Olga Abasolo

Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Alfredo Ramos

Gabinete técnico de Podemos en la Asamblea de Madrid

La pobreza energética es una expresión más de la pérdida de derechos que la ciudadanía de nuestro país ha experimentado en los últimos años como consecuencia de la crisis, de las medidas tomadas frente a la misma y de un conjunto de políticas injustas e ineficaces que han provocado que se agudice la desigualdad. Entre estas políticas, podemos señalar una política energética que ha supuesto el incremento constante de los recibos energéticos de los hogares. En un país con cientos de miles de cortes de suministro energético al año, las compañías eléctricas ganaban más del doble que las compañías europeas y veían cómo se les perdonaban deudas millonarias (3.500 millones de euros).

Los últimos datos presentados por la Asociación de Ciencias Ambientales en su estudio sobre la Pobreza Energética en España siguen presentando un escenario preocupante. Hemos superado la media europea de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y sigue creciendo el número de hogares con retrasos en el pago de las facturas. En ambos casos, estamos en las franjas más altas desde 2004.

El otro indicador que mide la pobreza energética, unos gastos en energía superiores al 10% de los ingresos, desciende muy levemente, aunque aún afecta al 15% de los hogares (casi 7 millones de personas). Lo preocupante de ese dato es que dicho descenso no se explica tanto por el incremento en las rentas, que no se está dando, sino por el descenso en el consumo. Es decir, los españoles están disminuyendo su consumo energético no por una práctica de ahorro, sino porque no pueden afrontar los pagos.

Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad. Historias de vida que desembocan en el corte de suministro energético, de electricidad, de agua y de gas. Hablamos de hogares, de personas y familias que acumulan situaciones de desigualdad pero también hablamos de hogares y personas que en el actual contexto socioeconómico han visto crecer su umbral de vulnerabilidad. Trayectorias de vida que ya no son predecibles, ya que dados los procesos de precarización, cualquier revés de la vida puede suponer caer en ese otro lado del que uno siempre pensó estar a salvo.

Numerosas administraciones locales y algunas regionales están poniendo en marcha medidas contra la pobreza energética. El convenio que ha firmado la Comunidad de Madrid con las compañías eléctricas dista de ser una estrategia articulada capaz de enfrentar el problema real en toda su dimensión y revertir la relación negativa que existe entre energía y desigualdad.

Se trata de un fondo limitado a un millón de euros, un presupuesto escaso, insuficiente para afrontar la dimensión del problema y que ilustra una voluntad política muy limitada. La previsión más realista indica que solo unos 5.000 hogares podrán ser beneficiarios de esta prestación. Su escasa capacidad de incidencia queda más clara si la comparamos con el ya insuficiente número de personas que reciben la Renta Mínima de Inserción en Madrid: 28.000. Otros municipios, con peor situación presupuestaria, doblan o triplican esa cuantía en programas locales.

El acceso está condicionado al impago. Esto supone excluir a aquellos hogares que se esfuerzan por seguir pagando e implica perpetuar el estigma del impago. El convenio excluye el acceso al agua, desarrollado mediante el ineficiente bono del Canal de Isabel II y se limita a tres comercializadoras: Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, dejando fuera a las personas que se abastecen mediante otras empresas hasta que estas decidan incorporarse al convenio.

Los consumos máximos que permiten acceder a la prestación son muy limitados, con lo que dejan fuera a una cantidad significativa de usuarios. Casos señalados en el último informe de la ACA como especialmente sensibles, como los enfermos que necesitan más consumo eléctrico, pueden quedarse fuera. Los hogares con todo su consumo energético eléctrico también pueden quedarse fuera o verse obligados a decidir entre poner o no la calefacción para no superar el consumo permitido.

La lucha contra la pobreza energética requiere la garantía de seguridad jurídica para las personas en esa situación y de eficiencia administrativa frente a la inseguridad y arbitrariedad. Las medidas del Gobierno de Cifuentes, sin embargo, se han hecho a contracorriente de lo planteado por los servicios sociales locales, complicando su trabajo. A esto hay que añadir la incertidumbre sobre quién puede o no acceder a la prestación, ya que no existen criterios claros que definan la vulnerabilidad. Puede darse, por ejemplo, que los beneficiarios de prestaciones como la RMI queden excluidos de esta ayuda. Se trata de un marco que ignora a quienes tienen más posibilidades de caer en pobreza energética según la ACA (bajo nivel educativo, en paro o con contratos temporales, familias monomarentales, enfermos crónicos, etc.) y el perfil de la desigualdad en la región. Recordemos que según los últimos datos publicados por la EAPN, el 20% de las personas en situación de exclusión, cuentan con un empleo a jornada completa.

Existe una espiral negativa entre desigualdad y pobreza energética. Por ello, hemos de abordarla desde la óptica de los derechos y de la garantía de acceso a todos los insumos (luz, agua y gas) incluyendo la renta como factor clave para las prestaciones, que conjugue la cultura de ahorro, intervenir sobre el consumo de las familias (hábitos energéticos), con la consiguiente generación de rentas, y con el desarrollo de planes de eficiencia energética que puedan generar empleo o mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas (uno de los determinantes, junto a la situación socioeconómica, de la pobreza energética).

Hacer de la energía un elemento generador de igualdad implica considerarla como parte de una relación positiva entre acceso y garantías jurídicas, ahorro, renta, generación de empleo y cambio en el modelo productivo.