Tu seguro sanitario privado (y cada día el de más gente)

Tener un seguro sanitario privado is the new black en la Comunidad de Madrid. Dentro de poco habrá más gente con él que sin él en dicha región (no en el resto de España). Esto supone muchas cosas, una de ellas es saber por qué se llega a esta situación y cómo hacer que quien quiera lo tenga, pero que nadie se vea obligado a ello, en un contexto de debilidad crónica de lo público.

Hay muchos motivos para contratar un seguro sanitario privado. De todos los posibles, hay dos que no deberíamos permitir como sociedad: I) que las listas de espera sean tan largas que la gente sienta que no obtiene la asistencia que necesita en el momento en el que la necesita y II) que la población no tenga acceso a la atención sanitaria fundamental que se lleva a cabo en la atención primaria.

Según los datos más recientes, un 24,4% de la población española tiene un seguro sanitario privado. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje se dispara al 38,1%. Casi 4 de cada 10 personas tiene un seguro sanitario privado en la Comunidad de Madrid. En los últimos 3 años, la Comunidad de Madrid ha visto cómo se contrataban más seguros que en los 7 años anteriores juntos, cosa que no ha ocurrido en el conjunto de España.

Estos datos ocurren con un contexto muy determinado: las listas de espera en la Comunidad de Madrid se han disparado; en tan solo un año el número de personas esperando para ser vistas en una primera consulta de atención especializada ha aumentado en 172.000 personas, y en casi 40.000 para una prueba diagnóstica o terapéutica. Más del 60% de las personas en esas listas de espera pasan más de 90 días hasta ser vistas en consulta, cifra que es del 54% en el caso de las pruebas; la espera media para ambos casos ya superan los 60 días.

¿Qué ha pasado para que esto sea así? ¿Por qué crecen los seguros privados en general y por qué Madrid es líder en este aspecto?

Lo evidente lo conocemos porque se deriva de preguntarle a la gente por qué contrata un seguro privado. Cada vez que un estudio o encuesta lo hace son dos las respuestas que se repiten: para evitar las listas de espera (respuesta principal) y para ir al especialista hospitalario sin pasar por atención primaria. Es decir, listas de espera abultadas y una atención primaria que hace aguas y cuyo papel central en la salud de la población desaparece en el imaginario colectivo cuando quien más la desprecia es quien debería gestionarla, son el cocktail perfecto para que los seguros privados crezcan como la espuma.

Lo menos evidente, y se relaciona con cómo tratan los gobiernos y las instituciones a los seguros privados. Estos funcionan dopados en al menos dos aspectos en nuestro país: I) por un lado, la contratación de seguros sanitarios privados por parte de las empresas puede suponer una desgravación fiscal; es decir, la sociedad en su conjunto financia los seguros privados que contratan las empresas; II) por otro lado, la sanidad privada recibe un número importante de funcionarios que tributan mediante unas mutuas que contratan con ellos las prestaciones sanitarias; esto supone sustraer la aportación de los empleados públicos de la caja común de la sanidad y destinarla a un seguro privado.

En definitiva, los seguros privados crecen básicamente donde se juntan tres factores: en primer lugar, un sector privado pujante que crece, en parte, gracias al calor de un sector público que les asegura ingresos estables de forma prolongada (las concesiones son, para esto, más estables aunque más trabajosas que los conciertos); en segundo lugar, un sistema sanitario público que no da respuesta a las demandas de la población, ejemplificado por las listas de espera que crecen sin cesar; por último, un nivel de renta que permite buscar la diferenciación de parte de la sociedad mediante la compra de un seguro que funcione como un generador de status.

¿Qué hacer? Más allá de la demonización.

Cuando los seguros privados entran en el debate, en seguida suelen aparecer discursos aleccionadores sobre la poca moralidad de los mismos o limitaciones del discurso al mantra de “sanidad pública y universal”. Sin embargo, esto no sirve de hoja de ruta para resolver tres aspectos que son clave: recuperar la centralidad de la legitimidad social de la sanidad pública, lograr unas condiciones de acceso y desempeño del sistema sanitario que no empujen a la gente al aseguramiento privado, y evitar una situación en la que la sanidad privada debilite la pública simplemente con su mero funcionamiento.

En relación con lo primero, es clave señalar que la sanidad pública no es sostenible por algún complejo cálculo econométrico, sino porque existe una legitimación social para destinarle recursos. Para ello, es imprescindible que las personas de todas las capas de la sociedad hagan uso de ese servicio público y sientan que el dinero de sus impuestos que va destinado a financiar la sanidad (tanto su uso como la tranquilidad de saber que tienen esa red de seguridad). Esto señala de forma directa a las rentas altas, del mismo modo que también señala a un colectivo cuya falta de uso de la sanidad pública es tremendamente anómalo: el funcionariado. La sanidad universal lo es hacia arriba y hacia abajo, y para ello es fundamental atraer a las élites económicas al sistema. Esto implica no solo mejoras en las esperas, sino también cosas tan básicas como garantizar presencialidad en las consultas (un paseo por la terminal de llegadas del AVE en Madrid nos muestra cómo ahora lo que la privada oferta como un rasgo diferencial no es la atención telemática, sino la presencial) o la renovación de las infraestructuras de los centros de salud de atención primaria.

En lo relativo a la mejora del sistema sanitario, lo primero es ser consciente de que para salir del agujero lo primero es dejar de cavar; en un contexto de desafección profesional por el propio sistema sanitario público y aumento notable de las listas de espera hay que garantizar, por parte de las administraciones una especie de pacto con la ciudadanía y los profesionales por el cual garantizar para los próximos 5-10 años una financiación creciente y sostenida así como cambios en las formas de funcionar del sistema que permita innovaciones organizativas como las recientemente anunciadas Unidades de Control de la Demora en la Comunidad Valenciana, que pongan la inteligencia gestora al servicio del beneficio de la población y el mejor funcionamiento del sistema y los profesionales.

El último aspecto es el ligado a las condiciones que posibilitan que la privada funcione dopada. La desgravación fiscal de los seguros de los autónomos o los contratados por las empresas no ha demostrado suponer una disminución en el gasto sanitario público o aliviar las listas de espera (las listas de espera de pruebas y consultas en la Comunidad de Madrid son buena prueba de ello), así que carecen de sentido, porque rompen el principio de solidaridad de la financiación del sistema sanitario público.

El seguro sanitario privado individual es el ejemplo del sálvese quien tenga frente a las respuestas basadas en el apoyo entre todos para que se beneficie quien más lo necesite. No es reprochable a nivel individual, porque no se puede pedir que cada uno ponga su salud por delante para defender un sistema en el que cree pero que está gestionado por gente que no cree en él; sin embargo, sí podemos afirmar que no es lo deseable socialmente.

No es la hora de las homilías moralizantes ni de los relativismos políticos que huyen de posicionarse ante nada. Hace falta asumir responsabilidades y la de los gobiernos es hacer que aquello que es socialmente deseable también sea lo individualmente elegido. En este caso, la labor de los gobiernos es dejar de empujar a la gente hacia los seguros privados, dejando que quien quiera los contrate, pero garantizando que nadie se vea obligado a ello para cubrir sus necesidades en salud. Servicios sanitarios fuertes para sociedades fuertes y cohesionadas. Regulación de los seguros privados para que no sean parásitos de lo público. Relegitimación de lo público para que sea preferible y deseable por toda la población, independientemente de su renta o sus ansias de aparentar cierto status social.