Cuando los conquistadores españoles llegaron a tierras del Tahuantinsuyo encontraron a los hermanos Huáscar y Atahualpa confrontados. Las tropas españolas, en su mayoría analfabetas, entendieron rápidamente que para dominar los recursos naturales y garantizar las extracciones mineras había que repartir dádivas a unos y a otros, según la conveniencia del momento y del lugar. Mientras los hermanos, sus familias y allegados se peleaban, la Corona española tenía asegurado su peculio.

A día de hoy, después de más de 500 años, el sistema se mantiene. Refinado y moderno, pero el sistema es el mismo. Las empresas transnacionales extractivas –entre ellas las de España- utilizan el soborno, la corrupción y las coimas para mantener sus amplios márgenes de beneficios. Las grandes empresas transnacionales ganan mientras la población se queda con sus ríos contaminados y sus pueblos diezmados.

En el interior de Perú hay representantes de la oligarquía blanca, cómodamente instalados en Lima, herederos del colonialismo más rancio y del racismo más mísero, que siguen viviendo de esos diezmos que les proporciona el capital extranjero. Muchos diputados y diputadas –representantes de esta oligarquía- reciben coimas con una mano y con la otra votan leyes que benefician a los intereses de estas empresas.

El pueblo, en su día, eligió como presidente a Pedro Castillo. Pero esos sectores oligárquicos se conchabaron para echar al maestro venido de zona rural. El pasado 7 de diciembre, el Congreso destituyó a Pedro Castillo como Presidente de Perú.

El presidente del Congreso fue señalado, en su día, como miembro de la cadena de mando que asesinó a 61 personas, 23 de ellos niños, en Accomarca, Ayacucho y estuvo en la incursión militar en la embajada de Japón, donde fueron ejecutados extrajudicialmente miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, es firmante de la Carta de Madrid impulsada por VOX.

Pues en este Congreso, pilotado por este personaje, se sientan corruptos declarados, corruptos con proceso judicial y presuntos violadores de trabajadoras en las oficinas parlamentarias.

El Congreso está totalmente desprestigiado. Cerca del 86% de la población del Perú rechaza la gestión del Congreso, según los resultados de una encuesta de finales de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Pero no solamente el Congreso es un nido de corruptos y corruptas. La corrupción corroe al Poder Judicial y a la Fiscalía.

Por lo tanto, enaltecer la “institucionalidad” en el Perú es una broma de mal gusto.

En siete años habido seis presidentes. La población está harta y lleva movilizándose desde hace muchos años. La población quiere y demanda soluciones a sus problemas y lo que reciben son balas. Mueren a balazos o mueren de hambre.

La represión es especialmente virulenta contra una población que solo defiende sus escasos derechos. Las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales han recibido órdenes -de la presidenta no electa, Dina Boluarte- de disparar al cuerpo.

Al momento de escribir este artículo, se reportan 27 personas fallecidas a nivel nacional: 21 producto de enfrentamientos de manifestantes con efectivos de la Policía y de las FFAA, y otros seis indirectos (accidentes y hechos vinculados a los bloqueos de vías).

Además, hay más de 600 heridos en los 13 días de protestas, 357 civiles heridos (62 continúan hospitalizados) y 290 efectivos de la PNP heridos.

Las regiones más afectadas por la represión son Ayacucho y Apurímac. En esta última, todos los fallecidos eran adolescentes de entre 15 y 19 años. Trabajaban en actividades agrícolas o en construcción para mantener a sus familias. Soñaban con ser futbolistas, farmacéuticos, médicos, policías y artistas. En Ayacucho, gran parte de ellos murieron por impactos de armas de fuego en el tórax, cuello y cabeza, según Ojo Público.

En la represión de las manifestaciones se utiliza munición prohibida y armas de fuego contra civiles. España vende a Perú armas que después son utilizadas en estas manifestaciones, según Amnistía Internacional y el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

También se disparan bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, detenciones arbitrarias, infiltración de policías encubiertos en las marchas, sembrado de pruebas incriminatorias, entre otras.

La Misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia en el país. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el incremento de los hechos violentos y ha exigido al Estado peruano sancionar a los responsables.

La actual situación requiere que la Comunidad Internacional –y especialmente el Gobierno que preside en España Pedro Sánchez- alcen su voz para frenar esta sangría, este genocidio que se está cometiendo contra un pueblo desarmado y que sólo tiene sus voces para hacerse oír. No esperemos acumular más muertos encima de la mesa. Se requiere que de manera inmediata se ponga alto a las muertes por disparos de las FFAA y policiales. Que los responsables de las FFAA y policiales sean juzgados y asuman sus responsabilidades. Que la Presidenta, junto con sus ministros de Interior y de Defensa, sean juzgados por crímenes de lesa humanidad. Y, por supuesto, que dimitan. Ocho de cada diez personas quieren que se vayan todos.

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, tiene la oportunidad de pedir al Gobierno peruano que no haya más muertes en las movilizaciones. Respeto a los derechos humanos y que los responsables de las violaciones respondan ante la justicia.

No se puede avalar desde el exterior la política represiva en Perú. Hoy en día apoyar la “institucionalidad” es exigir frenar esta sangría.