Como ya hiciéramos el año pasado, aprovechando la efeméride de la Pascua Militar en la que, siguiendo la tradición iniciada en 1872, el Rey y la Ministra de Defensa pronunciaran hoy un discurso desde el Palacio Real, me gustaría hacer un repaso a lo avanzado en 2017 desde el ángulo de la Defensa por parte de los que queremos un cambio en este país, y adelantar algunas líneas de los desafíos que toca afrontar en los próximos meses.

El año que hemos dejado atrás fue el primero de la legislatura en el que nuestra experiencia confederal, Unidos Podemos-En Comú-En Marea (UP-EC-EM), aterrizaba en el Parlamento - la fugaz legislatura XI apenas nos permitió tomarle el pulso a las dos cámaras. A pesar de la parálisis que el Gobierno ha querido imponer al poder legislativo, abusando del veto presupuestario y las prórrogas como nunca antes en la historia de nuestra democracia, desde la comisión de Defensa hemos tratado de ir dando pasos hacia unas Fuerzas Armadas más sostenibles, transparentes, y con más derechos para aquellos que están dispuestos a dar su vida por su país.

No es tarea fácil ya que, por la aritmética parlamentaria, el PP puede jugar con su “muleta naranja” o el PSOE para que todo quede igual, y que nadie levante las alfombras. Nuestra propuesta rechazada de auditar los Programas Especiales de Armamento (PEA) del Ministerio de Defensa, cuya partida presupuestaria ha obligado a un aumento histórico del presupuesto de Defensa en un 32% este año, y de la que existen evidencias acerca de importantes sobrecosestes y retrasos, lo corrobora.

Ahora bien, algunos pasitos hemos dado y conviene no obviarlos. Aprovechando los meses en los que el PSOE se reivindicaba de izquierdas y hablaba de una España plurinacional, logramos que el Congreso aprobara una proposición no de ley para que se presupuestara con más rigurosidad y realismo el coste de las operaciones en el exterior. Como el propio Tribunal de Cuentas venía denunciando desde hace décadas, esta partida presupuestaria se infradotaba, abusando a lo largo del año de los créditos extraordinarios que multiplicaban por 50 el coste ejecutado respecto al inicial. Ya le avisamos a la Ministra Cospedal en su última visita ordinaria a la comisión de Defensa -hace más de un año- que no seríamos cómplices de más argucias contables ni chanchullos con el dinero de los contribuyentes.

Asimismo, Unidos Podemos ha sido el primer grupo parlamentario que ha llevado la voz de la sociedad civil a las instituciones. Y no es ni mucho menos una cuestión estética o menor, sino que demostró su importancia. Gracias a la comparecencia de los representantes de los trabajadores de las bases de utilización conjunta en nuestro país (Rota y Morón), se puso en evidencia que la respuesta que estaba dando el Gobierno a algunas preguntas que tramitábamos a través del Congreso eran falsas. Concretamente, gracias a intervenciones como la de Rafael Chacón, quedó claro que Estados-Unidos no respeta la proporcionalidad estipulada en el convenio bilateral entre ambos países ni tampoco algunos derechos fundamentales que recoge nuestra propia Constitución. Lo peor de todo es que el Gobierno lo sabe y hace oídos sordos, mintiendo en su respuesta a mi pregunta escrita, aunque en la cámara de la soberanía popular se pudo expresar -y aclarar a todos los diputados y diputadas- lo que viven los trabajadores españoles de las bases en su día a día. Ahora hace falta que nuestro Gobierno deje atrás su patriotismo de hojalata y se digne a hacer efectivo para esos trabajadores el cumplimiento de la Constitución y el convenio bilateral con Estados-Unidos.

Hemos logrado otros avances en materia de transparencia y derechos, como la rescisión del contrato de Marsegur -una empresa pirata que paga mal y con retrasos al personal que supervisa algunas instalaciones del Ministerio de Defensa-, o que se facilite, previamente a las comisiones en las que se apruebe o renueven operaciones en el exterior, un informe sobre la pertinencia estratégica, los objetivos de la misma, así como los costes que se estiman.

En paralelo a toda esta actividad, y más allá de las visitas a las tropas en el extranjero en las que hemos participado (Líbano, Mali y Senegal) se ha desarrollado en el Congreso la subcomisión en la que se aborda la problemática que afecta a la escala de tropa y marinería con carácter temporal. Para el que no conozca esta situación, debe saber que a estos militares españoles son objeto de discriminación por razones de edad ya que al cumplir los 45 años deben abandonar las Fuerzas Armadas. Sin duda, un tema que me preocupa especialmente en esta legislatura, y que como se ha puesto en evidencia en las comparecencias de los expertos, no responde a criterios de operatividad ni se puede explicar más allá de una ley que ha sido mal aplicada por parte de los Gobiernos anteriores. Este incumplimiento deja en una situación de precariedad a un número significativo de miembros de nuestras Fuerzas Armadas en unas franjas de edad especialmente complicadas para su reinserción laboral. Si hay dos partes, y la que ha fallado es la otra, no se puede dejar al eslabón débil sufriendo las consecuencias.

Las comisiones y subcomisiones han sido otro instrumento más para ralentizar y paralizar el funcionamiento normal del Congreso pero en este 2018 no se va a poder pegarle más patadas al problema, y cada grupo parlamentario tendrá que posicionarse al respecto. En ese sentido, desde Unidos Podemos vamos a seguir trabajando para que, como figura en nuestro programa, se ponga en marcha una ley de carrera integral que incluya a todas las escalas (incluida la de tropa y marinería), y en medidas transitorias para los militares que se ven afectados ya por la discriminación a los 45 años, y los que van a empezar a sufrirla en los próximos meses.

El mensaje del próximo año por estas fechas, gracias a la presión que hagamos dentro y fuera de las instituciones, confío escribirlo con este tema ya encaminado.