Este artículo ha sido publicado junto a Institut Sobiranies

"Cerrando una planta de carbón se puede ralentizar el calentamiento global por un día; cerrando las relaciones que produjeron la planta de carbón se podrá parar para siempre"

En su libro, El capitalismo en la trama de la vida, Jason W. Moore lanza esta evocadora afirmación que resume el problema principal de nuestra época. Un problema que no tiene su origen en el impacto medioambiental debido a la quema de combustibles fósiles puesto que, en realidad, eso es una consecuencia de un modo particular de organizar la producción y el consumo. No hay nada malo en considerar la disminución de las emisiones de dióxido de carbono como un objetivo político prioritario. La confusión empieza cuando, en busca de ese objetivo, se dejan intactas las causas originarias. El grado de malentendidos se acelera cuando, además, se señala como culpable a un sujeto etéreo y homogéneo que solo existe como unidad en nuestra imaginación: la humanidad. Resulta que, debido a su inagotable voracidad y a su ceguera frente a todo lo que produzca placer o dinero, la humanidad es la culpable del colapso del planeta.

A menudo este relato es el que se expresa con el término Antropoceno. Inaugurando una nueva era geológica, el Antropoceno resalta la influencia determinante de las actividades humanas sobre el planeta. Desde una aproximación meramente descriptiva, no hay duda respecto a la responsabilidad humana en la destrucción acelerada de la biosfera y en el cambio climático. El error es pasar por alto que se trata de una acción humana moldeada por relaciones de poder privilegiadas políticamente que facultan a unos grupos sociales con intereses particulares para poder someter a otros seres vivos humanos y no humanos. Definir nuestra era como Antropoceno corre el peligro de integrar a cualquier persona y territorio dentro de la «humanidad» definida como causa. De esta manera, se borran las relaciones de poder sociales y espaciales y, en general, las profundas dinámicas de injusticia y desigualdad entre clases sociales y territorios. En las visiones más vulgares del Antropoceno, la acción y responsabilidad del 10% de la población global más rica parece exactamente igual que la de cualquier otro ser humano, pese a que ese grupo social exclusivo emite el 50% de las emisiones. Tales desigualdades no solo existen entre países, sino también dentro de cada territorio. En España, por ejemplo, el 10% más rico emite hasta 7 veces más que el 10% más pobre. Una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad, un 87% desde 1970, es el desarrollo del modelo agroindustrial, pero resulta que «los humanos» tenemos la culpa. Bajo la ecuación «la humanidad es la culpable», la población de Ghana, país al oeste de África con el vertedero de desechos electrónicos más grande del mundo, pertenece al mismo grupo que quienes viven en los territorios donde el consumo tecnológico per cápita se dispara. Lo cierto es que la división internacional del trabajo no solo convierte a los países del Sur Global en vertederos o en proveedores baratos de materia prima y de mano de obra, sino que también conduce a los territorios que menos contribuyen al cambio climático a ser los más vulnerables a sus impactos.

Si nuestro empeño es organizar una política transformadora, asegurar que la responsabilidad del cambio climático es de origen humano o antropogénico oscurece más que explica, en la medida que malinterpreta los conflictos de fondo y diluye las relaciones de poder que entran en juego. Las relaciones de propiedad capitalista son el núcleo del modelo social y económico dominante y son la causa fundamental de los cambios sin retorno en los ecosistemas de los que formamos parte. Vivimos en la era del Capitaloceno, no del Antropoceno.

Lejos del naturalismo descriptivo del Antropoceno, el Capitaloceno enmarca una era dominada por el capital, sin abstraerse de las relaciones históricas de capital, clase e imperio. El Antropoceno prioriza indebidamente las consecuencias medioambientales. Bajo el Capitaloceno, se priorizan las relaciones productor/producto. El capitalismo ha organizado relaciones estables entre los seres humanos y el resto de la naturaleza en búsqueda de un proceso de acumulación incesante. «La naturaleza» que «la humanidad» está explotando y agotando, y que al parecer desencadena su venganza en forma de desastres ecológicos, está en realidad internalizada en la circulación y acumulación de capital. El capital es un haz de relaciones ecosistémicas insertada de forma extraordinariamente conflictiva en el continuo ecosistémico que define el planeta Tierra. El capital no solo debe acumular y revolucionar la producción de mercancías. Como explica Jason W. Moore, el capital debe a su vez buscar y encontrar incesantemente formas de producir naturalezas baratas: una corriente creciente de alimentos, trabajo, energía y materias primas que, en su conjunto, configuran la unidad de explotación del capitalismo.

Si la intención es frenar este torrente de relaciones que privilegian la acumulación sin fin del capital, ¿qué estrategias y medidas políticas se podrían desarrollar? ¿Cuáles podrían ser los contenidos de un programa de políticas públicas para frenar o, cuando menos, proveernos de herramientas para producir algún cambio estructural? Si analizamos los programas de políticas públicas que prometen combinar crecimiento económico, transición ecológica y justicia social, los denominados Green New Deal, veremos que hay una dimensión completamente ausente en todos ellos. Tanto en el plan federal de inversión en energía verde liderado por la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez como en el European Green Deal y sus programas integrados como el Next Generation. Además de ignorar los límites biofísicos del planeta que imposibilitan continuar con la actual espiral de crecimiento, en ninguno de estos planes se plantea un mínimo cambio en las relaciones de propiedad dominantes. Ni siquiera promueven la nacionalización de las empresas de combustibles fósiles o la auditoría y regulación de los monopolios existentes. Bien al contrario, incluyen la creación de compañías público-privadas en el sector ecológico, así como subsidios para empresas privadas en el sector de las renovables. En síntesis, la apuesta de estos planes es facilitar una expansión de la acumulación por la vía verde conducida por las mismas relaciones de explotación y apropiación que han creado el problema. Dando algunos rodeos, acaban por allanar el camino a las lógicas compulsivas de la acumulación de capital.

Figuras impulsoras de una reedición socialdemócrata del capitalismo, como Rebecca Henderson o Mariana Mazzucato, dan por buenos esos pactos verdes siempre que se abra el debate sobre la distribución de las recompensas de las nuevas alianzas público-privadas. Mazzucato insiste en marcar más condiciones a las empresas y sumar mecanismos de control público. Henderson apuesta por implementar acuerdos éticos entre inversores, accionistas y empresas para que el imperativo del beneficio no esquilme los bienes públicos. Si algo abruma de estos planteamientos es su timidez política. La capacidad transformadora de unos programas que no discuten sus formas de control político, sus modelos de financiación y los sistemas de propiedad es entre muy dudosa y nula. Puestos a reformar, otra posibilidad es subir el grado de ambición y que quienes se autodefinen como defensores de la socialdemocracia se la tomen un poco más en serio.

Más allá del New Deal de los años treinta, existen otros referentes que parecen enterrados en la historia europea. Entre otros, los fondos de inversión de los asalariados, un mecanismo para que los sindicatos y otras asociaciones de la sociedad civil obtengan un control sustancial sobre el funcionamiento de las grandes empresas. Dotaban de derecho a los dividendos, derecho a voto para la elección del consejo de administración y derecho para decidir sobre las políticas de las compañías. Estas instituciones de democracia económica, diseñadas por Rudolf Meidner en los años setenta, no solo son útiles para contrarrestar el poder concentrado del capital, sino que pueden ser la base material para una organización social de la producción y el consumo ligada al territorio. Hoy, si bien las condiciones materiales de los setenta son irreproducibles, el espíritu transformador del plan Meidner debería ser una fuente de inspiración.

Una agenda política emancipadora debería tomar como uno de sus principales objetivos la transferencia de la propiedad de los activos productivos combinada con la democratización de las decisiones ambientales. Bajo el European Green Deal se tiene previsto intensificar la inversión en infraestructuras verdes y de energía renovable, en la rehabilitación de edificios y viviendas con criterios de eficiencia energética o en industrias relacionadas con la movilidad baja en carbono. Lo justo y eficiente tanto a nivel social como ecológico sería que, en proporción a la inversión pública que se inyecte, se aplique la socialización de los derechos de uso y usufructo a las infraestructuras y bienes ligados a esos sectores. Algo más ambicioso, pero inspirado en las comunidades de energía renovable, que tienen derecho a generar, almacenar, consumir (incluyendo en régimen de autoconsumo) y vender energía renovable. Estas formas de propiedad colectiva descentralizada no son, en absoluto, la solución a todo el desaguisado sistémico, pero sí una táctica de ruptura con las relaciones de producción y consumo dominantes. Podríamos empezar a definir algo así como unos fondos accionariales de ciudadanía sobre los bienes y las infraestructuras para descarbonizar la matriz energética y aumentar su eficiencia. Unas instituciones público-comunitarias que puedan erosionar el poder concentrado por los oligopolios y el capital financiero al tiempo que redistribuyen recursos y nos dotan de poder de organización y decisión para empujar una transición deseable.

Un análisis más detallado del contenido de este artículo se puede encontrar en el informe La Solución Verde