Carlos Sánchez Mato

Concejal de Economía y Hacienda y responsable de Economía de IU

Eduardo Garzón Espinosa

Economista

El pasado lunes 4 de septiembre conocimos los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a agosto y descubrimos que se había producido la mayor destrucción de empleo en dicho mes desde 2008. De hecho, el día 31 de agosto se volatilizaron 266.362 contratos. Nunca antes se había destruido tanto empleo en un solo día. Ni siquiera el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, pudo ocultar su preocupación reconociendo que estos datos “representan un problema, no sólo en términos estadísticos sino para los derechos de los trabajadores".

En efecto, lo que estos datos están desvelando es un mercado laboral caracterizado por una intensa contratación temporal que aumenta fuertemente en épocas estivales pero que desaparece automáticamente con su fin. Según la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, una cuarta parte de los contratos que se firman en España dura menos de siete días. La duración media de un contrato en julio de 2007 era de 73 días, en julio de 2017 ha sido de 49 días. Y el acceso a empleos eventuales no es un capricho de los trabajadores: según datos del INE, el 91,4% de ellos prefiere uno de duración indefinida pero no lo encuentra.

No se podía esperar otra cosa de un mercado laboral regulado conscientemente por el PSOE y el PP mediante una legislación profundamente laxa con las obligaciones de los empresarios e intensamente restrictiva con los derechos de los trabajadores. Esta regulación laboral ha sido la guinda del pastel que conformaba el modelo productivo concentrado en el turismo de bajo valor añadido y en la construcción que fue y sigue siendo fomentado por los sucesivos gobiernos estatales, junto con la elevada tasa de paro. La combinación de esos tres factores ha derivado en una bomba explosiva que ha situado a la economía española en el segundo puesto de toda la Unión Europea de los 28 en el ranking de tasa de temporalidad que agudiza aún más si cabe la brecha de género ya que los contratos indefinidos firmados por mujeres representan únicamente el 3,4% de todos los formalizados. Hasta la propia Comisión Europea deja claro en su Informe anual sobre desequilibrios macroeconómicos lo nocivo que es el uso generalizado de contratos temporales en España para la productividad y lo asociado que va este modelo a la exclusión y la pobreza.

Todo ello afecta a todas las regiones del país, sin exclusiones. Las competencias laborales son fundamentalmente de carácter estatal y a las administraciones autonómicas y (especialmente) a las locales no disponen de margen de maniobra en un contexto dado y difícilmente modificable. A pesar de ello, el gobierno de Ahora Madrid se propuso desde el primer día utilizar todas las palancas a su alcance para mejorar el nivel y la calidad del empleo. Y aun siendo conscientes de que los resultados obtenidos nunca serían suficientes a tenor de las enormes demandas que existen, no podía quedarse de brazos cruzados frente al desastre laboral en el que nos han sumido los gobernantes estatales.

La primera medida a destacar es el enorme esfuerzo inversor que está realizando el ayuntamiento de Madrid. Puesto que para cada proyecto se necesita contratar mano de obra, aumentar las inversiones en la ciudad incrementa notablemente el empleo. En el primer año de presupuestos diseñados por Ahora Madrid, las inversiones han aumentado intensamente en un 152%. No por casualidad el gobierno del PP está tratando de impedir (recurriendo a manipuladas interpretaciones de las reglas fiscales y presupuestarias) que estas inversiones lleguen a buen puerto. La segunda medida es el establecimiento de cláusulas sociales que instan a las empresas adjudicatarias de contratos municipales a respetar una serie de condiciones laborales en su plantilla, logrando así mejorar la calidad del empleo de toda empresa que haga tratos con el Ayuntamiento. La tercera medida es la reducción de la jornada laboral a las 35 horas, que fue recurrida por Delegación de Gobierno y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Otras medidas, como la contratación de nuevo personal municipal, ni siquiera han podido aplicarse aún debido a las intensas limitaciones que impone la tasa de reposición establecida en la ley de presupuestos generales del Estado apoyada por el PP, PSOE y Ciudadanos.

Sea como fuere, la evolución del empleo en la capital del estado ha seguido un ritmo más favorable que en el resto de la Comunidad de Madrid y que en el resto del país. Difícil es verificar en qué medida eso es debido a las políticas aplicadas por el gobierno municipal pero parece claro que, en absoluto estas políticas ni otras aplicadas por el ayuntamiento, han supuesto un perjuicio para la situación laboral de la capital. Más bien al contrario y prueba de ello es que, según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, desde la llegada de Ahora Madrid al gobierno municipal, el número de ocupados en la capital ha aumentado un 5,3%, mientras que en el resto de la Comunidad de Madrid sólo lo ha hecho un 1,5%. Resultados similares ofrecen los datos de afiliación a la Seguridad Social: desde mayo de 2015 el número de afiliados en la capital ha crecido un 5,9% y en el resto de la Comunidad un 4,6%.

Lejos de estar satisfechos con esta comparación, tenemos claro que es imprescindible luchar contra un marco legal que sacraliza la precariedad y abre una vía de agua en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Eso sí sería de verdad establecer las condiciones para una primavera del empleo en nuestro país.