. En su lugar, han dedicado editoriales y grandes espacios a la habitual avalancha de reproches e insultos contra el “arrogante” “dictador“, “nazi“, “estalinista”, “bolivariano”, “filoiraní” y todas las otras lindezas dedicadas al jefe podemita.

The economy, estupid (Es la economía, idiota) fue una de las frases celebres en campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, para resaltar que lo más importante eran las necesidades cotidianas de la gente.

En el caso que nos ocupa, uno de los tópicos castellanos más castizos dice que “no es el huevo, es el fuero”, porque aquí se trata sobre todo del derecho a disponer de una información contrastada y de que la libertad de expresión y de opinión no sean monopolio de las empresas periodísticas y del corporativismo profesional. ¿O es qué nadie más pueden opinar sobre el tema?