En estos meses de Gobierno de las tres derechas en Andalucía ya estamos siendo testigos del continuo desmantelamiento de la sanidad pública, iniciado por el anterior Gobierno de Susana Díaz.

Prueba de ello son las continuas protestas y movilizaciones de las asociaciones de pacientes, sindicatos y afectados en primera persona; en las que denuncian la externalización progresiva de servicios y los recortes.

Entre otras, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha denunciado que el déficit de contrataciones es ya alarmante y está poniendo en serio riesgo servicios fundamentales de atención sanitaria como por ejemplo las Urgencias hospitalarias. Especialmente preocupante es este hecho en zonas densamente pobladas donde el volumen de contratación de médicos no deja de decrecer.

Por su parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP) anunció que su departamento dispondrá de un total de 11.056 millones de euros, lo que supone un 28,7% del presupuesto total y un crecimiento del 4,27% respecto a las cuentas de 2019.

Sin embargo, las asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y afectados desconfían de sus palabras, quizá por declaraciones precedentes en las aseguraba que “es muy bonito hablar de que queremos más, pero si no hay, no hay, lo que hay que ver es qué cesto hacemos con el mimbre que tenemos, ser realistas, porque no estamos en tiempos de utopía, sino de abrocharnos el cinturón”.

La preocupación por el estado de la sanidad andaluza ocuparía el tercer lugar, tras la falta de empleo y la insatisfacción política, según el barómetro elaborado por el conocido como CIS andaluz -una creación del nuevo Gobierno-. Este malestar se ve reflejado en las protestas que se han estado sucediendo estos últimos meses en las distintas provincias andaluzas. El mismo Sindicato Médico, al que ha pertenecido el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, está muy enfadado con la manera de gestionar del nuevo ejecutivo y, en un comunicado, en el que lamentan que el Gobierno “no cumpla con sus promesas” anuncian también movilizaciones contra el proyecto de ley de presupuestos para el año 2020.

Entre las exigencias de los sindicatos movilizados se encuentran la cobertura del 100% de las contrataciones programadas, contratos de larga duración y sustituciones de todas las categorías profesionales. Tan sólo en Sevilla habría una 600 bajas sin cubrir. De hecho, si la sanidad pública andaluza, así como la madrileña siguen funcionando es gracias a los y las profesionales de la salud. Estas reivindicaciones se unen a la denuncia que se hizo por el Sindicato de Enfermería de Valme, donde se han vuelto a habilitar habitaciones triples en plantas de hospitalización, por la situación caótica provocada por los recortes en personal por falta de sustituciones. Se trata de una situación lamentable que afecta tanto a pacientes como a profesionales de enfermería, que realizan una carga muy por encima de la recomendada, con hasta 15 pacientes en una planta de hospital, mientras que la ratio segura es de entre 6 y 8 pacientes.

Además, el resto de permisos reglamentarios del personal no se están sustituyendo, lo que, unida a una plantilla insuficiente, provoca que el personal desempeñe su trabajo y el de sus compañeros ausentes por bajas. Y es que una de las denuncias que protagonizaron las movilizaciones de la semana anterior en Málaga, versan sobre la enorme reducción en las renovaciones de contratos eventuales del SAS en la provincia.

El actual Gobierno de las tres derechas no se hace cargo y sigue usando el mantra de la “herencia recibida” del anterior Ejecutivo (PSOE), en lugar de hacerse cargo y tomar medidas. La realidad es que lejos de parar el desmantelamiento previo de la sanidad en la Comunidad, siguen fomentándolo a marchas forzadas. En el presupuesto aprobado para este año, las partidas para personal quedan prácticamente igual, mientras las destinadas para gastos a proveedores externos (reactivos, prótesis, conciertos) se incrementa en 400 millones de euros.

Además, la derecha andaluza se quiere cargar la subasta de medicamentos, lo que serán 200 millones de euros más cada año para la industria farmacéutica; y ya de paso eliminar el concepto de exclusividad de los médicos y cargos intermedios del SAS, para favorecer el paso de facultativos al sector privado y la gestión de lo público desde la privada.

Solo desde la defensa del sector público es posible concebir que nuestros derechos prevalezcan sobre los intereses de las multinacionales sanitarias y la privatización de la sanidad. Por todo ello y aunque es comprensible la desafección política y el hartazgo por el bloqueo político institucional, no debemos quedarnos en casa el domingo. Podemos aportar nuestro granito de arena para defender una vez más, y las que sean necesarias, nuestros derechos.