MARIO AMORÓS

Doctor en Historia y periodista

Con apenas cuatro líneas la embajada de Chile en España pretende despachar la biografía de su titular, Sergio Romero, quien presentó sus credenciales el 13 de mayo. La escueta referencia se limita a sus dos décadas como senador tras el final de la dictadura militar en 1990. Mucho más generoso es el perfil que ofrece la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, que incluye un dato esencial que vincula al embajador con el golpe de Estado de 1973: entre 1968 y 1976 fue el secretario general de la poderosa Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la cofradía de los grandes latifundistas. Desde su fundación en 1838, la SNA está íntimamente ligada a la derecha y a los principales grupos económicos. Ya durante el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) planteó una resistencia intransigente a la Ley de Reforma Agraria aprobada por la Democracia Cristiana con el apoyo de la izquierda en 1967. Un año después Sergio Romero, que desde 1964 era el jefe de su departamento jurídico, se convirtió en el secretario general de la SNA. Su gestión contribuyó al crecimiento y la modernización de la organización, que entre 1965 y 1969 aumentó sus socios de 1.834 a 4.500 (datos de un trabajo clásico de Armand Mattelart titulado en su versión original en francés: La burguesía en la escuela de Lenin), su apertura a los propietarios medianos, su descentralización y su orientación hacia el gremialismo, un movimiento social –entonces incipiente– caracterizado por la adhesión irrestricta al capitalismo y la aspiración a una sociedad corporativista guiada por el integrismo del Opus Dei. La victoria de Salvador Allende en 1970 y la rápida aplicación del programa de hondas transformaciones económicas, sociales y democráticas de la Unidad Popular radicalizaron la actuación de la Sociedad Nacional de Agricultura, que, por una parte, se ocupó de dificultar la reforma agraria (incluso con la formación de la guardia blanca) y, por otra, supo tejer, con el resto de organizaciones patronales del gran capital, pero también con la clase media, un potente movimiento social antiallendista de inspiración gremialista. De este modo, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara de la Construcción y la SNA confluyeron en el frente de la Confederación del Comercio y la Producción y, aliados con los medianos propietarios (camioneros, comerciantes…) y los colegios profesionales, lanzaron el desafío del paro patronal de octubre de 1972. Aunque fue derrotada por una movilización obrera, la insurrección de la burguesía, que aspiraba a paralizar el país para forzar el golpe militar, causó un gran daño económico al país. Durante 1973, la Sociedad Nacional de Agricultura contribuyó a acentuar el estado de parálisis económica y política, la polarización social y las acciones conspirativas que allanaron el camino a la traición de las Fuerzas Armadas. El 11 de septiembre de 1973 también tuvo sus “generales civiles”, como Agustín Edwards (propietario del diario El Mercurio, financiado por la CIA durante aquellos años), Orlando Sáenz (presidente de la Sociedad de Fomento Fabril), León Vilarín (líder de los camioneros) o los principales dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura, entre ellos el hoy embajador Sergio Romero. Aquella mañana precisamente, la cadena de emisoras de la SNA, Radio Agricultura, fue una de las encargadas de difundir los bandos de la Junta Militar que anunciaban la destrucción de la democracia y la cruenta persecución de los militantes de la izquierda. La SNA colaboró estrechamente con la dictadura, mientras que en lugares como Paine, Lautaro o Lonquén, los latifundistas participaban con las Fuerzas Armadas en la denuncia y la detención de decenas de campesinos que habían luchado por la reforma agraria y que fueron asesinados. Sergio Romero abandonó la Secretaría General de la Sociedad Nacional de Agricultura en 1976 y aquel mismo año fue designado subsecretario (viceministro) de Agricultura por la Junta Militar. En aquel tiempo la represión, ordenada por su admirado general Pinochet y ejecutada con mano de hierro por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el Comando Conjunto, se concentraba en la estructura clandestina del Partido Comunista (tras haber masacrado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Partido Socialista) y golpeaba también a ciudadanos españoles como Carmelo Soria o Antonio Elizondo (desaparecido junto con su esposa, Elizabeth Rekas, embarazada de cuatro meses). En su currículum también figura otro hecho especialmente repudiable: en 1991 se opuso en el Senado a la cancelación de la personalidad jurídica del siniestro enclave conocido como Colonia Dignidad, utilizado por la DINA como centro clandestino de detención y tortura. En 1998, criticó la detención de Pinochet en Londres a petición de la Justicia española y mantuvo su lealtad hacia el tirano hasta su fallecimiento en diciembre de 2006, cuando destacó el legado económico de su régimen. Un legado de represión política, hambre y destrucción de los derechos sociales para el pueblo, pero que para la Sociedad Nacional de Agricultura y personas como él significó la refundación del capitalismo chileno, el fin del miedo a la revolución socialista. En las últimas semanas, Izquierda Unida, distintas organizaciones de chilenos residentes en España y varias asociaciones de defensa de los derechos humanos han solicitado al Gobierno que retire el plácet al embajador Sergio Romero. Hace un año, durante la campaña electoral, Sebastián Piñera (una de las escasas personalidades de la derecha que votó contra Pinochet en el decisivo plebiscito de 1988) prometió que no incluiría a ninguna persona estrechamente vinculada con la dictadura en su Consejo de Ministros. Parece obvio que el Chile que aspira a seguir avanzando hacia la democracia tampoco puede tener representantes en el exterior comprometidos con algunos de los capítulos más negros de su historia.