Siempre se han derribado estatuas y expulsado fechas del calendario. Moisés trituró un becerro de oro por mandato de dios hace un montón de siglos, licuó el metal dorado y lo hizo tomar a quienes lo habían erigido para expresar su devoción a un poder alternativo. Lo cuenta la Biblia. Fabre d’Églantine dio nombre a los meses y días del Calendrier républicaine de 1793 y echó los santos a las afueras del tiempo oficial; al año siguiente Robespierre lo envió a la guillotina por algo oscuro que decían que hizo. El calendario permaneció en uso 13 años, hasta 1806. Napoleón cabalgaba hacia el Imperio y los días recuperaron los santos.

En lo más cercano, en octubre pasado, la chilena «revolución de los treinta pesos» asaltó los elementos conmemorativos presentes en el espacio público y desautorizó la soberanía que representaban las piedras. Nada ni nadie quedó excluido entre Antofagasta, en el Gran Norte, y el austral Puerto Montt. Lo más llamativo es su eclecticismo al levantar respuestas a lo que habían apartado o derribado, porque atención, si derribaron, al mismo tiempo erigieron un monumental y extenso texto urbano, su texto, y lo hicieron con su gramática, su lenguaje y su escritura. Es su narración de la nación y las relaciones humanas.

Se diría que el movimiento deseaba hablar de sí mismo, representarse como nueva soberanía, en las plazas nacieron actos que han substituido la pompa muerta por la sobriedad imaginativa y han alzado monumentos paganos, el más popular representa la naturaleza y el límite del movimiento de los treinta pesos; hablo del Negro matapacos. Un chucho con leyenda a cuestas, sin raza, negro de color, con pañuelo rojo al cuello, tiene buen porte y en las manifestaciones agredía policías, los «pacos» en argot de calle. No se trata de lo que el Negro Matapacos es sino de lo que representa jaleado en la calle frente al libertador Bernardo O’Higgins, el prócer Manuel Baquedano o el dictador Manuel Montt. Monumentos del Negro Matapacos están hoy presentes a lo largo de Chile.

El tema de fondo ya no reside en  decidir si se quitan o no de calles y calendarios las biografías y hechos no ejemplares, sino en cómo se hace y para qué se hace. No sólo por qué se hace

El virus de marzo cubrió todo y todo parecía ahogado en la nada o el silencio. A fines de mayo el asesinato policial de George Floyd, junto a la necedad presidencial en la gestión de las responsabilidades del crimen generó motines, marchas, disturbios de todo alcance y renovó el ataque sin matices a monumentos y símbolos erigidos para conmemorar la ejemplaridad de personajes cuyo modelo de sociedad, actos, e ideas tenían en la base el racismo, la supremacía o el sometimiento.

Quien mejor representa ese modelo en Estados Unidos es la cultura de la Lost Cause, la «causa perdida» del modelo ético y social defendido por la Confederación de Estados de América, y que su vicepresidente, Alexander Stephens, explicó maravillosamente bien en su discurso inaugural del nuevo gobierno en 1861: «La piedra angular de la Confederación descansa en la gran verdad, que el negro no es igual al hombre blanco; que la esclavitud (subordinación a la raza superior) es su condición natural y normal. Este, nuestro nuevo gobierno, es el primero, en la historia del mundo, basado en esta gran verdad física, filosófica y moral». Cinco años más tarde la Confederación desaparecía. La derrota fue militar, pero no cultural.

Tras la guerra civil, un programa de obras literarias, actividades cívicas, aniversarios, fiestas, cantos, marchas y rituales se expandió por todo el país animado y difundido por sociedades históricas, asociaciones de veteranos o clubs de viudas e hijas de combatientes confederales. Crearon numerosos lugares de memoria y monumentos que mostraban la ejemplaridad del modelo social de la «piedra angular» tan bien descrito por Stephens. A principios de siglo XX aquella generación había desaparecido y con ella el empuje de la Lost Cause, que tras un cierto reverdecer en el marco de las luchas por los derechos civiles de los años sesenta, hibernó en distintas culturas conservadoras. Poco a poco, cientos de sus monumentos y memoriales fueron retirados por las administraciones municipales. Tras la masacre racista en Carolina del Sur en 2015, donde fallecieron nueve jóvenes de color en la iglesia de Charleston –un templo de referencia para el movimiento de derechos civiles– se generó un importante debate en la escena nacional sobre la revisión de símbolos y monumentos de la Lost Cause; fue entonces cuando Amazon dejó de vender banderas sudistas en su catálogo. El dato no es menor, y el mapa de símbolos supremacistas eliminados hasta hoy, publicado por la Southern Poverty Law Center es impresionante, y aún quedan.

El penúltimo derribo se produjo en mayo de 2017 en Nueva Orleans, donde el gobierno Municipal de Mitch Landrieu retiró los tres monumentos que quedaban en pie tras años de pleitos.

Así que hoy, prácticamente sin monumentos de la cultura supremacista confederal, la iconoclastia ha centrado su atención en los monumentos a Cristóbal Colón. En Miami, en Camden, en Boston, en Richmond, o en Saint Paul, ciudad vecinísima de Minneapolis, lugar del asesinato de Floyd.

También el Colón de Nueva York, en Columbus Circle, en Manhattan, peligra. La situación no es nueva, en 2018 diversas voces pidieron al ayuntamiento que retirara la estatua, con el antecedente de que en noviembre del mismo año Colón había sido retirado del espacio público de Los Ángeles. Bill de Blasio, alcalde demócrata de Nueva York, dijo en aquella ocasión que el monumento se mantenía; lo declaró monumento federal (máxima protección patrimonial que impide la retirada administrativa) y aseguró que se contextualizaría históricamente al personaje en su entorno urbano. Fue una respuesta sensata, o al menos así lo pareció en aquel momento, pues pacificó los ánimos. Ahora necesita la fuerza policial para mantenerlo y tiene en la mesa una nueva petición de cambio de nombre de la plaza y retirada del monumento. Me atrevo a predecir que si depende de Bill de Blasio eso no va a suceder; aunque debería afanarse en cumplir su promesa de 2018.

Las respuestas iconoclastas a lo sucedido con George Floyd presentan una diferencia de fondo respecto el otoño chileno. En Chile se expresó una impugnación a la totalidad de su sistema político. Lo que vemos ahora no es eso, es la expansión rápida, intercontinental y simultánea de un valor específico, el rechazo al universo del racismo. Sin más y sin menos. Son monumentos y fechas –ahí está el 12 de octubre– en calles y plazas de ciudades que fueron metrópolis, es decir ciudades europeas, no americanas, ciudades que mantienen en nombre del respeto a la historia el homenaje a tratantes enriquecidos, intelectuales supremacistas, monarcas avariciosos o políticos agradecidos a los importantes mecenazgos que procedían del comercio de personas y blanqueaban el dolor que habían producido. Eso es lo que todavía hay en algunas de nuestras más significadas ciudades europeas, De ahí el reclamo antiguo y creciente de hacer algo con ese parque de estatuas, nombres y fechas, y de ahí la empatía con el movimiento iconoclasta americano. Alerta: cuando no hay respuesta, hay asalto.

Lo cierto es que en no pocas ciudades de Europa hay respuesta, porque la alarma es elevada. Sadiq Khan, alcalde de Londres y miembro destacado del laborismo, declaró que «Necesitamos conmemorar los logros y la diversidad de todos en nuestra ciudad, y eso significa preguntarse cuáles son los legados que celebramos», y acto seguido ordenó proteger la estatua de Churchill con una caja de acero, por si acaso. Al parecer hay consenso. Nadhim Zahawi, conservador, secretario de Industria en el Gobierno de Boris Johnson, a raíz del asalto al monumento a Edward Colston sostuvo que «Las estatuas de los esclavistas ya no deberían existir en la Gran Bretaña moderna, pero los monumentos a ellos deberían ser retirados a través de un proceso democrático», y sugirió a continuación que los museos eran el lugar adecuado para conservar este patrimonio y hacer pedagogía sobre el comercio de esclavos. Y es que si en el Reino Unido no se han librado de asaltos ni Baden Powell (en Dorset), ni Gandhi (en Leicester), ni Kipling (en Manchester), es que la cosa va muy en serio, porque la lista de asaltos prosigue con David Hume, Cécil Rhodes…

En términos generales, parece que tras el último oleaje iconoclasta el tema de fondo ya no reside en decidir si se quitan o no de calles y calendarios las biografías y hechos no ejemplares, sino en cómo se hace y para qué se hace. No sólo por qué se hace.

Hay ciudades europeas significadas por el tráfico negrero que han tratado el asunto bien y desde hace ya unos años, como en Nantes, cuyo ayuntamiento levantó en el estuario del Loira el Memorial de la Abolición de la Esclavitud, de Krzysztof Wodiczko y Julián Bonder, un espacio impresionante completado con un programa municipal de actividades relacionadas con la realidad esclavista del pasado y el presente. Puestos en Francia, el pasado diez de junio Laurent Joffrin se preguntaba desde Libération, el periódico que dirige «¿Desacreditar una estatua es desacreditar la Historia?» Y resumía bien el argumento conservador de siempre «¿Es para borrar, en un gesto orwelliano, el pasado de un pueblo? ¿Es para negar ciertos hechos en nombre de una corrección política olvidadiza? Este es el razonamiento de una parte de la derecha, que ve cualquier revisión, cualquier arrepentimiento histórico, como un masoquismo anacrónico dictado por minorías que quieren culpar a la nación de hoy por los crímenes de ayer. No es tan simple».

En efecto, no es tan simple, porque las conmemoraciones no son actos de historia sino de soberanía por medio de la ejemplaridad; no tienen mucho que ver con la verdad histórica, sino con la imagen con la que un colectivo, un país, decide representarse si mismo; expresan consenso y conflicto a la vez porqué son proposiciones circunstanciales establecidas en acciones o actos de admiración por medio de monumentos, fechas, nombres a espacios o servicios públicos o privados; son construcciones culturales. Para Joffrin, el cómo está en la contextualización y la explicación, algo que desde hace años acopia más y más coincidencias a partir del principio de añadir antes que sacar, siempre que sea posible, y a veces lo es, pero otras no. En cualquier caso, estimo que la experiencia propone que la Administración debería actuar en base a cuatro principios; publicidad, participación ­–no solo para colectivos implicados, sino para el conjunto de la ciudadanía–, pedagogía, –enseñar que no es un acto punitivo sino una decisión ética– y proporcionalidad­ ­–¿hablamos de un símbolo esencial, o de un símbolo, accesorio?, ¿cuáles son las demandas, ¿cuáles son los efectos? Pongo un ejemplo.

El miércoles 10 de junio el ayuntamiento de Burdeos retiró con discreción, es decir en la oscura y desierta madrugada, cinco placas de calle con nombres de esclavistas para substituirlas por otras tantas con el mismo nombre, pero con una explicación de quienes fueron y qué hicieron. Al día siguiente las dos asociaciones implicadas en culturas africanas y la memoria colonial montaron en cólera porque el ayuntamiento había actuado a escondidas y no había otorgado al cambio de las placas la relevancia que para la ciudad tenía. Karfa Diallo, presidente de Mémoire et Partage, calificó de «método clandestino indecente» el carácter «furtivo» de la actuación. No había publicidad, no había pedagogía, ni participación, ni mucho menos proporcionalidad. La consecuencia fue enfado y recriminación. Por cierto, Diallo es un peso pesado en Francia, forma parte del Comité Ejecutivo de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage., creada por Hollande en 2016 e inaugurada por Macron en 2018, con sede ni más ni menos que en el imponente Hôtel de la Marine, puesto que allí fue firmado el decreto de abolición de la esclavitud el 27 de abril de 1848. La solemnidad de los actos ayuda a comprender la importancia de los objetivos. ¿Por qué no tenemos una comisión parecida en un lugar parecido, que exprese la importancia que la Administración otorga a pensar y actuar sobre el tema?

A Barcelona ha llegado la pregunta por Cristóbal Colón, y Barcelona debería estar preparada para dar una buena respuesta, en realidad la alcaldía ya dijo que optaba por añadir y no retirar. Contextualizar el monumento parece lo más sensato, puesto que ni el personaje ni la razón del monumento están en la médula del relato colonial de la ciudad, es más bien accesorio.

El monumento al genovés Cristóbal Colón fue una decisión del ayuntamiento republicano de la ciudad tomada en diciembre de 1873. Debía erigirse en el hoy denominado Portal de la Pau, que en aquellos momentos de la primera Barcelona republicana se denominaba Plaza de la Junta Revolucionaria ­–un nombre que bien podría regresar. El alcalde de la ciudad era Miquel González i Sugranyes, notorio abolicionista, dirigente del Partido Republicano Federal liderado por Pi y Margall y activo abolicionista también. Pero el proyecto lo truncó el golpe de Estado de Pavía y la intervención de Martínez Campos al restaurar la corona con Alfonso XII al frente. Cuando una década más tarde el proyecto fue recuperado, proponía mostrar a la Reina Regente­ ­con motivo de su visita a la Exposición Universal de 1888 la participación catalana en la historia de España por medio de aquella alegoría monumental sobre la aventura marítima colombina en el «descubrimiento» y colonización de América, y así reivindicar el interés de la élite catalana para acceder a los centros de decisión política y económica de España en el presente y futuro, igual que en el pasado, según pretendía mostrar el monumento.

En realidad, el corazón racista de la ciudad está constituido por tres elementos; la escultura de Antonio López y López, ya retirada en 2018; el sanguinario Virrey Amat, cuyo nombre substituyó en 1941 al del poeta Joan Salvat-Papasseit para denominar una plaza crucial en el barrio de Vilapicina; y finalmente una fecha, el 12 de octubre. En ninguno de los dos elementos se ha actuado. Por supuesto que en la ciudad hay más expresiones del tráfico de personas y del trato racista, pero la connotación es distinta. Hablaré del Doce porque es transparente, impecable.

Nació como Fiesta de la Raza (española), corría 1913. Maeztu hizo luego su aporte en plena República, y denominó Hispanidad a ambas, (a la fiesta y a la raza). Así, la República comenzó a festejar España, (que no al régimen republicano, porque eso se hacía en abril, el 14). Entretanto, Isidro Gomá (el cardenal de la Cruzada) había fusionado hispanidad con cristiandad y había hecho su aporte mariano al nombrar reina de la Hispanidad, de las Españas, a Santa María de Guadalupe de Extremadura. El Caudillo y su iglesia incrementaron el acervo de la Fiesta nacional con misas de campaña y desfiles de un ejército desleal a la democracia, pero fiel a la patria. Todo eso es el acervo custodiado por el Doce de Octubre. En nuestro entorno geopolítico las fiestas nacionales celebran la construcción del Estado liberal. España no; nuestros políticos, antes y hoy, han establecido que celebran España en esencia. Resulta llamativo que el gobierno socialista de González echase a perder la ocasión de trasladar la fiesta nacional a otra fecha, lejos de ese Doce integrista, imperial y racial, orgullo de conquistador y su conquista. Podían haber llevado la fiesta nacional al día de la Constitución, o celebrar el texto de Cádiz los 19 de marzo de cada año, cualquier cosa. Pero no. La Ley 18/1987 de 7 de octubre consolidó la Fiesta en la fecha racial del Doce. Cuando antes hablaba de «corazón racista» me refería a eso. Y la ciudad todavía lo celebra en su calendario festivo.

En términos generales, sólo se trata de contribuir a que muchos aprendan que la historia no es como la imaginábamos, sino como nos temíamos.