Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.

Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.

Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.

El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.

Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.

Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.

De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.