El miércoles 17 de marzo en el Congreso vivimos con perplejidad un acto de irresponsabilidad política extrema. Un diputado de la bancada de la derecha profería a modo de insulto un “vete al médico” a Iñigo Errejón ante una muy certera intervención del diputado de Más Madrid defendiendo la necesidad de proteger desde lo público la salud mental.

La democracia española permite que cualquier persona mayor de 18 años pueda presentarse en unas listas electorales para poder ser elegido como representante de la ciudadanía. Sin embargo, solo con tener 18 años no es suficiente para ser dignos representantes en los parlamentos de nuestro país, lo que expresamos en nuestras intervenciones en las sedes de la soberanía popular debe ser ejemplarmente sensible con el sufrimiento humano.

Según el informe realizado entre enero y mayo de 2020 sobre defunciones por causa de muerte del INE, por grupo de enfermedades, la sexta causa de muerte en España son las enfermedades mentales y del comportamiento. Dicho informe sitúa el suicidio como la primera causa de muerte externa durante este periodo de tiempo. La primera.

Quienes hemos vivido de cerca el tremendo sufrimiento de las personas que padecen enfermedades mentales y diferentes alteraciones de la salud mental, conocemos desde la piel que al dolor de las propias enfermedades se añade la terrible losa del estigma.

Las personas que sufren este tipo de enfermedades son víctimas de señalamiento público, trato despectivo y de la consideración de incapaces, cuestiones todas ellas basadas en prejuicios y falsos mitos que bien merecen el rechazo más absoluto.

La psicología y la psiquiatría son especialidades que intervienen sobre el malestar de las personas para propiciar un mejor estado de salud mental. Normalizar que la ciudadanía acuda a esta modalidad de atención sanitaria sin sufrir prejuicio por ello es una tarea prioritaria. Cuando una persona va a una consulta de traumatología no lo oculta, cuando acude a una psicóloga sí. El “vete al médico” en relación a la salud mental, nunca debería ser insultante.

En el imaginario colectivo está muy arraigada la relación entre las enfermedades mentales o el malestar psicológico y la estigmatización de las personas que lo sufren. A tal efecto, muchos de estos problemas son silenciados y ocultados. Incrementar la sensibilización en esta materia y realizar labores pedagógicas de aproximación a la salud mental es una política pública que debemos trabajar desde las instituciones. Transformar nuestra sociedad en un lugar más habitable y con menos discriminación para las personas con enfermedades mentales es un reto que debemos asumir.

Lo que como democracia avanzada no podemos asumir de ninguna manera es que un representante público contribuya a la estigmatización de las personas con problemas de salud mental. Es aberrante que en sede parlamentaria se haga exaltación de la falta de humanidad y se ridiculice el sufrimiento.

La salud de nuestra democracia también se mide por la ejemplaridad de sus representantes. En el plano personal he coincidido con quienes políticamente han intentado desacreditar a compañeros que sufren o han sufrido enfermedades mentales. Siempre he pensado que para ser buen político hay que ser buena persona, y quienes intentan dañar a otros de esta manera están muy alejados de ser dignos representantes de la ciudadanía.

Es imprescindible reforzar la atención a la salud mental en nuestro sistema público, incrementar tanto las ratios de especialistas en psicología y psiquiatría como dotar de más recursos la Estrategia Nacional. El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, detallaba en el Congreso que desde el ejecutivo se está actualizando la Estrategia Nacional con una dotación en los PGE de 2,5 millones de euros. La salud mental debe ser un pilar fundamental de nuestra sanidad pública. Este camino es también el de la salud democrática.