Todos sabemos que al Rey Viejo siempre le ha dado pereza acercarse al confesionario fiscal. También sabemos que en dos ocasiones el mal llamado “rey emérito” ha salido de su letargo tributario y, de forma extemporánea (transcurridos los plazos legales), ha ingresado ciertas cantidades que debía al Tesoro Público y a una Hacienda autonómica.

La primera vez que Juan Carlos I reconoció que estaba en fuera de juego se remonta al mes de diciembre de 2020. Entonces el Rey Viejo ingresó 678.393,72 euros (incluidos recargos e intereses de demora), correspondientes al uso de tarjetas opacas, a través de un testaferro, con cargo a una cuenta bancaria de la que era titular su amigo Allen Sanginés-Krause, un acaudalado hombre de negocios mexicano. Los “donativos” de este capitán de empresa se habrían devengado en 2016, 2017 y 2018 (períodos todos ellos en los que Juan Carlos I ni había ganado la prescripción ni gozaba ya del privilegio de la inviolabilidad regia).

La segunda regularización se produjo el 25 de febrero de 2021, por un importe de 4.395.901,96 euros (también incluidos recargos e intereses de demora). En este caso el Rey Viejo reconoció los pagos recibidos de la Fundación Zagatka, una entidad dirigida por su primo lejano Álvaro de Orleans.

Las autoliquidaciones realizadas por el Rey Viejo fueron conocidas por la opinión pública a través de sendos comunicados de su abogado, Javier Sánchez-Junco. En los dos textos, el letrado de Juan Carlos I manifestó literalmente que las dos regularizaciones fueron “espontáneas” (“sin requerimiento previo de clase alguna”). Sin embargo, en su edición del 20 de septiembre, el diario El País difundió la noticia de que el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo había comunicado formalmente al emérito (a través del letrado Sánchez-Junco) la apertura de diligencias de investigación relativas a la posible comisión de varios ilícitos criminales atribuidos al anterior Jefe del Estado.

Tres fueron las comunicaciones de la Fiscalía del Supremo. Las primeras se efectuaron antes de que el Rey Viejo ingresara, el 9 de diciembre de 2020, la cantidad de 678.393,72 euros. La tercera se produjo antes de que el emérito abonara al Tesoro 4.395.901,96 euros. En todos los casos, Sánchez-Junco acusó recibo de las notificaciones de la Fiscalía.

Los hechos difundidos por El País revelan un giro de 180º en la situación jurídica del Rey Viejo y (¡por qué no decirlo!) ponen al Rey Chico contra las cuerdas:

1.- Las dos liquidaciones del emérito no han sido espontáneas sino obligadas por tener sobre su cogote la sombra amenazadora de la Justicia. El antiguo monarca efectivo (ahora solo lo es a título formal) no puede amparar su conducta en la llamada “excusa absolutoria” (artículo 305.4 del Código Penal). Hablando en cristiano, Juan Carlos I no ha conseguido evitar una persecución penal por la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. Aunque, al parecer, los fiscales del Supremo están dispuestos a hacer la vista gorda en un asunto tan gordo como turbio. A la espera de noticias ibéricas, el Rey Viejo no puede despistarse de la amenaza legal sobre su real persona que pende en los tribunales de Ginebra y Londres, donde nunca ha gozado de la inviolabilidad (perdón, impunidad) que le ha regalado nuestro desquiciado Estado de Derecho.

El Código Penal, siempre que la cuota defraudada resulte superior a 120.000 euros, castiga el delito contra la Hacienda Pública con una pena de prisión de uno a cinco años, y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada. Aparte, claro está, del pago de la responsabilidad civil (el importe de la deuda tributaria). No obstante, el Código establece un subtipo agravado cuando la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando, en la comisión del delito, se hubieran utilizado personas físicas o jurídicas interpuestas, negocios o instrumentos fiduciarios, o paraísos fiscales. El Código, de esta forma, castiga con una mayor severidad los intentos, a través de los métodos antes citados, de ocultar o dificultar la identidad del obligado tributario, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario. En dichos casos, las penas previstas ascienden a la de prisión de dos a seis años, y multa pecuniaria del doble al séxtuplo de la cuota defraudada. Aquí aparece un riesgo más inquietante para el príncipe romano, debido a varios nombres propios: Dante Canonica, Arturo Fasana, Álvaro de Orleans, la Fundación Lucum y la Fundación Zagatka, por no hablar del militar de su Casa que hizo el canelo al utilizar a favor del emérito la tarjeta de Sanginés- Krause. Esto me parece lo peor de todo. Es inadmisible que el capitán general de las fuerzas armadas ordene recados a un sargento de cocina. ¡Cuánta prepotencia, Dios bendito!

2.- La vida privada del “piloto del cambio” me interesa menos que un comino. Otra cosa es la dimensión pública de sus actos, siempre velados por una opacidad impropia en una democracia digna de tal nombre. Ahora sabemos, además, que Juan Carlos I es un mentiroso compulsivo respecto a sus obligaciones ciudadanas con la Hacienda Pública de su país, al que ama (eso dice) como un oficial del Tercio se enrolla con la muerte. Hay amores que matan.

3.- El cazador de paquidermos africanos cree que la mejor defensa contra la Justicia es hacerse el tonto, mirar para otro lado y esperar a que los fiscales y los jueces (incluidos los de Suiza) se cansen o incluso se pudran. En sus comunicaciones formales, la Fiscalía del Supremo le invitó a personarse en las diligencias de investigación. Sin embargo, el emérito, pudiendo defenderse desde el primer minuto, ha hecho mutis por el foro. Una persona “normal” nunca habría despreciado la invitación dando un portazo. Como decían los viejos aduaneros: ¿Tiene el señor algo que declarar? –No, en la maleta solo llevo el pijama de seda, dos novelitas de pistoleros y la maquinilla de afeitar.

En esta coyuntura tan peligrosa para su progenitor (aunque la Fiscalía española ponga a su servicio una alfombra voladora para huir del Fisco español), entra en escena el Rey Chico, Felipe VI, que cuenta con la estima y el viento a favor que siempre expelen los padres de la patria: “su conducta es ejemplar”, como si fuera el maître del Restaurante El Rodizio. Aunque no existe ningún rastro de que Felipe VI haya seguido el tortuoso camino tributario del Rey Viejo, su conducta respecto a las supuestas tropelías de su padre puede merecer cualquier calificativo menos el de “ejemplar”.

En la actualidad, la Casa Real está compuesta por seis miembros: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y, por último, la reina Sofía. En relación con el ejercicio 2021, el legislador presupuestario asignó la suma de 8.431.150 euros para el mantenimiento de la Casa Real. El pago de dicha cantidad se efectuó mediante una transferencia directa a S.M. el Rey para el sostenimiento de su Familia y Casa. El rey Felipe VI decide en régimen de monopolio sobre la distribución interna de los fondos recibidos del Estado (recordemos que “Hacienda somos todos”). Felipe VI desglosa y reparte discrecionalmente las asignaciones individuales atribuidas a los miembros de la Casa y al personal a su servicio. En dicha labor le asisten el Jefe de la Casa (un cargo que, desde el 23 de julio de 2014, desempeña Jaime Alfonsín Alfonso) y el Secretario General (actualmente, Domingo Martínez Palomo). Creo que el mejor ejemplo de la omnipotencia económica (interna) de Felipe VI ha sido, hasta la fecha, la retirada de la asignación (161.636,34 euros anuales) a su padre el 15 de marzo de 2014, coincidiendo en el tiempo con la difusión en los medios de las cuentas e inversiones que Juan Carlos I tenía en el extranjero. La cantidad señalada no se devolvió al Tesoro Público, se quedó en la Casa para atender contingencias de diverso tipo.

El dominio que ostenta Felipe VI sobre la organización de su Casa no se limita a los capítulos económicos y financieros. Su poder es absoluto e incluye las decisiones relativas a sus miembros. Todos sabemos que, en su momento, el rey expulsó de su real Casa a sus dos hermanas, las infantas Elena y Cristina. Es decir, Felipe VI puede disponer ad libitum sobre el estatuto de las personas y sobre el régimen de las cosas que le rodean.

Enfocada así la responsabilidad de Felipe VI, sorprende la pasividad y, sobre todo, la falta de transparencia del rey sobre los desmanes tributarios (y probablemente los de otra naturaleza) cometidos por su padre, antes y después de su abdicación. Parece ser que el 15 de marzo de 2014 significó el punto final en la tarea de Felipe VI de oxigenar el palacio de La Zarzuela. Las irregularidades de Juan Carlos I no son ya rumores gaseosos ni noticias periodísticas. Con sus dos regularizaciones, el Rey Viejo ha reconocido y puesto al desnudo el incumplimiento persistente de sus obligaciones legales, de su pésima ralea como ciudadano español. ¿Por qué Felipe VI (por circunstancias subjetivas de mucha menor gravedad) apartó de su Casa, como si fueran leprosas, a sus hermanas Elena y Cristina, y no ha procedido a hacer lo mismo con su padre, objeto de una investigación penal por los fiscales del Supremo?

A los 43 años de la entrada en vigor, seguimos huérfanos de una ley que regule la organización y funcionamiento de la Corona. No me parece del todo impertinente suponer (solo suponer) que dicha omisión legal se debe a la voluntad regia, que está acostumbrada a usar el teléfono en posición de manos libres. Los Borbones ejercen sus derechos históricos y se aplican a sí mismos un célebre adagio de tiempos pretéritos: “Rex legibus solutus”. No obstante, tienen una serie de obligaciones con la soberanía popular que dimanan, de manera inmediata, de la Carta Magna. Por ejemplo, en mi opinión, el titular de la Corona no es ajeno al artículo 136 CE, que otorga al Tribunal de Cuentas el control de la tesorería del Estado. De acuerdo con su Ley Orgánica, el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas. Sin excepción alguna.

Juan Carlos I reside desde hace más de un año en Abu Dabi (uno de los Emiratos Árabes Unidos, que tienen la consideración de paraíso fiscal para las autoridades españolas). Al parecer vive en una mansión de lujo rodeado de escoltas y otras personas dedicadas a su servicio personal (médico, fisioterapeuta…) costeados por Patrimonio Nacional. No creo que sea impertinente preguntar la razón por la que todos los ciudadanos sufragamos con nuestros impuestos la vida muelle de una persona que, hasta hace cuatro días, no pagaba cantidad alguna a la Hacienda española. Tampoco creo que sea impertinente solicitar información sobre el coste total y su detalle por capítulos de gasto que origina la estancia del emérito en el Golfo, dicho sea sin mala intención.

Por otro lado, no estaría de más preguntar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, las razones que le han llevado a mantener vigente el Real Decreto de 2014 aprobado por Mariano Rajoy para conceder a Juan Carlos I el privilegio vitalicio de rey después de su abdicación, con los títulos honoríficos propios de un antiguo emperador de China.

El gran Albert Camus dijo en ocasión célebre: “Entre la verdad y mi madre, elijo a mi madre”. Vale, pero Camus no tenía ninguna responsabilidad institucional. El rey Felipe VI debe elegir la verdad y no a su padre. Si altera la opción se pondrá en grave peligro y, con él, pondrá en riesgo la convivencia social en España.