Francisco Michavila

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid

Ilustración de Jordi Duró

El bienestar de los europeos está amenazado. Sus pilares, dañados. Las cuentas económicas no cuadran y el mensaje es claro: hay que recortar los gastos públicos. Unos dicen que se gasta más de lo que se puede, otros pretenden distinguir lo sustancial de lo superficial. Separar el grano de la paja. El grano sería la educación o la sanidad, la paja otros dispendios superfluos.

Si nos restringimos a las universidades españolas, cuyo presupuesto rondaba los 11.000 millones de euros el año pasado, los ingresos provenientes de las arcas públicas no fueron suficientes para cubrirlos. En unas comunidades autónomas se vieron afectados por recortes en los ingresos de un 6% aproximadamente, en otras hasta un 16%, y entre ambas magnitudes las restantes. Según las estimaciones de las propias universidades, la crisis económica generó un desfase presupuestario en torno a mil millones de euros.

Ante esa situación, surge la duda de cómo actuar. ¿Ralentizamos la universidad, en espera de tiempos mejores? Esa opción consistiría en esperar a que amainase el viento que sopla en contra. Si no hay suficientes recursos, recortemos los gastos. Cerremos las bibliotecas los días de vacaciones o apaguemos antes la luz de los edificios. Hagamos aquello que sea preciso para conseguir el equilibrio presupuestario. Pero ¿se puede permitir la sociedad esa atonía universitaria?, ¿es una buena decisión? Si se acude al dato, avalado por organismos internacionales, de que la inversión en educación superior produce un retorno de tres a cuatro veces los fondos gastados, sólo una visión cortoplacista puede encontrar razonable que se limiten los medios para la educación.

Ante las dificultades económicas, otros países europeos están reaccionando de modo distinto al que actualmente sigue España. Quizá guiados por el principio de que “en educación se invierte, no se gasta”, o simplemente porque sus políticos tienen las ideas más claras que los nuestros, no dudan en destinar más medios a la educación superior y a la investigación. Ocurre así en Francia, cuyo presupuesto universitario ha tenido este año un incremento de 4.700 millones de euros, a los que hay que añadir un fondo adicional de otros 8.000 millones para la creación de un campus de excelencia internacional. Ocurre de igual modo en Alemania, aunque de una manera más modesta, o incluso en Portugal, donde se ha producido un cambio de tendencia. Tampoco han sufrido recortes los presupuestos de países como Dinamarca, Polonia, Suiza o Suecia.

El alegato anterior no pretende justificar cualquier gasto. La universidad española es una institución eficiente. Su trabajo en los tres últimos decenios ha sido satisfactorio. La universidad ha ayudado decisivamente al avance de la sociedad española en la formación de su capital humano y al destacado incremento que se ha llevado a cabo en la producción científica y la publicación de los resultados de investigación. No obstante, se pueden gestionar mejor los presupuestos universitarios, como los de cualquier otra institución. ¿Qué ahorros serían razonables?

Tomemos como ejemplo los recortes que se proponen en el informe de la Fundación CYD del año 2010. Destaca una propuesta de 2.100 millones de euros de ahorro mediante la adecuación de la oferta de sus titulaciones a la demanda, basada en un tamaño mínimo de los grupos de clase de 50 alumnos. ¿Es aceptable, sin matices? Parece claro que no, salvo que se entienda la universidad como una simple academia de marcado sesgo mercantilista. Destacadas áreas culturales son minoritarias, lo cual no justifica su supresión del ámbito universitario. ¿Han de ser “rentables” todos los estudios de filologías clásicas?

Sin embargo, la falta de coordinación sí que es una ineficiencia, como lo es que no exista un mapa de titulaciones global que coordine las ofertas académicas de las instituciones y los planes de los gobiernos autonómicos responsables. También es inadmisible el elevado número de alumnos que abandona la universidad antes de acabar una carrera determinada: una cifra cercana al 30%. La escasa orientación a la hora de elegir los estudios o el deficiente apoyo académico llevan a muchos jóvenes a tomar esa decisión. La ilusión de los jóvenes es el mayor tesoro que puede tener un país y esta ineficiencia la daña de modo grave. ¿Valen estas ineficiencias, u otras análogas, para descalificar a la universidad? No, la universidad es un valor seguro ante un futuro social tan incierto.

La universidad no necesita recortes, sí que necesita reformas. Ahora puede parecer una paradoja reclamar las reformas que necesitan los campus, debido a que son caras, pero son necesarias. A veces, el viento en contra sirve para reafirmar los valores esenciales en que creemos. Sin reformas profundas, la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior puede quedarse en meros retoques formales: complejos formularios que cumplimentar, numerosos procesos de acreditación, tediosos o alambicados, pueden amargar la vida a muchos profesores, sin que sirvan para casi nada.

Todo eso vale para muy poco si la estructura organizativa de las universidades no cambia, si los procesos de selección de los profesores no se abren a los mejores o si en la toma de decisiones y el gobierno de las instituciones no predomina el beneficio colectivo ante los intereses corporativos. La creación de centros de posgrado que agrupen áreas afines y la implantación de escuelas doctorales, la captación de profesores traídos de los mejores centros internacionales y la separación de la gestión de la estricta actividad académica, son algunas posibles innovaciones.

El presente es complicado y complejo. Lo es para la sociedad y para sus universidades. Pero no son tiempos para que el miedo condicione, cuando no marque, el camino a seguir.