Por Sara Bailac *, Pilar Vallugera*, Diana Riba*, Tània Verge*, Raquel Sans* y Laura Castel*

Los derechos que tenemos hoy son fruto de una larga lucha para conquistarlos. Los derechos de las mujeres y los derechos del colectivo LGBTI+ han sido reconocidos después de siglos de opresión y a partir de la reivindicación y la movilización social para hacerlos valer. La legislación actual reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, los derechos de las personas LGTBI+ a casarse y tener hijos o el derecho a morir dignamente.

Por eso, es alarmante que se abran las puertas de las cámaras parlamentarias a grupos ultraconservadores que promueven el retroceso en los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI+, derechos que han costado mucho conseguir. Es una amenaza que las sedes de la soberanía popular se llenen de discursos que entran en conflicto con los derechos fundamentales, y que muy a menudo incitan el odio, la discriminación o la violencia hacia las mujeres y las personas LGBTI+, especialmente, contra las personas trans.

Vivimos esta tensión a diario en las cámaras parlamentarias cuando los partidos de extrema derecha, niegan la existencia de las violencias machistas, y los recursos que hay que dirigir para combatirlas, cuestionan el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, o ponen en entredicho el derecho de las personas LGBTI+ simplemente a existir. También, cuando los discursos ultraconservadores amenazan claramente la igualdad y los derechos que, como decía Simone de Beauvoir, “nunca son adquiridos”, sino que “basta con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados”.

El enésimo ataque a estos derechos es el activismo político ultraconservador organizado a escala global para influir en las cámaras legislativas y la política internacional. No es menor que el Partido Popular abra las puertas del Senado español para acoger una cumbre de la Red Política de Valores, un lobby contrario a los derechos de las mujeres, que no respeta el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, y que niega derechos a las personas del colectivo LGBTI+. La cumbre, que tendrá lugar el 2 de diciembre en la cámara alta, servirá de altavoz de las tesis reaccionarias de políticos de todo el mundo, desde el partido del presidente húngaro Víctor Orbán, del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, o del actual presidente argentino Javier Milei, hasta diputadas de Uganda, donde recientemente se ha aprobado una de las leyes anti-LGBTI+ más duras del mundo con penas que incluyen la cadena perpetua, pasando por ex líderes del PP, como por ejemplo Jaime Mayor Oreja. También, a otros líderes políticos de todo el mundo que han manifestado su apoyo a las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile o de Francisco Franco en el Estado español.

Como parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI+, que defendemos sociedades plurales donde todo el mundo pueda desarrollar con libertad sus proyectos de vida, consideramos que las instituciones democráticas no tienen que ser un espacio de promoción de aquellos grupos que amenazan estos derechos que por fin reconoce y contempla la legislación y que hay que garantizar. Por eso, la autorización por parte de la Mesa del Senado para la celebración de esta cumbre reaccionaria, nos obliga a responder y reclamar que las cámaras parlamentarias tienen que ser, ahora más que nunca, un baluarte de defensa de los derechos humanos y un espacio de confrontación a los movimientos ultraconservadores y, en ningún caso, una plataforma desde donde amplificar discursos que atentan, incluso, contra la democracia.

Decimos no a la cumbre anti-abortista, anti-LGBTI+ y anti-derechos: ni en el Senado ni en ningún lado.

*Senadora, *Diputada, *Europarlamentaria, *Diputada, *Vicepresidenta del Parlament, *Senadora y miembro de la PACE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa). Todas las firmantes son de ERC