ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ

Las providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos. Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.

Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento. Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas que

fueron testigos de la represión.

A través de los testimonios, hemos conocido la mecánica de la desaparición forzosa: desde la detención ilegal de un individuo o grupo hasta su asesinato en las tapias de un cementerio o en un paraje desconocido, por lo general fuera de la localidad de vecindad. Esto complica la localización de muchas de las fosas que se ubican en campo abierto, pues la gente mayor, depositaria de los miedos introyectados por el franquismo, todavía se muestra reacia a hablar, aunque esta actitud poco a poco se está quebrando de la misma manera que cada vez son menos los testigos disponibles. También el masivo proceso emigratorio de los años cincuenta y sesenta que diezmó numerosas poblaciones rurales y que afectó, principalmente, a las familias de los vencidos, ha contribuido a una visible pérdida de la memoria colectiva en nuestros pueblos. Los miedos y el olvido han provocado que muchos de estos enterramientos clandestinos que no fueron de alguna manera señalados y protegidos por los familiares, hayan sido destruidos por un sinfín de motivos: corrimientos de tierras, construcción y ampliación de carreteras, urbanización de terrenos rústicos, acción de las alimañas…

Las fosas que se ubican en el interior de los cementerios no han corrido mejor suerte. Desde que fueron creadas, constituían un lugar degradado del cementerio sin señalización alguna y convertidas en auténticos vertederos. En los años de la Transición, se produjo un interesante movimiento en un significativo número de localidades, auspiciado por familiares y ayuntamientos de izquierdas, que acota y dignifica esos espacios con placas, lápidas y monolitos, o directamente se procede a la exhumación de las víctimas y su posterior inhumación en nichos y mausoleos. Estas acciones apenas cuentan con publicidad y se realizan en la intimidad familiar o, a lo sumo, adquieren una dimensión local. Pero la tónica mayoritaria es el abandono y el olvido, lo que ocasiona que la zona que ocupan las fosas comunes, normalmente junto a las tapias, sea la primera que se vea afectada por cualquier tipo de obra de ampliación del cementerio. De este modo, en una proporción muy alta, han quedado sepultadas bajo la construcción de bloques de nichos y de nuevas sepulturas. Por otra parte, desde 1936 hasta nuestros días han sido clausurados multitud de cementerios trasladándose los restos a otro nuevo. En algunos casos, los restos cadavéricos de las víctimas fueron depositados en los osarios confundiéndose con otros y destruyéndose con el tiempo. En otros, quedaron olvidados y acabaron sepultados en los cimientos de nuevas edificaciones. Las acciones destructivas que se han efectuado –y se continúan efectuando– sobre multitud de fosas durante siete décadas, incluidas las tres de democracia constitucional, suponen la prueba más inequívoca de que el olvido y la negación, cuando no el desprecio más absoluto, ha sido la posición hegemónica que las distintas administraciones han tenido hacia la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas. Nunca ha existido una consigna –y menos aún una política– de protección de las fosas comunes. Toda medida efectuada en este sentido dependía de la sensibilidad y el empecinamiento de los familiares y, a veces, hasta de los propios sepultureros.

Ahora le corresponde a la Administración verificar la localización de las fosas detectadas y su protección ante nuevas agresiones. Y brindar a los familiares y a la sociedad la posibilidad de la exhumación de las víctimas que soliciten sus deudos, o la señalización y monumentalización de esos cementerios clandestinos para convertidos en “lugares de la memoria”. Desgraciadamente, para muchos familiares no va a ser posible averiguar el paradero ni rescatar los restos de sus seres queridos, pero les asiste el legítimo derecho de reclamar justicia, de pedir información y esperar una respuesta. Las decenas de miles de personas desaparecidas, después de tantos años de silencio y olvido, merecen, al menos, nuestro cariño y consideración.

ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ es coordinador del proyecto Mapa de Fosas de Sevilla

Ilustración de JOSÉ LUIS MERINO