Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar

Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España

Corría el año 2000; comenzaba el nuevo milenio y, con él, las buenas intenciones. Entonces 189 países se comprometieron con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta 2015. Unos objetivos que incluyeron desde reducir a la mitad la pobreza extrema, luchar contra el sida, promover la igualdad de género o garantizar la educación universal. El problema es que fue una agenda construida desde los poderes del Norte desarrollado para los países en desarrollo y centrada en las consecuencias, sin prestar atención a las causas. Aunque hay avances y se han alcanzado ciertas metas, otras muchas se quedaron en el camino. Es alarmante, por ejemplo, la enorme desigualdad entre la minoría rica y la mayoría pobre, entre hombres y mujeres, o la situación límite en la que se encuentran los recursos del planeta.

2015 está a la vuelta de la esquina y la próxima hoja de ruta ya está en marcha. La denominada “Agenda Post2015” acabará de definirse en la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo año, donde se aprobará una nueva Declaración. Hay que reconocer que su construcción ha contado con una mayor participación de distintos actores. En el caso de nuestro país, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo ha contribuido activamente en la elaboración de la posición española, en un proceso que está permitiendo avanzar en la consolidación de propuestas comunes sobre las cuestiones fundamentales para el Desarrollo.

El gobierno de España y la sociedad civil tenemos la posibilidad de contribuir a ese debate internacional con un perfil propio poniendo el foco en la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad ambiental como principales desafíos globales. Sin perder de vista en ningún momento la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. Para ello, la posición española debe pasar de los planteamientos genéricos a compromisos reales, con metas e indicadores, que signifiquen un cambio radical y un ataque directo a las causas.

El compromiso con los derechos humanos y el carácter universal de la nueva Agenda, implica cambios no solo en terceros países. Si se defiende la “cobertura sanitaria universal”, ésta ha de ser garantizada tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. De igual modo se ha de hacer con la educación, el derecho humano al agua y al saneamiento, la igualdad de género, la alimentación o con lo que respecta a la “creación de instituciones bien gobernadas, la transparencia y rendición de cuentas y la eliminación de la corrupción”.

Si globalmente queremos poner los derechos humanos en el centro de nuestras acciones colectivas, urge enfrentar la bochornosa y creciente desigualdad en todo el mundo, incluido nuestro país. Y eso pasa, inevitablemente, por reducir la riqueza extrema y promover políticas fiscales justas redistributivas que garanticen los derechos de las personas. En este sentido, la apuesta firme por una Tasa a las Transacciones Financieras -cuya recaudación se destine a políticas sociales y de desarrollo-, es una medida muy concreta que debe formar parte de la nueva hoja de ruta.

Por otra parte, continuar hablando de Cooperación para el Desarrollo como política aislada carece de sentido. La generación de desigualdades y pobreza depende en gran medida de políticas comerciales, económicas, medioambientales o migratorias con graves consecuencias para la vida de millones de personas en el mundo. Garantizar un desarrollo humano sostenible exige que todas estas políticas lo contemplen como eje de sus actuaciones. No podemos construir por un lado lo que destruimos por otro.

Por último, algo que debería estar en el centro es nuestro planeta. No es coherente hablar de la necesidad de un cambio de modelo de producción y consumo, y continuar defendiendo el crecimiento económico como solución a la pobreza y las desigualdades, tal como hace la posición española. Este paradigma ha demostrado ser incapaz de dar respuesta a las necesidades reales de las personas; además de ser un sistema depredador que atenta contra los bienes comunes del planeta.

La oportunidad que nos ofrece la construcción de una nueva Agenda es enorme y nos exige un compromiso de participación y vigilancia ciudadana. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar un cambio de timón y apostar por una propuesta realmente transformadora que ataque las causas de la pobreza y la desigualdad y modifique sustancialmente un sistema profundamente injusto. No podemos permitirnos otros quince años en los que las palabras no vayan acompañadas de los hechos.