La protección de las mujeres no puede depender de una denuncia

Ángeles Alvarez

Portavoz de Igualdad del grupo parlamentario Socialista

En la última década un 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas nunca se había acercado a interponer una denuncia ni demandado ayuda a ninguna administración pública. Más allá de cómo valoremos el funcionamiento de los servicios, es evidente que la interposición de una denuncia activa todo un entramado de apoyo jurídico, psicológico o social que permite a muchas salir de una relación violenta.

Pero uno de los retos que afrontamos, es identificar los casos de aquellas que no están preparadas para dar el paso o simplemente no pueden darlo. Ofrecer respuestas previas a la denuncia se convierte, así, en una pieza clave de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para hacerlo una realidad sería necesario:

• Establecer sistemas de identificación de casos.

• Articular y protocolizar el acompañamiento en la toma de decisiones.

• Diseñar Planes de Salida con mujeres que aún no se han planteado interponer denuncia.

• Habilitar recursos específicos o extender los ya reconocidos en la Ley 1/2004 para quienes aún no dieron el paso, pero están siendo identificadas a través de los Servicios Sociales, los Centros de la Mujer o los Centros de Salud.

Para ello, es urgente volver a facultar a las Entidades Locales, de una manera genérica y global, para que puedan promocionar la igualdad entre hombres y mujeres, y dar respuestas en la lucha contra la violencia de género. Las actuaciones y servicios que necesitamos poner en marcha para identificar y acompañar a las mujeres que dudan, o temen dar el paso de interponer una denuncia que permita abrir los farragosos procesos de salida de una relación violenta, será un elemento clave de las políticas que debamos acometer en los próximos años.

Un obstáculo: acreditar la violencia de género.

Es urgente extender a un mayor número de mujeres víctimas de violencia de género el derecho a servicios de atención multidisciplinar, de emergencia, de apoyo, de acogida y de recuperación integral, contemplados en el artículo 19 de la Ley Integral.

Son muchas las mujeres que demandan ayuda aunque no hayan interpuesto denuncia y se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar la situación de violencia de género para acceder al derecho a una asistencia social integral a través de una Orden de Protección.

Debe reconocerse con carácter urgente y de forma inmediata, derechos de atención y protección previos a la denuncia con el fin de prevenir situaciones de riesgo. Además entre los principios rectores de la Ley Integral se recoge la necesidad de “asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz de los servicios” establecidos para garantizar ese derecho. Y no debemos olvidar que son derechos exigibles ante las Administraciones Públicas.

Para ser eficaces en la prevención y garantizar el derecho a la asistencia social integral los ayuntamientos deben tener reconocido como competencia propia su capacidad de actuar y el acceso a esos derechos no deben estar tan condicionados.

Una propuesta: Un sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones.

Los socialistas creemos que la organización de la ayuda a las víctimas, debe estar enfocada a dar respuesta desde el momento en que, por cualquier servicio de atención social o sanitaria, se detecte una posible situación de violencia de género y muchas de las actuaciones y prestaciones deben activarse aunque la víctima decida no interponer denuncia ante los hechos delictivos.

Esa respuesta debe estar articulada en todo el territorio a través de un “Sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones”.

Es necesario que algunos recursos operen con anterioridad a la decisión de la denuncia o de una condena y para ello es preciso que se reconozcan validez a informes emitidos por profesionales de los servicios sociales municipales, los Centros de la Mujer, o por cualquier organismo con competencias y capacidad de apreciación de una posible situación de violencia de género (Centros de Salud, por ejemplo). Esos informes deben ser suficiente para garantizar el derecho a la asistencia social integral en toda su extensión.

Con el fin de activar este sistema de acompañamiento, y sin perjuicio de la prestación del derecho a la asistencia social integral, sería conveniente organizar “Unidades de apoyo” en el ámbito local que, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, deben:

• Ayudar a identificar mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género.

• Acompañar y reforzar a las mujeres y menores víctimas que, aun siendo conscientes del daño que les genera esta violencia, no hubieran interpuesto denuncia, como consecuencia de falta de información, por temor o por falta de alternativas reales para salir de su situación de violencia.

Dichas “Unidades de apoyo para la toma de decisiones” estarían integradas por el personal de servicios sociales, profesionales de las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica y psicológica y que siguieran el caso en cuestión y profesionales sanitarios que actuarían coordinadamente y en colaboración con los Centros de Salud, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, cuando llegase el momento, con los Jueces de Violencia sobre la Mujer.

Estas “Unidades de apoyo” deben asegurar el acceso al catálogo de derechos que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.

Las “Unidades de apoyo” deben seguir individualizadamente cada situación de violencia de género desde el momento de la identificación y a través de “Planes de salida de la violencia” deberán acometer los problemas que impiden, por un lado, la toma de conciencia ante el riesgo y por otro, actuar para contrarrestar los factores que bloquean a las víctimas y las atrapan en la relación violenta.

Estas unidades harán el acompañamiento en los procesos previos a la interposición de la denuncia, por tanto, también les competería elaborar los planes de refuerzo laboral para romper con la dependencia económica o de refuerzo psicológico para romper con la dependencia emocional con el maltratador.

Su objetivo será eliminar o contrarrestar cualquier obstáculo que impida que las víctimas tomen decisiones que garantizan su seguridad.

Cuando las víctimas no hayan interpuesto denuncia, pero demanden iniciar su proceso de salida, las “Unidades de apoyo” respetaran los tiempos de las mujeres pero las ayudaran a diseñar estrategias de autoprotección y habilitarán los recursos públicos necesarios para la solución más adecuada a las circunstancias de cada mujer.

En este sentido, diseñaran y coordinaran también los “Planes de salida de la violencia” a través del apoyo social, educativo, de formación e inserción laboral, y cuando la víctima carezca de recursos, articularan ayudas, incluso económicas, priorizaran el acceso a casas de acogida o pisos tutelados, viviendas públicas o residencias de mayores. También colaboraran en la mejora de la valoración del riesgo.

Una condición: recuperar la capacidad de que la administración local pueda actuar.

Para conseguir esto, es imprescindible modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Se trata de que el catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la LRBRL se abra para recuperar lo que nunca le debió de ser arrebatado a los ayuntamientos: la capacidad de que la administración local pueda actuar.

Somos muchas quienes entendemos que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres “debe de ser entendida como un compromiso, de carácter transversal, que afecta a todas las Administraciones del Estado, central, autonómicas y locales”.

Lo respalda la Ley de igualdad cuando afirma que "la Ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales” y que las Entidades Locales “en el ejercicio de sus competencias colaboran. a tal efecto. con el resto de las Administraciones públicas”.

Desde una perspectiva de democracia feminista, las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género NO deben ser consideradas como una competencia administrativa. Los informes solicitados por la Junta de Andalucía a este respecto aclaran que nos encontramos ante “actuaciones, de muy diversa índole, tendentes a hacer efectivo el compromiso constitucional por parte de los poderes públicos, reflejado en el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna”.

Quitar la capacidad de que esas “acciones de muy diversa índole” puedan desarrollarlas los ayuntamientos ha sido un error catastrófico que debe ser corregido.

Refuerzo a la red de servicios públicos contra la violencia.

Para la puesta en marcha del complejo sistema de respuesta a la violencia machista es urgente dar refuerzo a la red de servicios públicos (juzgados, centros educativos, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, centros de salud, centros de la mujer, etc.).

Son muchos los ámbitos de actuación, pero la respuesta no puede recaer o estar supeditada a que quienes aún viven atemorizadas o subyugadas pongan una denuncia. Se pueden hacer muchas cosas para darles seguridad, garantías y refuerzos. Las Unidades que proponemos son una solución estratégica que reclama acuerdos entre Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos para elaborar el catálogo de prestaciones susceptibles de ser reconocidas como derecho previo a la denuncia, para acordar los procedimientos, protocolizar los sistemas de acreditación y estipular los parámetros presupuestarios de esa respuesta.

Sin duda para prevenir y reparar las problemáticas derivadas de esta violencia hay que impulsar el papel que desempeñan los servicios públicos, y particularmente los servicios sociales municipales y los Centros de la Mujer. Sin su concurso tendremos muchas dificultades para afrontar este problema.

Desde el PSOE nos comprometemos a reforzar toda la red de servicios públicos contra la violencia. ¡Y no es una frase declarativa! Uno de los principales acuerdos de la ponencia social que el PSOE ha debatido en el marco de su 39º Congreso Federal pone fecha y presupuesto: destinaremos el 0,2 % del PIB anual, más de 2.100 millones de euros, a la lucha contra las diferentes formas que toma la violencia machista.