Más de una década después del 15-M, el ciclo político iniciado en España con aquel movimiento popular, pacífico y democrático puede darse por concluido. Sin embargo, ello no significa que sus efectos más profundos se hayan disipado, más bien todo lo contrario. No podemos saber a ciencia cierta por qué derroteros discurrirá el nuevo ciclo, pero es evidente que, en mayor o menor medida, seguirá marcado por las consecuencias del anterior. La crisis económica de 2008 hizo visible a los ojos de la mayoría social un proceso de degradación democrática larvado durante décadas de bipartidismo, caracterizado por la oligarquización de los grandes partidos políticos y una corrupción institucionalizada. La gestión neoliberal de la crisis por parte del PP y del PSOE, y el ataque de las instituciones europeas a los derechos sociales, hicieron el resto. Por primera vez en mucho tiempo, el rey –nuestro sistema político-jurídico-constitucional– estaba desnudo, como en el conocido cuento de Andersen, y el 15-M simbolizó el descubrimiento colectivo de esta desnudez.

El tiempo transcurrido no altera el diagnóstico fundamental: nuestro sistema constitucional está agotado y es preciso un nuevo pacto social, de modo que la reforma o la novación constitucional se imponen con la fuerza de lo irrebatible. Los síntomas más visibles de este agotamiento son la caducidad del modelo territorial, la incapacidad de garantizar los derechos sociales que el texto constitucional proclama y el debilitamiento de una democracia cada vez más limitada a sus aspectos formales. Sin embargo, cualquier intento de canalizar los problemas señalados mediante el debate democrático ha sido bloqueado por los sectores conservadores ante el temor de que, en el marco de la discusión sobre una nueva Constitución, se pudieran replantear cuestiones que fueron constitucionalmente blindadas en 1978, especialmente la institución monárquica. En otro lugar he hablado de “la paradoja de la monarquía”, porque la negativa cerrada a abordar una actualización de la Constitución, o su aplazamiento sine die, no hace sino agravar la situación y degradar la vida política del país, socavando la legitimidad de la monarquía.

A lo largo de los próximos años, el telón de fondo de cualquier desarrollo de un nuevo ciclo político va a ser una nítida disyuntiva: renovación constitucional, o decadencia constitucional con un final imprevisible. Ahora bien, esta cuestión no concierne únicamente a las instituciones estatales, sino también a las valencianas, que renovarán su legitimidad en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué hacer ante la parálisis? La propuesta que Podem discutirá en su próxima Conferencia Política es clara: no solo apostamos decididamente por la renovación, sino que estamos dispuestos a tomar la iniciativa, desde las instituciones parlamentarias y de gobierno de la Comunitat Valenciana, para impulsar los procesos implicados, sobre todo en el avance hacia la constitucionalización de un nuevo federalismo que necesitaría de, al menos, tres cambios sustanciales: convertir al Senado en una auténtica cámara territorial, verdaderamente representativa de las comunidades autónomas y con poder de decisión en el ámbito de la financiación autonómica, fijar en la Constitución los principios y criterios esenciales en esta materia, y expulsar del ordenamiento constitucional las reglas fiscales del artículo 135 CE, que suponen un obstáculo insalvable para superar el déficit social de las autonomías.

Este impulso político podría materializarse de dos maneras: en primer lugar, a través de la iniciativa autonómica de reforma constitucional, un recurso poco utilizado hasta ahora que, sin embargo, podría servir para abrir el debate sobre la cuestión territorial. Recordemos que el artículo 166 CE, en relación con el artículo 87.2 CE, reconoce a los parlamentos autonómicos la posibilidad de plantear reformas de la Constitución. Una posibilidad que debería ser estudiada muy seriamente para, desde la Comunitat Valenciana, invitar al conjunto del país a pensar sobre los parámetros básicos de un modelo territorial actualizado de España que permita una coordinación y una cohesión interterritorial reales y efectivas, asentado sobre los tres pilares constitucionales antes apuntados: un nuevo Senado territorial con poderes reales dotados de legitimidad democrática, unas reglas constitucionales básicas sobre financiación autonómica y la derogación del citado artículo 135 CE, que introdujo el neoliberalismo en la constitución económica.

Ahora bien, este impulso político podría también concretarse propugnando la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. En efecto, hace falta que nos planteemos si este mismo debate se tiene que trasladar también al ámbito de nuestro autogobierno. No podemos olvidar que las normas estatutarias son materialmente normas constitucionales en cuanto limitan al legislador –y no solo al autonómico– y que forman parte del llamado “bloque de constitucionalidad” establecido por el Tribunal Constitucional. Y más aún teniendo en cuenta que un proceso de estas características nos permitiría enfrentarnos de forma decidida con el proyecto recentralizador de la derecha más reaccionaria. En definitiva, una actualización de nuestro modelo de autogobierno que permita desplegar sus competencias para garantizar los derechos sociales, recoger los avances producidos en materia de igualdad y protección del territorio, así como abordar los desequilibrios internos que también se dan en la Comunitat, con un fuerte contraste entre el litoral y el interior, entre las grandes ciudades y unas periferias económica y políticamente preteridas.

Sin reformas constitucionales y/o estatutarias de calado, en el sentido de las que proponemos, será muy complicado alcanzar en los próximos años acuerdos estables para configurar un modelo económico y territorial verdaderamente útil a la hora de afrontar los nuevos retos, las tensiones centrífugas que padece el sistema y los actuales desequilibrios centro-periferia, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. La Comunitat Valenciana lleva tiempo funcionado como un auténtico laboratorio de democracia, por emplear la expresión acuñada por el juez de la Corte Suprema norteamericana Louis Brandeis. El éxito de nuestras políticas y la difusión a otros territorios de modelos que aquí hemos adelantado deben animarnos a seguir diseñando iniciativas innovadoras y valientes, siempre con el objetivo de avanzar en la garantía de los derechos sociales, en la lucha contra el cambio climático y en la vertebración del territorio, con el convencimiento de que trabajamos no solo por el pueblo valenciano, sino por todo el pueblo español.