Los nervios afloraban en el ambiente. Veíamos el escrutinio esperando lo peor. La entrada de la ultraderecha en el Parlamento Andaluz y las encuestas posteriores, nos hacían temer un escenario horrible. Finalmente, los resultados no fueron tan temibles cómo esperábamos muchos de los que estábamos pegados a la última hora, pero igualmente preocupantes. Después de los resultados, los representantes de cada una de las formaciones salían para hablar a la prensa y militancias. En la sede del PSOE aparecía el ganador de la noche, Pedro Sánchez. Una gran multitud de gente se había acercado a la sede en Ferraz. Tras escuchar las primeras intervenciones de su líder, comenzaron a gritar: Con Rivera no. La militancia lo dejaba claro; no quieren un pacto entre el PSOE y la formación naranja.

Sin embargo, me consta que parte del electorado del PSOE prefiere un pacto con Cs (no entraré a valorar sus motivos) a un pacto con la izquierda que representa Unidas Podemos; pero la parte que vota al PSOE pensando en el mantenimiento y la mejora de lo público no merece un pacto con la mano política del interés privado.

Ello supondría un coste demoledor para toda la ciudadanía, algo de lo que sería muy difícil recuperarse. Necesitamos medidas urgentes, una mayor inversión en sanidad, mejora y puesta en práctica de la Ley de Dependencia, aprobar urgentemente la Ley de eutanasia... No podemos esperar 4 años más a que se pongan en marcha medidas necesarias y urgentes para la dignidad y la vida.

Ya estamos viendo cómo el pacto de las tres derechas en Andalucía empieza a tener consecuencias nefastas en los servicios públicos. La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, contó en este diario, cómo las tres fuerzas políticas han recordado ya en sanidad, ya que “la primera medida ha sido un trasvase directo de 15 millones de euros a la privada. Un 60% del presupuestos de un plan para atender al 30% de pacientes”.

Estos acuerdos del Gobierno de derechas andaluz ya han empezado a pasar factura a la ciudadanía y a la sanidad pública. Estos acuerdos prevén transferencias del sector público al sector privado - algunas ya han comenzado a ejecutarse-, sobre todo en el ámbito sanitario, como ha sido el “plan de choque contra las listas de espera” que se ha encargado a las clínicas privadas y liquidación de la subasta de medicamentos, y se había puesto en marcha para ahorrar el gasto en farmacia, clave para la sostenibilidad del sistema público y gratuito.

Ya en campaña, Toni Cantó abrió la puerta a la privatización en sanidad y educación con las siguientes declaraciones: "Queremos ver los números, si la educación de nuestros hijos es efectiva y es más barata con una educación concertada, no tendremos ningún problema, si la cama de hospital o la bajada de listas de espera es a través de un concierto con un hospital público y cumplen, no tendremos ningún problema".

Ciudadanos acude a la gestión privada como una manera de “abaratar gastos”, cuando diversos estudios aseguran lo contrario. Un informe publicado en 2012 por el sindicato CSIT Unión Profesional cifró en 955 euros al día lo que costaba mantener una cama en un hospital público, un 74% más barato que su equivalente en la sanidad privatizada. La apuesta política por privatizar la gestión sanitaria no obedece al principio de economía sino a principios ideológicos, que no dejan de ser intereses particulares para su propio beneficio en detrimento de la ciudadanía. Es fundamental explicar que mienten en sus propuestas cuando hablan de defender la sanidad pública y por ello es necesario desmontarlo con datos.

El partido naranja es contrario al Estado de Bienestar y sí es partidario del neoliberalismo económico, que afecta a nuestras necesidades básicas. Su política es tan liberal, que no sólo se queda en el libre mercado y la competencia brutal entre empresas, sino que también hinca sus garras en lo que son principios amparados por la Constitución, como lo son el Derecho a la Salud. Debe existir, por tanto, un pacto o acuerdo Estatal que refuerce y blinde la protección de derechos básicos para que ningún partido pueda hacer políticas contrarias a los intereses de todos. No podemos permitir que la Sanidad deje de ser un derecho para convertirse en un servicio sometido a la oferta y la demanda del mercado.

Un partido que ya ha demostrado en Andalucía su interés por la privatización junto con las dos derechas, no debe ser nunca un interlocutor válido para ningún Gobierno que se defina de izquierdas o progresista y que piense en el interés común. Es muy probable que no exista un pacto de Gobierno entre PSOE y Cs porque a ninguna de las formaciones le interesa, aunque los poderes económicos ya estén presionando para proteger sus intereses sin respetar el voto de la ciudadanía. Por tanto, debemos ser cautos porque todo podría ocurrir tras el 26 de mayo. Y por ello, como dejó claro la militancia del PSOE en la calle Ferraz el anterior 28 de abril, podemos y debemos decir alto y claro a Pedro Sánchez: No, con Rivera, no.