La mayoría de la actual normativa laboral fue impuesta por el Gobierno del Partido Popular mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de febrero de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y sus posteriores desarrollos sin respetar el diálogo social ni el político. Los objetivos que el Gobierno del PP declaraba perseguir con su reforma laboral se pueden consultar en el documento: “Las reformas del Gobierno Español” (septiembre de 2012) del Ministerio de la Presidencia-Secretaría de Estado de Comunicación. Se citaban entre otras medidas: favorecer la empleabilidad, reformar el sistema de intermediación laboral y cambiar el sistema de formación para el empleo; facilitar la flexibilidad interna y dotar de primacía al convenio de empresa; fomentar la contratación y el empleo indefinido, un nuevo contrato de apoyo a los emprendedores y medidas para facilitar los despidos individuales y colectivos con la justificación de reducir la dualidad.

Aunque los anteriores enunciados pueden parecer demasiado generales o eufemísticos si se recurre a las hemerotecas se puede encontrar una interpretación de la reforma laboral de 2012 mucho más breve, clara y sobre todo autentica en la explicación que el entonces ministro de Economía del Gobierno Rajoy (Luis de Guindos), y actual vicepresidente del BCE, trasladaba en aquellos tiempos al comisario de Asuntos Económicos de la UE (Olli Rehn): “Será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos las indemnizaciones por despido”.

Cuando han transcurrido nueve años desde su aprobación nuestro mercado laboral acumula grandes desequilibrios que son las causas de las desigualdades y la pobreza laboral existentes, siendo de las más graves: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, el abuso de los despidos, la brecha de género y la ausencia de unas políticas activas de empleo de calidad que han deteriorado la formación para el empleo y la intermediación laboral. Estas carencias ponen en evidencia que aquella reforma laboral fue un fracaso rotundo ya que no consiguió ninguno de los objetivos que proclamaba, sino que en la mayoría de los casos agravo los problemas.

La reforma laboral de 2012, en realidad, fue y es un instrumento para mejorar la competitividad de las empresas a través de la precariedad y los bajos salarios. Debilito los derechos de las personas trabajadoras y desequilibro a favor de los empresarios la negociación colectiva ya que se pretendía debilitar a los sindicatos e impedir la posibilidad de articular un marco de relaciones laborales de forma equitativa. Derivado de todo ello, se retrasó, una vez finalizada la crisis, la posibilidad de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y se precarizó aún más el mercado laboral.

Si bien a partir de 2014 el empleo repuntó en España por encima de la media europea, con la recuperación de las economías internacionales, debido no a la reforma laboral, sino a que nuestra caída previa fue más profunda y fueron determinantes en esta recuperación la relajación de la dura política de austeridad impuesta durante la crisis financiera desde la UE y avalada por el FMI, el cambio en el signo de la política monetaria del BCE y el viento de cola generado por la reducción del precio del petróleo y las materias primas. Desde el momento en el que se relajó la austeridad fiscal el empleo y la actividad económica subieron.

La pandemia ha vuelto a incidir de manera más grave en las desastrosas consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas: debilitamiento de la negociación colectiva, privatizaciones y recortes de los servicios públicos. A la vez deja al descubierto los graves efectos que tiene situar a la libertad de empresa por encima del Derecho del Trabajo. Desde el inicio crisis sanitaria de la covid-19 el Gobierno de Coalición ha levantado “un escudo social”, mediante un conjunto de instrumentos económicos y sociales, que están orientados a preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares y que requieren ser ampliados por la persistencia de los efectos sanitarios, económicos y sociales del coronavirus. Hay una diferencia abismal entre estas políticas del Gobierno PSOE-UP y las políticas de austeridad, recortes y las contrarreformas laborales y de pensiones que impuso el Gobierno del PP durante la crisis financiera.

En el actual proceso de diálogo social el Gobierno de Coalición y las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT han llegado a un nuevo acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. Se trata del cuarto gran acuerdo por el empleo que se alcanza desde el inicio de la pandemia, a su vez el Gobierno también ha acordado con las organizaciones representativas del trabajo autónomo la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 mayo de 2021.

La actual crisis sanitaria, económica y social requieren cambios urgentes en la regulación laboral para superar los problemas arrastrados del pasado. El Gobierno ha trasladado ya a la UE las 170 reformas que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para el diálogo social la información es una condición necesaria, pues hasta ahora solo se han conocido de las reformas previstas las materias laborales y de pensiones y también hay que dejar claro que los fondos europeos no deben estar condicionados a mantener las reformas laborales y de pensiones del PP. La ministra de Trabajo y Economía Social informo recientemente sobre las líneas genérales de las reformas en el ámbito laboral, entre otras medidas cito: la reordenación de los tipos de contrato y el reforzamiento de la causalidad en la contratación temporal para impulsar la contratación indefinida, reequilibrar la negociación colectiva, así como la reforma de las políticas activas de empleo.

Esta agenda reformadora comprometida en el Programa del Gobierno de la Coalición Progresista requiere que el Gobierno garantice la información, la participación y la implicación de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales en todo el proceso a través del diálogo social. Sin un marco laboral democrático y participativo y sin revertir los daños causados por la reforma laboral no es posible un nuevo modelo productivo ni un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Es urgente abordar la modernización y reequilibrio de nuestro sistema de relaciones laborales a través la derogación de las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012, se deben mejorar de las rentas del trabajo y el SMI tiene que continuar su revalorización progresiva para llegar esta legislatura al 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea y hay que regular la protección de los derechos de las personas trabajadoras ante los retos de la digitalización y la descarbonización de la economía, todo ello es necesario para reforzar la cohesión, la igualdad y la justicia social en nuestro país.