¿El sol es de alguien?

¿El agua tiene dueño?

¿De quién es el viento?

Son cuestiones de viva actualidad.

Recordemos el impuesto al sol del 2015, que gravaba el autoconsumo y pretendía que la gente pagara, todavía más, a Red Eléctrica. Y se tumbó por usura, aunque las razones formales eran otras, porque en este mundo en el que vivimos aprovecharse de los recursos comunes para beneficio propio es de emprendedor.

O las inversiones millonarias de centrales eólicas y fotovoltaicas a las empresas de siempre, estas que ganan euros con las cosas de todos y cotizan en bolsa, y que nunca reparten el dinero a pesar de recibir montones de fondos públicos. Las mismas de la factura de la luz y del gas. Estas que le dicen a los gobiernos y a los parlamentos y a las comisiones gestoras es el mercado, amigos.

O las centrales hidroeléctricas de los Pirineos, que lamentablemente son el símbolo del negocio del agua.

De hecho la semana pasada la CUP-PR apoyó el RD 17/2021 con un posicionamiento muy claro: el texto es un primer paso reforzar el pulso contra las eléctricas y tratar el acceso a la energía como un principio democrático de nuestro tiempo. El RD en su artículo 10 se refería al “uso racional de los recursos hídricos” para evitar que las grandes corporaciones vacíen los lagos, ríos y estanques, y nosotras anunciamos en el pleno que estiraríamos este apartado para instar al Gobierno que obligue a los registros de aguas a actualizar el estado de las concesiones de las Centrales Hidroeléctricas, en manos de compañías privadas y en la mayoría de los casos con contratos firmados hace un siglo que a veces llegan hasta el año 2061, incumpliendo la ley y constituyendo un supuesto fraude en la fecha de las concesiones.

¿Que cómo puede ser? Pues porque la ley de Patrimonio de las Administraciones públicas establece que para explotar el agua se necesita una concesión, que se tiene que inscribir en el Registro público de Aguas, y que es de máximo 75 años. Esta norma es de 1923, pero en 1985 el gobierno de Felipe González prorroga las tramitaciones con la Ley de aguas y hay muchas concesiones que en total se alargarán más de 100 años.

¿Que quién explota los ríos? Las mismas corporaciones de es el mercado, amigos. Los señores del agua.

Pero no todos los contratos se acaban a finales de siglo. Hoy en día ya hay varias centrales que han llegado al final de su concesión, y que han de pasar a control público. Pero ¡salta la sorpresa!, solamente se han conseguido revertir 5 centrales en Aragón, y además gracias a la batalla de los ayuntamientos afectados en los tribunales. Ni cuando caducan se puede asegurar que los beneficios pasen a las entidades locales.

También hay otras concesiones a punto de acabarse, que si se quiere que pasen a manos públicas se deben empezar a controlar antes que lleguen a su fin. Para evitar que el privilegio de los señores del agua continúe con otro concurso aparentemente inevitable y neutro en el que la deriva de la administración parece ajena a quién se lleva el dinero.

Incluso hay adjudicaciones que se alargan porque se falsea la fecha inicial de explotación.

En Catalunya por iniciativa de la CUP ya hay varios municipios que quieren seguir los pasos de las cinco centrales aragonesas. Ha llegado la hora de que el agua de nuestros ríos vuelva a ser de la gente. Que las centrales hidroeléctricas puedan convertirse en nodos de producción comunitaria gestionados con criterios públicos por los municipios. Parece mentira que ni en plena crisis climática los señores del agua puedan dejar de ganar dinero. Si el agua es de alguien, que sea del pueblo. Y como decían por allá por los 2000, para todos, todo.

Veremos qué hace el gobierno más progresista de la historia.