Después de años de reuniones inacabables y discusiones siempre inacabadas sobre migración y asilo, esta semana la Comisión Europea parecía dar un paso al frente. En concreto, el pasado miércoles presentaba el Pacto europeo de migración y asilo, que tiene la ambición de avanzar en la siempre pospuesta reforma del sistema europeo común de asilo, ahora además integrada en una propuesta de mayor alcance para «regular y normalizar la migración en el largo plazo». Muchas pretensiones para una propuesta que añade poco a lo que ya teníamos y agrava más si cabe los problemas que urgía resolver.

La primera duda que genera la propuesta es la responsabilidad de los Estados Miembros. ¿Cómo podemos gestionar un espacio europeo de libre circulación de personas (la llamada zona Schengen) sin ponernos de acuerdo en las responsabilidades compartidas? En el ámbito de la gestión de llegadas, algunos Estados Miembros (y no sólo los de Visegrado) rehúsan más o toda responsabilidad, mientras otros (especialmente Grecia, Italia y España) consideran que tienen demasiada. Ese es el eterno problema. En agosto de 2015 Angela Merkel sentenciaba que «Dublín no funciona». Cinco años después sigue sin funcionar, en parte porque el sistema de Dublín no reparte equitativamente la responsabilidad, que recae de forma desproporcionada en los países de primera llegada (y no necesariamente de destino) de los solicitantes.

La cuestión de la responsabilidad, de hecho, es el gran talón de Aquiles de la política europea de migración y asilo. En lugar de abordarlo, por mucho que cueste, la nueva propuesta se enzarza en una solidaridad adjetivada (antes voluntaria, ahora flexible) que busca contentar a unos y a otros. En concreto, propone unas cuotas de responsabilidad obligatoria (dependiendo de la capacidad de cada Estado Miembro) pero de cumplimiento opcional. Así, esta responsabilidad puede traducirse en el “patrocinio del retorno” o en el “patrocinio de la acogida”. Puede tratarse de una ayuda puntual o estructural, con una participación más directa o mediante apoyo logístico o financiero. La arquitectura concreta de este sistema de solidaridad a la carta (donde incluso se podría escoger qué nacionalidades deportar) es difícil de imaginar. La indeterminación de estas solidaridades adjetivadas hace prever un aumento de la burocracia, desencuentros entre Estados Miembros y mayores costes económicos de un sistema que podría acabar siendo más ineficiente si cabe que el actual.

La otra gran duda es cómo conciliar el control fronterizo con el respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional, europea y de los propios Estados Miembros. El Pacto propone europeizar las políticas de frontera con unos procedimientos rápidos que sirvan para cribar en frontera y, en pocos días, distinguir entre inmigrantes económicos y solicitantes de asilo. Es difícil imaginar cómo estos procedimientos exprés garantizarán la evaluación individualizada de cada solicitud de asilo, tal y como establece la Convención de Ginebra. Aunque el Pacto parte de la reivindicación de una Europa más humana y humanitaria, no explicita cómo conjugar el control de fronteras (y su externalización a terceros países) con la garantía de principios básicos como el de no devolución, el respeto a la vida y la obligación de los Estados Miembros de proporcionar las condiciones materiales de vida de los solicitantes de asilo.

Moria está en el trasfondo de la última propuesta de la Comisión. De hecho, el incendio de Moria adelantó su presentación. El mensaje es que no puede volver a pasar, Europa no se lo puede permitir. Según las declaraciones oficiales, Moria se explica por una falta de política europea. El argumento es que la europeanización de las políticas de frontera servirá para evitarlo. ¿Pero cómo? Con procedimientos exprés en frontera, combinados con una política de retorno más efectiva que permita deportar a toda persona que no sea considerada refugiada. El retorno se presenta pues como la solución a los campos de refugiados y sus condiciones indignas. También las políticas migratorias en los países de origen y tránsito (y la llamada lucha contra los traficantes) se presentaron en 2015 como la solución a las muertes en el Mediterráneo. En otras palabras, evitando que llegaran se evitaba que murieran. En ambos casos, el resultado es que el discurso humanitario y el de securitización se acaban dando la mano.

La tercera gran duda que genera la propuesta es sobre los puntos de partida del debate. Según la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el Pacto busca abordar uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy en día la Unión Europea. Pero ¿cuál es el reto exactamente? La Comunicación empieza recordando que el escenario actual ya no es el de 2015, que los cruces irregulares se han reducido drásticamente y que hoy se trata de regular la inmigración (entendida como una parte estructural de la historia, presente y futuro de Europa) para que contribuya a nuestro crecimiento, innovación y dinamismo social. Curiosamente, tras la rotundidad de tales afirmaciones, el Pacto se centra fundamentalmente en el control de fronteras. ¿Son 142.000 cruces irregulares en 2019, en una Europa de más de 500 millones de habitantes y con más de dos millones de inmigrantes entrando legalmente por sus aeropuertos año a año, uno de sus mayores problemas? ¿O estamos sucumbiendo entre todos a una especie de espejismo en el que Europa seguiría viendo centenares de miles de migrantes esperando dar el salto en sus fronteras?

La Comisión Europea parecía estar dando un paso adelante pero al final de lo que se trata es de proponer que todo cambie (empezando por el propio Reglamento de Dublín) para que todo siga igual. Porque lo que no cambia es lo que somos y, en el ámbito migratorio, somos una comunidad política dividida, desconfiada y recelosa, donde lo común se ha visto substituido por la defensa de lo propio, donde el compromiso no va más allá de voluntades momentáneas, de esas solidaridades que no pueden ser más que permanentemente adjetivadas.