En 1951, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), los seis Estados signatarios –la República Federal de Alemania (RFA), Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos– se declaraban “resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”. Los mismos signatarios retomaron esta formulación en el Tratado de Roma de 1957, que dio origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) –convertida en Unión Europea (UE) en 1993–, y, a continuación, en todos los tratados europeos posteriores. Lo menos que se puede decir es que, sobre la mayoría de los grandes asuntos, el panorama que ofrece hoy en día la UE es más de desunión que de unión. Y esto ocurre tanto entre Estados como dentro de esos Estados. A este respecto, el brexit es un revelador emblemático, pero no el único.

En 1973, la entrada del Reino Unido en la CEE constituyó una etapa capital en la estructuración y en la integración del espacio europeo. En efecto, abrió la vía a nuevas ampliaciones, en primer lugar a otros Estados de Europa Occidental y, más tarde, tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, a la incorporación de los países bálticos y de los Estados de Europa Central y Oriental satélites de Moscú. A pesar de haber pasado de 6 a 28 miembros, la UE no ha modificado su arquitectura institucional y no hace más que extender –en realidad imponer– a nuevos territorios los dogmas liberales de la competencia y del libre comercio ya grabados en el mármol del Tratado de Roma. Al unirse a la UE, los sucesivos Gobiernos británicos –laboristas o conservadores– no han tenido que aceptar el menor compromiso ideológico. Paradójicamente, la Europa actual es una Europa británica, una Europa liberal. Entonces, ¿por qué se pronunciaron mayoritariamente, en junio de 2016, los electores del otro lado del canal de la Mancha a favor de la salida de la Unión Europea, el brexit, que provoca una crisis existencial en la Unión?

En parte, los motivos de este resultado son el rechazo de las políticas ultraliberales del Gobierno conservador de David Cameron. Pero también radican en el sentimiento de desposesión experimentado por amplios sectores de la opinión pública, los cuales se preocupan por las transferencias de competencias del Parlamento de Westminster hacia la Comisión (no elegida) de Bruselas. La consigna “recuperar el control” de su propio destino, según la fórmula utilizada por los partidarios del leave (salida), a veces se ha basado en argumentos demagógicos, pero ha resultado muy eficaz en un país muy vinculado a las prerrogativas del Parlamento.

El brexit no es un fenómeno aislado en la UE. Ya no es momento para una dosis adicional de federalismo, como lo desearía Emmanuel Macron con respecto a la gestión del euro (un ministro de Finanzas y un presupuesto únicos, un Parlamento de la zona). Por el contrario, en las circunstancias actuales van apareciendo fisuras en las estructuras comunes existentes debido a los choques provocados por unas políticas migratorias divergentes: los países del Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia), a los cuales se han unido los nuevos Gobiernos austriaco e italiano, se encuentran en un estado de casi disidencia sobre esta cuestión central; asimismo, en Roma, el Gobierno de Giuseppe Conte mantiene su reivindicación de salida del euro; en la mayoría de los Estados miembros, la extrema derecha está progresando y utiliza el clima resumido en el eslogan “Dégage!” (¡Lárgate!”) para promover políticas nacionalistas y xenófobas. Se han reunido así las condiciones para una disolución de la UE. En mayo de 2019, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo dirán si esta hipótesis se convierte o no en una realidad.