JOSÉ A. GLEZ. CASANOVA

Si tuviera que explicar a mis alumnos, en una sola clase, el meollo de la asignatura Teoría del Estado, utilizaría un símil elemental y acudiría a un juego muy popular entre los chiquillos de mi generación: el de policías y ladrones, que en Catalunya recibe el nombre de lladres i serenos.

En último término, la convivencia humana, su verdad más radical, se reduce hoy a una división del trabajo muy simple: productores de bienes y servicios, agentes económico-financieros y gobernantes. La proporción de personas dedicadas a cada clase de trabajo es desproporcionada. Las que mueven la economía dineraria y las que dicen representar a la ciudadanía son una ínfima minoría comparada con el resto. ¿Qué es lo que justifica la existencia de la minoría gobernante? Impedir que el poder económico imponga la dictadura del beneficio mafioso. Las clases trabajadoras se han matado históricamente para que haya un poder político que controle, limite y obligue al poder económico a respetar el derecho de la mayoría a vivir dignamente, sin robarle (con sutilezas de una supuesta y falsa ciencia económica) gran parte del fruto de su trabajo. El Estado es el policía que debe estar avizor y reprimir todo atentado a la propiedad de la gente. En el metro de Barcelona, un altavoz repite en varios idiomas: “El carterista espera cualquier distracción para quitarte lo que es tuyo”. Pero la legítima defensa ante el hurto no exime de una acción preventiva y punitiva eficaz por parte de la policía. Los economistas liberales están de acuerdo en que haya un Estado-policía, pero no para impedir robar, estafar, especular con los bienes ajenos, sino para todo lo contrario: impedir que las víctimas de sus tropelías se rebelen o que los desechos (ojo, no derechos) humanos que el sistema provoca imiten modestamente a sus verdugos para subsistir o por simple contagio moral. El carterista es un financiero potencial. El prestamista leonino es un banquero en ciernes.

¿Cumplen los gobernantes su principal función de impedir los posibles latrocinios de la minoría del poder económico? Sí y no. Es sabido que existen pactos entre policías y ladrones. A cambio de delatar colegas, ciertos delincuentes tienen barra libre, protegidos por los guardianes de la urbe. Al final, los guardias se vuelven mafiosos (protegidos por algún juez venal) y más de un ladrón se pone la estrella de sheriff para acabar con la competencia de otros cuatreros. El pueblo lo ha sabido siempre y cuando habla de los gobernantes dice que todos son igual de ladrones. ¿Y quién podrá negarle la razón cuando la crisis económica demuestra que tienen más poder los ladrones que la policía? Plegarse a las exigencias de los especuladores del mercado, aun a costa de exprimir más a unas masas ya empobrecidas por el robo sistemático del sistema, es hacerse cómplice por omisión de un chantaje. Se dice que nunca se paga para liberar un rehén de los terroristas. Pero se paga, con el argumento de que una vida vale más que cualquier rescate. Pero el rescate que pagan los gobernantes no es para salvar millones de vidas, sino para empobrecerlas aún más. Los encargados del hurto y la estafa son, para mayor inri, los policías al servicio de los ladrones. La excusa del gobernante es que, de no pagar el “impuesto

reaccionario”, todo iría peor para la gente. Es el tan repetido síndrome de Sansón. El gobernante que ose mover las columnas del templo mercantil hará caer sobre él su derrumbe y se suicidará. Lo menos que debe hacer ese gobernante es reconocer su impotencia frente a las mafias porque ha dejado de ser policía.

Los partidos políticos y los líderes que sostienen que la crisis es positiva porque obliga a reformas impopulares están reconociendo que la crisis ha sido promovida por los que aspiran a esas reformas (“impopulares” es un eufemismo de “antipopulares”) que han de permitir un robo global aún más cuantioso. En su cinismo fingen que les duele una situación provocada por ellos (Aznar, su Ley del Suelo, la burbuja inmobiliaria y la corrupción consiguiente). Dicen ser una alternativa solucionadora de la crisis al bienintencionado y algo ingenuo socialdemócrata Zapatero, ¡porque él es el responsable de no resolverla, cuando no de agravarla con su incompetencia!

Por su parte, los sindicatos y la izquierda crítica sugieren que “pague quien contamina”, que se reforme de raíz el sistema fiscal, que se supriman la banca privada y las bolsas, que se obligue a los empresarios a reinvertir en sus empresas, que se rebajen por ley los sueldos de los ejecutivos privados, etc. ¡Pero eso sería el socialismo! En realidad, no tanto: sólo una pequeña aproximación, basada en un mínimo de justicia que permita dejar claro quién hace de policía y quién de ladrón. Lo terrible y desesperanzador de la confusión de estas dos minorías (la de poder económico y la de poder político) es que la mayoría trabajadora comprueba que se la esquilma legalmente y que el único delincuente es ella si se resiste. Así concluiría, llena de pesimismo, mi última clase sobre Teoría del Estado.

José A. Glez. Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor

Ilustración de Miguel Ordóñez