Pilar Estébanez

Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria

Ilustración de Mikel Casal

Ainhoa, Enric, Montserrat y Blanca son cuatro jóvenes, como tantos otros. Con una buena formación, comprometidos y, seguramente, prudentes. Lo que les diferencia en este momento del resto de los chicos de su edad, es que han sido secuestrados mientras trabajaban ayudando a poblaciones vulnerables.

Ainhoa Fernández de Rincón (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura) y Enric Gonyalons (de Mundubat) trabajaban en los campamentos de Argelia apoyando al colectivo de refugiados más antiguo del mundo, los saharauis. Montserrat Serra y Blanca Thiebaut (de Médicos Sin Fronteras) habían acudido a Kenia para colaborar en la lucha contra la mayor crisis humana de los últimos años y trabajaban atendiendo a los refugiados somalíes desplazados hasta el mayor campamento de refugiados del mundo, Dadaab.

Conociendo como conozco el mundo de la cooperación, al que he dedicado buena parte de mi vida, estoy segura de que no se trata de aventureros inconscientes, sino de profesionales –entendido como especialistas, formados pero sensibles a los problemas de sus semejantes– que han elegido dedicar su experiencia y saber hacer a un campo que no proporciona grandes sueldos ni perspectivas profesionales, pero sí enormes satisfacciones personales.

Trabajar en países en conflicto tiene sus riesgos. Son incontables los cooperantes y trabajadores de agencias internacionales que han sido asesinados o secuestrados en los últimos años. Según Naciones Unidas, cada año muere asesinado un centenar de trabajadores humanitarios. En 2010 se produjeron casi 90 secuestros y, en los últimos 15 años, 55 cooperantes españoles han sido secuestrados y seis han sido asesinados.

Las áreas geográficas en las que suelen trabajar los humanitarios son, por su propia naturaleza, poco seguras, aunque en los últimos años la proliferación de conflictos armados ha multiplicado la inseguridad a la que deben enfrentarse trabajadores y miembros de las agencias internacionales. El caso de África, aunque también Centroamérica, es paradigmático. En muchos de los países en los que se despliegan las ONG no existe apenas Estado, tal y como lo concebimos en Europa. Somalia, de donde proceden los secuestradores de las cooperantes de Médicos Sin Fronteras, es un país destruido hasta los cimientos, donde campan los señores de la guerra cuyo único objetivo es el control de su área y a quienes poco importa la población civil. Además, han visto que las ONG pueden ser una fuente de recursos económicos. En Centroamérica y en algunos países de Sudamérica las guerrillas y los paramilitares eligen con frecuencia a los trabajadores humanitarios como objetivos, bien con fines propagandísticos, bien como medio para obtener rescates.

¿Hasta qué punto es responsable Occidente de lo que está pasando en el Cuerno de África –desaparición de todo vestigio de Estado en Somalia, hambruna, conflictos armados–? Desde el fracaso estrepitoso de la intervención norteamericana en Mogadiscio en 1993, Occidente abandonó cualquier intento de intervención o mediación en esa área geográfica, dejando a los civiles a su suerte. La hambruna que está matando a miles de personas en la zona fue advertida con la suficiente antelación, pero tampoco se hizo nada para evitarla hasta que fue demasiado tarde y nos encontramos con centenares de miles de desplazados y refugiados. Ahora, con el riesgo de una intervención militar de Kenia en Somalia, la situación se está volviendo muy inestable y peligrosa para los miles de refugiados de la zona. En estas circunstancias, el secuestro es uno de los riesgos a que deben de enfrentarse los cooperantes. Las organizaciones y grupos militares o paramilitares que llevan a cabo esas acciones buscan dos objetivos: el primero propagandístico, y el segundo, y no menos importante, económico.

Las consecuencias de esta situación, de esta nueva estrategia del terror, se extienden más allá de la situación personal de los secuestrados: para las poblaciones vulnerables con las que trabajan es desastrosa. Significa la suspensión de proyectos necesarios, vitales en muchos casos. Significa, o puede significar, un empeoramiento grave de las condiciones de vida de miles de personas. La seguridad de los cooperantes, la seguridad en sus condiciones de trabajo, puede ser el fino hilo que separa la supervivencia de la muerte de miles de personas. Médicos Sin Fronteras, después del secuestro de sus dos trabajadoras, se ha visto obligada a suspender temporalmente sus actividades en varios campos de refugiados.

¿Qué podemos hacer ante este problema? ¿Deben estar los trabajadores humanitarios escoltados por fuerzas armadas para hacer su trabajo? Es urgente debatir esta situación: agencias, ONG, representantes de los gobiernos deben plantearse la situación, teniendo en cuenta además la proliferación de organizaciones armadas que está experimentando un continente tan necesitado de cooperación internacional como es África. Quizás sería conveniente, como han pedido algunas organizaciones, sentarse a negociar con los beligerantes para asegurar sin peligro el acceso a las víctimas.

Si no actuamos, si dejamos escapar la oportunidad de marcar lo que sería una nueva vía para la intervención humanitaria de carácter civil y no queda otra opción que retirarse del terreno y cedérselo a la intervención militar, habremos dado un enorme paso atrás y de consecuencias imprevisibles. Una vez que se retroceda en la aplicación del derecho a la ingerencia humanitaria, recuperar el terreno perdido será una tarea muy difícil.