La reforma laboral perjudica gravemente la salud

Joan Benach

Profesor de Salud Pública en la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Toronto. Miembro del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (Greds-Emconet, UPF)

En las tres últimas décadas, la “globalización” neoliberal ha producido una fuerte “reliberalización” de los mercados financieros, una enorme concentración del poder económico privado, un aumento del control de las corporaciones sobre los Estados y la tendencia a “limitar” democracias muy restringidas. Contrariamente a la retórica conservadora comúnmente utilizada, los Estados han jugado -y siguen jugando- un papel esencial en el desarrollo de las políticas neoliberales tal y como muestran las enormes ayudas económicas destinadas a los rescates financieros, las reducciones del gasto público y prestaciones sociales, las privatizaciones de la sanidad y la educación, o el permanente ataque a las organizaciones y derechos sociales y sindicales. En ese contexto, la reciente reforma laboral impuesta sin debate público ni negociación social por el gobierno del PP representa en España una pieza clave en la profundización de esas políticas.

Aunque el gobierno asegura que es “un proceso necesario e inevitable”, que es una reforma “equilibrada” donde ganan empresarios y trabajadores, o que ayudará a los jóvenes a tener “un horizonte de futuro”. Nada de ello es cierto. En realidad, la reforma laboral es una opción política e ideológica, que representa una agresión sin precedentes históricos a los derechos de la población trabajadora y los jóvenes. El objetivo de la reforma es evidente: reforzar aún más el poder empresarial y debilitar a sindicatos y trabajadores a través de abaratar y facilitar los despidos, prescindir de los convenios colectivos fortaleciendo los “acuerdos” individuales, y precarizar el mercado laboral. El efecto de todo ello será muy profundo y de largo alcance, y no sólo por lo que hace a las condiciones laborales sino también a la salud y calidad de vida. Aunque aún tardaremos en disponer de las investigaciones que permitan medir su impacto, el conocimiento actual permite, plausiblemente, anticipar sus principales consecuencias.

La primera es aumentar el desempleo, lo cual tiene graves consecuencias para la salud pública. Uno de cada 5 parados europeos vive en el Estado español (5,2 millones) y tanto el PP como el PSOE estiman que la reforma empeorará la situación hasta acercarnos a los 6 millones de parados a finales de 2012. El desempleo no sólo paraliza carreras profesionales, crea miedo y reduce la autoestima personal, también aumenta el riesgo de padecer problemas de salud, morir prematuramente o suicidarse. El estrés crónico, por ejemplo, aumenta el riesgo de padecer depresión y enfermedades cardiovasculares, y consumir drogas. Cada problema es mucho peor aún en las familias obreras, los pobres e inmigrantes, y las madres solas con hijos. La segunda consecuencia es aumentar la precariedad laboral y el empleo informal. Los cientos de miles de subempleados, trabajadores sumergidos o informales, y otras múltiples formas de precariedad laboral (vulnerabilidad, salarios y protección escasa, pocos derechos e incapacidad de ejercerlos) sufren un fuerte impacto sobre su salud. Ya en 2005 la precariedad laboral afectaba a casi la mitad de la población asalariada española alcanzando un 90% en las mujeres obreras, inmigrantes y jóvenes.

La precariedad y la informalidad tienen un fuerte impacto negativo sobre la salud y la calidad de vida. La tercera consecuencia es empeorar las condiciones de trabajo. La reforma aumenta la flexibilidad interna de las empresas. Es conocido que la inseguridad laboral crónica empeora la salud física y mental y aumenta el número de visitas médicas. La distribución irregular de la jornada de trabajo, en especial el trabajo a turnos o la prolongación de la jornada, aumentan la fatiga, los accidentes, las enfermedades, los trastornos del sueño y la conciliación de la vida familiar. Todo ello aumentará los riesgos laborales, las enfermedades y accidentes de trabajo y el riesgo de muerte prematura. La cuarta consecuencia es reducir la participación en salud laboral. Numerosos estudios muestran la estrecha relación existente entre una mayor participación de los trabajadores (en sus diversas formas de representación y con los delegados de prevención) y un mayor nivel de salud. Debilitar los convenios colectivos y fortalecer los “acuerdos” individuales en las empresas debilita la participación sindical y la posibilidad de reducir los riesgos laborales y aumentar la salud laboral. La quinta consecuencia es fomentar el “presentismo” laboral, es decir, la presencia de trabajadores en sus puestos de trabajo aún y estando enfermos a causa del miedo al despido y la precariedad. El presentismo, más frecuente en colectivos con dificultades para hacer valer sus derechos, ha aumentado en los últimos años en España, lo que conlleva que muchos trabajadores pasan más horas de las establecidas en sus puestos de trabajo. Dado que faltar al trabajo puede suponer ser despedido con más facilidad, ahora el trabajador casi no tendrá ni el derecho a “ponerse enfermo”. Todo ello aumenta el número de errores y riesgos, deteriora la salud y empeora el bienestar y la vida familiar. La última consecuencia será aumentar la pobreza y la desigualdad. El desempleo, la precariedad y la reducción de salarios aumentan el número de “trabajadores pobres” y la desigualdad social. Además, también empeora la situación de quienes trabajan, en quienes aumenta la inseguridad y la presión para aceptar reducir sus salarios. Tanto la pobreza como la desigualdad social son determinantes sociales fundamentales que influyen negativamente en la salud y el aumento de desigualdades en salud.

En el actual contexto de crisis económica capitalista, la puesta en práctica de la reforma laboral significa un enorme paso atrás que no sólo empeora las condiciones sociales, de empleo y trabajo, sino que tiene graves consecuencias que perjudicarán muy negativamente la salud de las personas y de las familias.