ANTONIO ESTELLA

Los objetivos de la reunión del Consejo Europeo del último fin de semana de marzo eran triples: primero, seguir respondiendo a los retos que plantea la crisis; segundo, preservar la estabilidad financiera de la Unión; y tercero, estimular el crecimiento de Europa. Sin duda se avanza en los dos primeros objetivos, pero los avances son bastante menores en relación con el tercero, lo que es absolutamente crucial para salir de la crisis.

Para conseguir los objetivos antes mencionados, el Consejo Europeo ha aprobado diversas medidas. En primer lugar, se pone en marcha de manera definitiva el llamado semestre europeo. Dos, se da un espaldarazo político a la mejora de la gobernanza económica europea. Tres, se adoptan nuevas medidas para restablecer la salud del sistema bancario europeo. Cuatro, se refuerza el compromiso de la Unión con el euro, incluyéndose un nuevo pacto al respecto. Y cinco, se adopta el Mecanismo Europeo de Estabilidad de carácter permanente (MEDE). Aquí es importante hacer un recordatorio de carácter legal: lo que el Consejo ha hecho en esta ocasión es dar luz verde a muchas de las iniciativas que previamente habían propuesto tanto la Comisión como la llamada Task Force de Van Rompuy; pero ello no significa que se vayan a implementar inmediatamente, puesto que necesitan todavía algo más de cocina legal para que puedan ver la luz del día.

El Consejo Europeo señala que los estados miembros habrán de hacer un ajuste adicional de alrededor del 0,5% del PIB de cara a 2012. Es decir, se piden más esfuerzos de contención del gasto. Además, el Consejo Europeo muestra su acuerdo con las seis propuestas de la Comisión europea sobre refuerzo de la gobernanza económica de la Unión, y pone un plazo tope para su aprobación: junio de 2011. De todo ello lo que más destaca es el refuerzo de la disciplina monetaria europea y la propuesta de sanciones contantes y sonantes para los estados refractarios a su cumplimiento.

La aprobación del Mecanismo Europeo de Estabilidad permanente merece ser analizado en un capítulo aparte. Lo primero que hay que recordar es que la aprobación de dicho mecanismo ha requerido de una reforma de los tratados, concretamente del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Lo cierto es que, desde un punto de vista legal, la reforma de este artículo no era realmente necesaria, puesto que una interpretación sensata del Tratado permitía sin duda la adopción del MEDE (¿es que nadie se ha leído el artículo 122 del TFUE?). En realidad, lo que pasó fue que el Tribunal Constitucional alemán señaló que el establecimiento de un mecanismo de estas características carecía de base legal en los Tratados, y amenazó con tumbarlo si antes no se reformaban los mismos. Es decir, que también desde un punto de vista legal Europa sigue el diktat teutón. En cualquier caso, y a pesar de ello, el MEDE se establecerá a través de un tratado entre los estados miembros que forman parte del euro, como organización intergubernamental de “derecho internacional público”.

Cabe preguntarse si eran necesarias tales alforjas para este viaje. Más allá de ello, el MEDE

será operativo a partir de junio de 2013, tendrá un capital de 700.000 millones de euros, de los que 80.000 millones deberán ser aportados por los estados miembros (a España le corresponderá aportar el 11,904%). Lo más interesante de este mecanismo es que no se elimina la posibilidad de la “participación del sector privado” en los rescates, una forma suave de aludir a la posibilidad de defaults de carácter parcial.

El Consejo Europeo incluye, además, un pacto que ha denominado “euro plus”. Aquí se incluyen referencias a la competitividad y al empleo, aunque algunos aspectos son más tranquilizadores que otros. Por ejemplo, se hace alusión de manera directa a la apuesta por la flexi-seguridad. Se dice, además, que los salarios deberán vincularse de forma más clara a la productividad y a la competitividad. Se vuelve a insistir en que, de acuerdo con la evolución demográfica, habrá que hacer nuevos ajustes en los sistemas de pensiones de los estados miembros. La buena noticia (una de las pocas en este sector) es que se hace una declaración muy clara sobre la necesidad de reducir la presión impositiva de las rentas del trabajo, al mismo tiempo que se insta al establecimiento de un impuesto de transacciones financieras de carácter global.

Por último, en lo que se refiere al crecimiento, se hace una nueva apelación a la necesidad de fortalecer el mercado único, reducir la carga regulatoria “en general” y fomentar el comercio con terceros estados, cuestiones que, en el contexto actual, parecen más una broma pesada que cualquier otra cosa.

Para acabar de cerrar el círculo del Gobierno económico europeo, es necesario llegar a un equilibrio entre austeridad y estímulo. En la reunión del pasado 24 y 25 de marzo, vemos mucho de lo primero y casi nada de lo segundo. Sin verdaderos estímulos al crecimiento económico productivo, Europa resolverá sus problemas de déficit y deuda, pero caerá en el estancamiento económico y en la irrelevancia internacional, con un grave coste para las generaciones presentes y futuras.

Antonio Estella es responsable de relaciones internacionales y cooperación de la Fundación IDEAS

Ilustración de Gallardo