Una reciente actuación de movilidad ha suscitado mucho debate: Madrid Central, una zona de bajas emisiones, que pretende favorecer al peatón, la bicicleta y el transporte público. En las 472 hectáreas que incluye, limitadas por el primer cinturón de circulación de Madrid (el de las rondas y bulevares), no hay calles de libre circulación, salvo algunos viales, por lo que se eliminó el tráfico de paso por el centro de la ciudad.

Los residentes, personas con movilidad reducida y servicios de seguridad y emergencias pueden acceder con sus vehículos, así como los vehículos con etiqueta ambiental Cero emisiones. Todos los demás cuentan con alguna restricción.

La medida es conflictiva en sí misma, pero, además, se puso en marcha sin pasar por un proceso de verdadera participación pública, aunque lógicamente la Ordenanza de Movilidad cumplió el requisito de consulta pública. De hecho, pronto apareció la Plataforma de Afectados por Madrid Central: el conjunto de las familias que no residían en Madrid Central, pero llevaban a sus niños a colegios de la zona reclamaron y consiguieron que el Ayuntamiento permitiera el acceso con coche para dejar o recoger a los niños.

El nuevo conflicto

Ahora, después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento, se quiere eliminar la actuación, quizá también sin una participación adecuada. A raíz del anuncio de su desaparición, se ha constituido la Plataforma de Defensa de Madrid Central, avalada por más de 200 000 firmas recogidas en las últimas semanas.

La participación no impediría el conflicto ni crearía fácilmente el consenso, máxime cuando las opiniones y los intereses están muy encontrados. A veces, incluso, cuando el conflicto está desatado, nadie asiste a una reunión informativa y sí, en cambio, a una manifestación.

Sin embargo, en planes y actuaciones de movilidad, la participación pública, abordada a tiempo y no de forma improvisada y poco preparada, ayuda a un mejor el conocimiento de los problemas. Hace aflorar los diferentes intereses y visiones que conviven en la sociedad y que a veces no se contemplan, ya que los problemas y sus soluciones responden a una realidad muy compleja.

No siempre se han aprobado los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o medidas como Madrid Central, por ejemplo, con suficiente participación. Esto se debe, por una parte, a que muchas veces la Administración confunde participación con mera “información pública” y por otra, la del ciudadano, hay poca cultura de participación. Pero se ha de avanzar en ese camino.

Ventajas de la participación pública

Analicemos las palabras del preámbulo del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales:

"En la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas medioambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta".

Estas palabras reflejan muy bien las razones fundamentales por las que la participación pública en la toma de decisiones de las administraciones, no solo ambientales, es interesante y deseable.

Hay ventajas evidentes de la participación pública en todos los ámbitos. Tienen que ver con conseguir una mayor madurez como sociedad, aumentar los consensos y, por tanto, evitar los conflictos, conseguir que los ciudadanos entiendan mejor por qué se toman las decisiones y que se impliquen más en la consecución de los objetivos del plan. Pero, sobre todo, contribuye a una mayor credibilidad de las instituciones y de los que toman las decisiones, de la que andan bastante necesitados en los últimos tiempos.

En paralelo, con una buena participación, los ciudadanos se sienten más valorados y hay un aprendizaje mutuo de ellos y de los responsables políticos, aunando esfuerzos y sensibilidades en objetivos comunes. Generar cultura de diálogo en la sociedad es también interesante.

Opinión ciudadana a nivel local

La participación se produce más fácilmente en proyectos locales, ya sean PMUS o Planes Generales de Urbanismo, probablemente porque las administraciones locales son más accesibles. En los últimos tiempos, se ha pedido opinión a los ciudadanos para proyectos concretos (como la remodelación de Plaza de España en Madrid) o incluso para decidir en qué se gasta el presupuesto municipal (presupuestos participativos), por ejemplo, en Madrid y Torrelodones.

Por qué, pues, no someter a participación algunas de las medidas ahora en cuestión. Nunca se va a contentar a todos, pero se conjugarían más fácilmente algunos intereses encontrados.

En los últimos años se han producido enormes avances en la normativa que regula y propicia la participación y, en general, una apertura de las administraciones a una mayor transparencia, por un lado, pero también a la opinión y aportaciones de los ciudadanos.

La población cuenta con distintas oportunidades de participación, como la página del Portal de Transparencia del Gobierno y la web que abre la discusión sobre proyectos normativos. Ahí se pueden encontrar todos los enlaces a todos los ministerios y los procesos de consulta abiertos en cada momento. Pero también los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con sus propios portales para permitir la participación de los ciudadanos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation