Santos M. Ruesga

Catedrático de Economía Aplicada y miembro del Consejo de Administración de RTVE (a propuesta de UGT)

Ilustración de Jordi Duró

El último Consejo de Ministros de 2011 resolvió disminuir la compensación por servicio público a la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) unos 200 millones de euros, un sexto de los ingresos previstos para el presente año. Este recorte se impone a una empresa pública que ya había hecho de la racionalización del gasto al servicio de los ciudadanos su seña de identidad en la gestión de los últimos años. Desde 2004, el gasto de RTVE pasó de 1.626 a 1.188 millones de euros; la reducción del gasto ha sido del 35% entre 2006, año en el que se aprobó un extenso Expediente de Regulación de Empleo, y 2010.

Estos niveles presupuestarios constituyen una anomalía dentro del contexto europeo, donde el servicio público audiovisual se ha instituido, por derecho propio y a lo largo de la historia reciente, en uno de los pilares esenciales del Estado democrático. Globalmente, el presupuesto de RTVE se situaría en el horizonte de la radiotelevisión pública danesa, suiza o austriaca, países con la quinta parte de población que España, o de Channel 4, el canal público alternativo británico.

El coste per cápita de RTVE es de 24 euros, ya muy por debajo de los 61 euros que gasta cada europeo en promedio en los sistemas estatales de radiodifusión, y aún más lejos de los más de cien euros por habitante que dedican alemanes, británicos, suizos, daneses o noruegos a su televisión. A cambio de este coste, comparativamente marginal en el entorno europeo, el primer canal de TVE, La 1, es el más visto por los españoles. TVE es la cadena que los ciudadanos valoran como la de más calidad, la más creativa, la más educativa, la más comprometida con la sociedad, la más neutral y la más imparcial. RTVE mantiene el liderazgo tecnológico en el sector audiovisual español y Radio Nacional de España acapara una oferta consolidada de información y servicio público homologable al de cualquier país europeo del entorno. Y todas esas virtudes se consiguen con una enorme eficiencia en su gestión presupuestaria en comparación con los actores privados con los que comparte espacio de mercado.

Conseguir un punto de audiencia le cuesta a TVE 39,2 millones de euros, algo más que a Telecinco (37,9 millones), menos que a Antena 3 (39,6 millones) y menos que a todo el resto de televisiones privadas. Sin olvidar que, a diferencia de los privados, el canal público incorpora en su programación multitud de espacios de servicio público, en su sentido más estricto, muchos de los cuales generan escasas audiencias. Es difícil ofrecer mayor rentabilidad social para los ciudadanos a menor coste. Al menos nadie en Europa consigue esos resultados.

Con las actuales cortapisas a formas privadas de ingresos, que constituyen el 27% de los ingresos de las empresas públicas de radiotelevisión en Europa, cualquier recorte adicional al presupuesto no sólo aleja a RTVE de cualquier marco comparable con la radiotelevisión estatal en Europa, con la excepción de Turquía (donde su televisión estatal, comparativamente mejor financiada que la española, nada en la marginalidad del 3% de audiencia). Deja a la empresa pública CRTVE al socaire de incumplir su propio marco legal, que la obliga, entre otros, a “ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a

todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público” y a “tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética”.

No es viable una radiotelevisión estatal con las máximas exigencias de contenidos, tanto en su marco legal como en su propia naturaleza dentro de un entorno europeo, sin una dotación financiera comparable. Simplemente no es posible. En la dinámica en la que se introdujo la Ley de Financiación de la CRTVE de 2009, no hay margen de maniobra para compatibilizar una reducción en los ingresos de 200 millones de euros con la continuidad del servicio público audiovisual en los términos exitosos en los que se ha venido prestando en los últimos cinco años. A lo que habría que añadir otras situaciones de riesgo financiero, tal como la posible ilegalidad, que pueden decretar los tribunales europeos, de la tasa que grava a los operadores de telecomunicaciones para financiar la televisión pública.

Así pues, a mi entender, habría que redefinir el marco legal de financiación actual de la CRTVE, dando entrada a ingresos procedentes del sector privado, tales como los patrocinios, y, principalmente, la publicidad, con el fin de compensar el impacto de estos y otros posibles recortes en los fondos procedentes del Estado. Y es que, con este escenario, corren, sin duda, malos tiempos para los medios públicos audiovisuales estatales.