Vicenç Navarro

Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar (Anagrama, 2015)

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información en España, incluyendo Catalunya, de que el soberanismo y el independentismo son dos conceptos y prácticas políticas intercambiables e idénticas. Así, es costumbre que tales medios se refieran a los partidos que están a favor de la independencia de Catalunya como los partidos soberanistas, desconociendo, por lo visto, que hay partidos que son soberanistas sin ser independentistas.

Esta limitación del término soberanista para definir a los independentistas, que se realiza a los dos lados del Ebro, y que se reproduce no solo en los medios, sino también a través de los portavoces del gobierno español, presidido por el Sr. Rajoy, y del gobierno de la Generalitat de Catalunya, presidido en funciones por el Sr. Mas, dificulta, sin embargo, la comprensión de lo que ocurre en Catalunya, y por lo tanto la solución del problema que existe en España.

Soberanismo es el principio que sostiene que la población en Catalunya, o en cualquier otro pueblo o nación de España, tiene el derecho a decidir sobre su relación con el Estado español. Según las encuestas, la gran mayoría de esta población en Catalunya cree en este principio y es, por lo tanto, soberanista. El porcentaje de personas en Catalunya que apoyan el derecho a decidir es elevadísimo (el 79,1%, según la última encuesta realizada por La Vanguardia, 02.05.15). Ahora bien, decidir quiere decir escoger entre varias alternativas, dentro de las cuales, naturalmente, la independencia es una de ellas. Pero según las encuestas, la población catalana no escogería tal alternativa. Esta es la realidad que hay que tener en cuenta, tanto por parte de los independentistas como por aquellos que no desean la secesión de Catalunya de España.

Repito, pues, que el hecho de que la mayoría de catalanes (personas que viven, trabajan y votan en Catalunya) sean soberanistas pero no independentistas tiene que ser tenido en cuenta por los partidos proindependentistas. Exigir la independencia ahora, cuando la mayoría de la población catalana no la desea, es una imposición antidemocrática. Pero los partidos, movimientos o medios de información en España, centrados en la capital del Reino de este Estado borbónico (que tiene poco que ver con el Madrid popular), tienen que ser también conscientes de que, aun cuando la mayoría de catalanes no desea la independencia, sí desea tener el derecho a decidir. Repito, nada menos que alrededor de un 80% de ellos. Ignorar esta situación es también profundamente antidemocrático. La falta de sensibilidad hacia este punto, escudándose en lo que dice o deja de decir la ley, es un error que radicalizará más y más a la población catalana en contra del Estado español. El continuo énfasis que hace este Estado, subrayando que la mayoría de la población catalana no ha votado por la independencia, ignora que la mayoría de la población, aunque no es independentista, sí que ha indicado que es soberanista. Y no solo las encuestas así lo muestran, sino también el resultado de las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, que, si bien mostraron que la mayoría de la población no era independentista, sí que señalaron que la mayoría de votantes eran soberanistas. Sumando Junts Pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que es Pot (que incluyó en su programa la demanda de un referéndum), son la mayoría de votantes. Todos ellos desean poder decidir sobre qué tipo de relación se establece con el Estado español. Y no hay que confundir el Estado español con España, pues la mayoría de la población española está muy insatisfecha con tal Estado, considerándolo muy poco representativo (como lo demuestra que la gran mayoría de la población española está de acuerdo con el eslogan contestatario del 15-M de que “no nos representan”).

El derecho a decidir procede de un compromiso democrático republicano

El segundo punto que cabe resaltar es que este soberanismo, que debería ser un derecho de todos los pueblos y naciones de España, no es un sentimiento nuevo, puesto que, históricamente, las izquierdas en España siempre habían apoyado un Estado republicano plurinacional frente a y en oposición al Estado uninacional borbónico, que fue el que justificó el golpe fascista militar de 1936 atribuyéndose erróneamente la tarea de defender la “unidad de España”, unidad que nadie amenazaba (ver mi artículo “Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.15).

Tal argumento, como he subrayado recientemente, es una falsedad carente de credibilidad, pues el independentismo era una fuerza muy minoritaria en Catalunya –como históricamente siempre lo ha sido-. En contra de la tergiversación histórica que se promovió durante la dictadura, el President Companys, y la fuerza política que representaba y que gobernaba Catalunya, nunca fueron independentistas. Lo que sí se pedía era una redefinición de España en la que se considerara al Estado español como un Estado federal constituido por varias naciones, unidas, si así lo deseaban –como era el caso del President Companys (que fue acusado, errónea y maliciosament, por la derecha española de separatista)-, por consenso y no por la fuerza militar. Esta visión de España entraba en contradicción con la España uninacional y centralizada del Estado borbónico, y que alcanzó su máxima expresión durante la dictadura existente en este país a lo largo de casi cuarenta años.

En realidad, la visión plurinacional fue la que defendieron un gran número de partidos que participaron en la lucha en contra de la dictadura, incluyendo el PSOE (ver mi artículo “El señor Pedro Sánchez no conoce la historia del PSOE”, Público, 11.12.15), que defendió el derecho de autodeterminación de Catalunya, que es ni más ni menos, como ya he mencionado antes, que el derecho a decidir de la población de Catalunya sobre el tipo de relación que desea tener con el Estado español y que no es, repito, lo mismo que la petición de secesión, distinción que no se hace, dificultando la aceptación del principio de plurinacionalidad de España.

Ni que decir tiene que los otros pueblos y naciones de España deberían tener tal derecho como parte de la profundización de la democracia española, que es especialmente limitada en el desarrollo de formas de democracia participativa o formas de democracia directa, incluyendo los referéndums. La expansión del significado de democracia para incluir formas de democracia más directa que la representativa está muy poco desarrollada en España, creando una excesiva dependencia de la democracia representativa, lo que empobrece la todavía poco desarrollada democracia española. En realidad, la profundización de la democracia ayudaría en gran medida a diluir las tensiones que consciente o inconscientemente se están reproduciendo, en ocasiones por causas predominantemente electorales. Es la resistencia a esta democratización lo que está llevando a una radicalización y al deseo de separarse del Estado español.

La utilización del argumento de defender la “unidad de España” para imponer el Estado uninacional borbónico

Las derechas han sido las que han utilizado más estas tensiones para canalizar el enfado de la población (debido al deterioro de su bienestar como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales por parte de las derechas gobernantes tanto en España como en Catalunya) hacia el tema nacional, presentándose como los defensores de la unidad de España (por parte del PP y ahora Ciudadanos) o de la independencia de Catalunya (por parte de Convergencia, ahora llamada Democracia y Libertad). Son estas fuerzas las que se están beneficiando más en sus respectivos territorios. Ciudadanos ha añadido su voz, incluso con más radicalidad que el PP, a esta defensa de la “unidad de España”, ocultando con ello el enorme dolor que sus políticas neoliberales impondrán a la población catalana y al resto de España. Su victoria en el popular distrito de Nou Barris de Barcelona se debe a este supuesto “súper patriotismo” que, como en el caso del PP, esconde su dañino neoliberalismo, el cual ha tenido un impacto devastador en aquellos sectores de la clase trabajadora que le están votando (ver mi artículo “El neoliberalismo mata y pone enfermas a las clases populares”, Público, 14.12.15).

En realidad, Ciudadanos, aunque es nuevo en España, no lo es en Catalunya. Gran parte de sus dirigentes proceden del Partido Popular, un partido que siempre ha sido minoritario en Catalunya. El número uno de su lista por Barcelona, Juan Carlos Girauta, ha estado en sucesivas ocasiones en las listas del PP, perteneciendo a su ala más dura. Él mostró considerable comprensión hacia el golpe militar de 1936 en sus intervenciones en las tertulias de TV3 (donde llenaba el espacio de la derecha dura), habiendo indicado también que los atentados de Atocha del 11-M habían sido realizados por ETA, tal como promovieron Aznar y su grupo, postura que sostuvo durante muchos años, y ello a pesar de la abundante evidencia que mostraba lo contrario (“Girauta y la teoría de conspiración”, El Periódico, 16.12.15). Hoy, con la misma frivolidad, acusa a Podemos de apoyar a ETA, tal como hizo Esperanza Aguirre, la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Su comportamiento insultante, semejante a los Marhuendas e Indas en La Sexta Noche, apareció cuando, con una arrogancia de clase característica de la derecha española más reaccionaria, menospreció a la altamente popular alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau, refiriéndose a ella como “una persona de escasos estudios” (código para definir a las personas procedentes de las clases populares), una bajeza que refleja el calibre de tal individuo, conocido, por cierto, por ser un personaje de escasas luces y de limitado intelecto. Otra persona en Catalunya, también procedente del PP, y representativo de la derecha española más reaccionaria, el Sr. Alejo Vidal-Quadras, ha apoyado hoy también a Ciudadanos.

¿Qué pasa hoy en España?

Lo que está ocurriendo hoy en este país es una rebelión de movimientos político-sociales contestatarios hacia el Estado español, inicialmente surgidos en las periferias, que han encontrado apoyo por parte de una formación política, Podemos, que comparte esta plurinacionalidad del Estado español y que considera el bipartidismo borbónico imperante como el reflejo de un Estado agotado, impuesto, fallido y oprimente. Ello apareció en las últimas elecciones municipales, y aparece hoy con toda fuerza en estas elecciones. Independientemente de lo que ocurra este domingo, el hecho es que hoy existen movimientos populares que se están extendiendo a lo largo del territorio español, que demandan otro Estado, distinto del actual, que sea más justo, más solidario, más democrático, y que acepte su plurinacionalidad, pasando de un régimen borbónico uninacional, radial y uniforme a otro republicano, variado y poliédrico, mostrando la riqueza de su diversidad, en el que las clases populares ejerzan su derecho a decidir sobre todas las decisiones que afectan a su vida y bienestar, no solo a través de las instituciones representativos (poco democráticas hoy en día), sino también a base de fórums de democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado o de los Estados. Este domingo es un paso para ello. El reciente mitin en Madrid, donde más de 10.000 personas aplaudieron a la alcaldesa de Barcelona, coreando con ella “Viva Catalunya y viva el referéndum”, es un bello ejemplo de esta nueva España republicana que se está generando. Y la reunión, ayer, de representantes de las ciudades rebeldes de Galicia, así como del gobierno valenciano, en Barcelona, mostrando su clara hermandad en un proyecto común, es otro signo de ello. La España del futuro será diferente de la actual, pase lo que pase este domingo. Hoy España está llena de movimientos con una clara vocación transformadora que desean un cambio radical.