VICENÇ NAVARRO

El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy de-

sigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía

y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).

A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una

enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and

Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o

en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de

trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy

en The Johns Hopkins University

Ilustración de Mikel Jaso