Me permito empezar reformulando una cita: un fantasma recorre el Estado español y se llama centralismo. Sus efectos son devastadores e impactan de lleno en muchos territorios y en millones de personas que viven más allá del kilómetro cero, un centralismo con afán uniformador que se extiende como una mancha de petróleo, viscosa, contaminante y cada vez más impermeable a la diversidad, ignorando que estamos en un Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural.

Un centralismo que es transversal a los partidos estatales, si bien tiene su versión más ultra en una extrema derecha y una derecha cada vez más extrema que entienden que la patria se mide en metros cuadrados de bandera rojigualda ondeando en la plaza de Colón.

Que se ha convertido, además, en un elemento para apuntalar un régimen del 78 que hace aguas, por más que la brigada de obras del status quo se empeñe en tapar las grietas de su arquitectura institucional. Y ello, pese a que el listón está tan bajo que admite sin complejos una monarquía con un Rey emérito fugado; un poder judicial que sienta en su cúpula a magistrados no ya de partido, sino incluso vinculados a casos de corrupción o un sistema económico en el que los lobbies gobiernan sin pasar por las urnas, gracias a un engrasado entramado de puertas giratorias. Todo esto, y podría seguir, da como resultado una democracia de baja calidad, que ha recibido números reveses desde la justicia europea.

Pero sin duda, la peor consecuencia del centralismo es la desigualdad entre territorios, la desigualdad entre las personas y frente a ese modelo, el nacionalismo emancipador, las fuerzas políticas nacionalistas somos un contrapeso en defensa de nuestra ciudadanía que pierde oportunidades discriminada ante la concentración centralista de riqueza, de servicios, de infraestructuras, de empresas, de capital, de empleo o de población.

No necesitamos más centralismo, sino todo lo contrario, avanzar en un sistema donde los sujetos políticos -como son las naciones que hay dentro del Estado- tengamos relaciones de igualdad y donde el reparto equitativo sustituya a la concentración madricentrista.

Por ejemplo, Galiza es rica en electricidad, pagamos los costes ambientales y sociales, con los ríos llenos de embalses y 4.500 aerogeneradores en nuestros montes, pero cero beneficios. Al contrario, hemos llegado a pagar la factura más cara y tenemos miles de puestos de trabajo en riesgo por los costes energéticos. Las que si se forran son las grandes eléctricas, ninguna de ellas paga impuestos en Galiza. ¿Adivinan dónde tiene la mayoría su domicilio fiscal?

Lo mismo pasa con las infraestructuras o las instituciones a través de un diseño tan centralizado que llega al disparate de que Madrid alberga sedes como Salvamento Marítimo, Puertos o el Instituto Social de la Marina. En Galiza tenemos 1.629 kilómetros de costa, pero decisiones clave para nuestro litoral se toman en despachos de secano a 600 kilómetros de distancia como cuando, por ejemplo, hubo que marcar el rumbo de un petrolero a la deriva: se llamaba Prestige y acabó tiñendo de negro casi toda la costa gallega.

Estamos ahora a vueltas con el modelo de financiamiento autonómico, pero de nuevo el centralismo se resiste y no quiere pasar de retoques cosméticos, pero sin soltar la llave de la caja. Esto es recaudación centralizada, decisión centralizada de lo que se reparte, en qué cantidades y con qué prioridades y pronto a colgar el adjetivo de insolidario a quienes, como el BNG, defendemos un modelo contrario que, en el caso de Galiza, deje de discriminarnos ante un Estado que hace caja con los impuestos de los gallegos y las gallegas.

Ni siquiera la información se escapa al centralismo y casi nada de lo que pase fuera de la villa madrileña logra captar la atención de los medios de comunicación con sede en la capital. Así, en el ayuntamiento de Cervo podemos conocer al detalle los últimos encuentros y desencuentros del culebrón Ayuso-Casado, pero nada saben en Madrid de una empresa llamada ALCOA instalada en ese municipio que está a punto de echar el cierre y mandar a la calle a mil trabajadores. Seguro que si los mil empleos en juego tuviesen sede social en la Castellana, también lo sabríamos en Cervo.

En definitiva, en un momento de avance de la extrema derecha y con una derecha que cada vez se le parece más; con un Gobierno que se dice el más progresista porque sube 15 euros el SMI, pero incapaz de cambios transformadores. Mientras todo esto pasa, son las fuerzas nacionalistas las que actúan a favor de una democracia de más calidad, con más igualdad para la clase trabajadora y para las mayorías sociales.