ALBERTO MONTERO SOLER

Si uno vuelve la vista atrás apenas un par de años, se encuentra con los tiempos de los eufemismos para evitar hablar de la crisis al tiempo que se sacaba pecho aludiendo a la solidez de nuestro sistema bancario; en los que se rehuía la intervención pública y se confiaba en la retórica amable como principal instrumento de política económica; en los que se vaticinaba el aterrizaje suave de la economía y no el desplome a peso que vino luego. En definitiva, eran los tiempos en los que, entre otras cosas, se tenía que haber enfrentado el problema de la solvencia de las cajas de ahorro en lugar de esperar tres años para acabar entregándolas en las peores condiciones posibles a los especuladores financieros.

Nuevamente, en el caso de las cajas de ahorro, los elementos definitorios de la penosa gestión de la crisis por parte del Gobierno se aprecian con total nitidez: el retraso en la intervención y el carácter incoherente de las medidas aprobadas, junto a una política informativa engañosa acerca de sus alcances y efectos.

Que las cajas de ahorro eran la manzana más podrida del sistema financiero era algo sobradamente conocido, habida cuenta de su elevadísima exposición al riesgo inmobiliario. Sin embargo, hasta ahora no nos habíamos podido enterar de que esa exposición está próxima a los 150.000 millones de euros, una cifra muy alejada de la estimación de los 20 millones de euros que el plan del ministerio presentó como suficientes para capitalizarlas.

Lo sorprendente no es ya ni la cuantía de la exposición ni el desfase en la estimación del capital necesario para atenderla; es el hecho de que este ejercicio de transparencia se haya impuesto ahora como paso previo para que los inversores privados sepan qué riesgos están enfrentando y, sin embargo, no se exigiera cuando hubo que allegarles con anterioridad recursos públicos. Al parecer, los ciudadanos no tienen derecho a saber si los fondos públicos se estaban dedicando a salvar instituciones con problemas coyunturales de liquidez o estructurales de solvencia, y se impuso sin ningún tipo de información ni debate público que los riesgos asumidos por esas instituciones fueran respaldados por todos.

Lo que no se exigió entonces ahora se vuelve condición necesaria para unos inversores privados que, ante las cifras que manejan, se frotan las manos porque son conscientes de que, en numerosos casos, la obligación de capitalizarse o desaparecer que se ha impuesto sobre las cajas les permitirá comprarlas a precio de saldo y adquirirán derechos de gestión sobre las mismas. Lo que hagan después con ellas es fácilmente predecible.

Esto nos conduce de pleno al segundo de los elementos definitorios señalados más arriba: la manifiesta incoherencia de la propuesta gubernamental. Una incoherencia que, en este caso, reviste una doble dimensión.

Por un lado, constituye un despropósito forzar a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros planteando octubre como fecha tope –aunque prorrogable a marzo de 2012– para alcanzar los nuevos niveles de capital exigidos, cuando, precisamente, el trasfondo de la cuestión es que estos desconfían de su solvencia y les niegan esos recursos. Así parece haberse reconocido en las últimas declaraciones desde el ministerio,

en donde se comienza a plantear que el Estado debería empezar ya a aportar capital público a las cajas. Lo que nos lleva a pensar si este hecho no era más que conocido en el momento en el que se anunció el plan, pero no convenía anticiparlo precisamente a una semana de que se aprobara el pensionazo. Iba a tener muy mala lectura que el Estado estuviera dispuesto a emitir más deuda pública para capitalizar las cajas de ahorro al mismo tiempo que se recortaban derechos de ciudadanía.

Y, en segundo lugar, también sorprende que estas exigencias de recapitalización hayan sido publicitadas como el mecanismo que permitirá fortalecer el sistema financiero y reabrir el grifo del crédito, cuando existen dos efectos fácilmente predecibles que apuntan a lo contrario.

De entrada, porque induce un proceso más intenso aún de concentración oligopolística en el sector. Baste recordar que ya en los últimos dos años el número de cajas se ha reducido de 40 a 17 y que, además, la mayor parte de ellas se ven abocadas a convertirse ahora en bancos. Ello redunda no sólo en un mayor grado de exclusión financiera para muchos ciudadanos que tenían en las cajas su única vía de acceso a financiación, sino también en un encarecimiento de las condiciones del crédito para todos.

Pero también porque la propuesta de recapitalización impone una nueva contención sobre las operaciones de crédito y préstamos del sector, dado que cada una de esas operaciones, dependiendo de su tipología, implica el uso de recursos propios; recursos que, precisamente, son los que se les está exigiendo a las cajas que eleven. No hay que ser un genio de las finanzas para saber que este plan también tendrá, por ese lado, una repercusión contractiva en la política crediticia general.

La conclusión es que, al tiempo que se agravan las condiciones para la recuperación económica, desaparece del horizonte cualquier atisbo de reforma del sistema financiero que deviniera en una mayor presencia pública directa en el mismo.

Y frente a ello, como frente al recorte de las pensiones o a tantos ataques a instituciones de bienestar que creíamos intocables, el Gobierno obtiene la impasibilidad ciudadana como respuesta, lo que le deja las manos libres para actuar.

Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS

Ilustración de Jordi Duró