Rafael Simancas

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Educación

Últimamente hay cierta propensión a buscar “pactos de Estado” sobre las materias más diversas. En cuanto se detecta un problema complejo, aparece la feliz idea del gran consenso para solucionarlo. Sin embargo, el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la solución más eficaz. En muchas ocasiones, además, no es realista aspirar al pacto de todos. Puede que su proliferación ni tan siquiera sea deseable, por cuanto una sociedad democrática requiere de alternativas distintas sobre las que optar.

PSOE y PP tienen modelos educativos distintos, que parten de fundamentos ideológicos legítimamente contrapuestos. Todos decimos promocionar el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos el principio de la igualdad de oportunidades y otros contraponen lo que llaman libertad de elección. Para nosotros, excelencia es calidad con equidad, porque la calidad sin equidad que promueven otros nos parece elitismo.

Donde unos defendemos lo público como garantía de justicia, otros promueven lo privado como perpetuación de la diferencia y el darwinismo social. Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo laico ante lo confesional. Lo participativo contra lo jerárquico. Donde unos nos empeñamos en formar ciudadanos libres y críticos, otros insisten en producir empleados eficientes. Tenemos modelos educativos distintos, sí.

Ahora bien, ¿es necesario llegar a un acuerdo? Los socialistas entendemos que sí, porque las bases del sistema educativo de una sociedad constituyen el fundamento mismo de su convivencia, así como los pilares para el progreso individual y el desarrollo colectivo. También hemos aprendido que ninguna ley es capaz de transformar radicalmente la realidad si no parte de un amplio consenso social. Y los españoles necesitamos convertir la apuesta colectiva por el conocimiento en la palanca definitiva hacia la modernidad, el progreso y la justicia social.

No pretendemos hacer pasar a nadie bajo las horcas caudinas de las leyes educativas impulsadas por el PSOE. No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE, pese a que jamás renunciaremos a sus logros indudables en la universalización y la socialización educativa en España. Pero todo el mundo entenderá que el acuerdo ha de pasar también por superar la política de recortes del PP y su denostada LOMCE.

Para que los recursos educativos sean eficientes, tienen que ser suficientes, porque si no son suficientes, por muy austeramente que se gestionen, nunca serán eficientes. Y la futura ley de todos no puede ser la ley que se aprobó contra todos. Con todo respeto, y desde el mejor ánimo pactista, el futuro de la educación en España no puede fundamentarse en reválidas y catecismos.

Un pacto educativo con vocación de éxito debe comenzar por un acuerdo en torno a los objetivos. No debiera ser imposible. Acordemos una educación de calidad, incluso excelente. Eso sí, no debemos circunscribir la calidad al “resultadismo” estadístico, porque calidad es también atención a la diversidad, flexibilidad y participación. Acordemos una educación con igualdad, pero la auténtica igualdad de oportunidades no se puede limitar a la garantía del acceso a una plaza educativa, cualquier plaza educativa, sino que ha de asegurar igualdad en el aprendizaje y el éxito.

Acordemos también una educación inclusiva, que no convierta la desigualdad de partida en segregaciones tempranas e itinerarios distintos para ganadores y perdedores, sino que ofrezca recursos diversos para las condiciones diversas, a fin de que todos puedan triunfar. Y acordemos una educación que fomente los valores de ciudadanía presentes en nuestra Constitución: la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia social.

Una vez acordados los objetivos, debiera ser más fácil acordar los medios. Una inversión referenciada en el PIB que nos acerque a la media de los países educativamente más avanzados de Europa. Una apuesta decidida por la enseñanza pública, que es la enseñanza de todos y todas. Una evaluación permanente, más enfocada a detectar problemas y a buscar mejoras, que a establecer rankings estériles. Un marco legal consensuado y estable…

Este es el sentido de la oferta que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en su “Programa para un Gobierno progresista y reformista”. Y este es el sentido de las propuestas concretas que incluye, como la configuración de las becas como derecho subjetivo, como la universalización de la oferta pública de plazas educativas entre los 0 y los 3 años, como la revisión global del sistema de Formación Profesional, o el nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta familiar.

Será difícil, pero puede hacerse. Y debe hacerse.