Miren Etxezarreta

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y doctora por la London School of Economics.

Segunda entrega de una serie de dos artículos en los que analiza los Presupuestos Generales del Estado y los posibles escenarios futuros.

Los ingresos: El Gobierno pretende obtener alrededor de 12.000 millones de euros más en los ingresos. Con el sistema fiscal de este país que desde mediados de los ochenta favorece al mundo de los negocios y a los ingresos más altos, los ingresos fiscales se habían mantenido e incrementado gracias a la burbuja inmobiliaria. Al estallar ésta y generalizarse la crisis los ingresos caen en picado, por lo que es imprescindible aumentarlos si se pretende suavizar el déficit fiscal. Hay que decir que el Gobierno del PP por lo menos ha aumentado ligeramente las tasas del IRPF para los ingresos más altos y ahora en los presupuestos elimina algunas deducciones y desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, lo que sin duda aumentará la recaudación (estiman que en el Impuesto de sociedades aumentará en 5.300 millones y una cifra algo superior en el IRPF); así mismo ha establecido un pago mínimo para las grandes empresas, se acota la deducción para los gastos financieros y se acaba con la libertad de amortización para las grandes empresas. Se aumentan también el impuesto sobre el tabaco y las tasas que afectan a la justicia. Es decir, no se puede ignorar que el Gobierno del PP, ha introducido algunos modestos aumentos en ciertos impuestos que gravan a los poderes económicos del país y que, de momento, no ha aumentado aquellos impuestos que afectan directamente a las clases populares. Que es más de lo que se puede decir del Gobierno anterior.

El escándalo, la amnistía fiscal: Ahora bien, probablemente asustados por su audacia y para ‘compensar’ esta exigencia, no sólo el aumento de estos impuestos se ha establecido como ‘temporal’ (es decir, se volverán a reducir si la situación mejora) sino se ha establecido una generosa amnistía fiscal para los grandes defraudadores de la Hacienda Pública. Se ha establecido la posibilidad de regularizar la situación de los capitales de los particulares situados en el exterior (paraísos fiscales) mediante una tributación del 10%, cuando muy probablemente estos capitales habrían de tributar por lo menos el 35% en condiciones normales y, además, se les dispensa de cualquier penalización (multas) que pudieran tener por la evasión previa. Menos conocido, se permitirá, también, a las empresas que repatríen fondos que tengan en paraísos fiscales con un gravamen de sólo el 8% (dinero que a diferencia del de los particulares está en el exterior de manera legal por tener su origen en dividendos obtenidos en el exterior). Evitan así tener que tributar por el 30% vigente en España. En ambos casos un esplendido regalo para quienes evitan legal o ilegalmente la tributación normal en el Estado.

Regalo que no sólo supone una enorme ventaja para quienes defraudan al fisco frente a quienes tributan regularmente, sino que, además, es de muy dudosa eficacia. Ya que acceder a esta normativa es totalmente voluntario y no se ve muy bien que incentivo pueden tener los sujetos que defraudan regularmente al Estado para cambiar su actitud; más todavía cuando los procedimientos de control fiscal y lucha contra el fraude son extremadamente débiles en este país. La evaluación que se hace en los Presupuestos de que se integraran unos 25.000 millones de euros y producirán unos ingresos de 2.500 millones en 2012 es una apreciación totalmente voluntarista que no se corresponde ni con intentos anteriores similares hechos por los gobiernos socialistas, ni por recaudaciones que sistemas semejantes han logrado en otros países europeos. Puede interpretarse que este procedimiento de regulación fiscal es un muy tímido intento de mejorar la recaudación fiscal, permitiéndole al gobierno al mismo tiempo justificarse ante la opinión pública, hacer gala de progresismo, aparentar que ya se lucha contra el fraude. Probablemente no sólo ante la opinión pública del estado español, sino también ante nuestros socios europeos alarmados ante la magnitud del fraude fiscal en este país. De todos modos no deja de ser un fuerte agravio ante la ciudadanía que cumple regularmente con sus deberes fiscales y un ejemplo más de la enorme tolerancia de la Hacienda pública de este país frente a los poderosos.

El futuro: El presupuesto y las medidas tomadas desde que llegaron al poder indica el camino que nuestros dirigentes políticos se aprestan a seguir. El Sr. Rajoy ya ha aceptado con determinación que ‘no hay otra alternativa’, el estrechísimo margen de maniobra que los mercados y la UE nos conceden. Insiste en su inquebrantable voluntad de aceptar el papel subordinado que la UE le permite y le ofrece. Ha establecido la reforma financiera, la laboral, y descontado con facilidad una huelga general. Y se propone seguir por este camino. Desde agosto de 2011 había aceptado la estabilidad presupuestaria por la que con este presupuesto se apresta a presionar. La derecha del estado –incluyendo la de sus autonomías- nunca ha estado demasiado preocupada por la democracia, de modo que tampoco ahora es ésta una de sus máximas inquietudes. Que en la escena política europea manden dos personajes, que un ministro alemán venga a cuestionar nuestra situación económica, que los mercados sean quienes dicten nuestro presente y nuestro futuro porque nuestros grandes deudores tienen que pagar su deuda a los bancos del mundo, no parece que les inquieta demasiado. No ponen obstáculos a continuar en el mismo camino. Están dispuestos a ‘sacrificarse’ para exigir de la población los mayores sacrificios. Y ¿para qué?

El paisaje: Un país con 5 millones y medio de parados, con una previsión de casi 500.000 familias desahuciadas, la mitad de los jóvenes sin empleo, e igualmente un alto porcentaje de personas con más de 45 años. Los jóvenes más preparados emigran, la precariedad e incertidumbre de quienes trabajan es permanente, disminuyen quienes tienen un empleo que les permite tener un plan de vida. La sanidad y la educación se deterioran, la asistencia social disminuye acentuadamente, los jubilados tienen que mantener a sus hijos parados. Y, además, la capacidad productiva disminuye, la escasísima investigación existente se degrada, las empresas y los comercios se deterioran. Volvemos a una situación de hace varias décadas ¿Qué perspectivas ofrece a la población el capitalismo global, europeo, del país?