Andrés Villena

Investigador en Ciencias Sociales en la Universidad de Málaga (UMA)

La crisis de los estados del bienestar no sólo se viene materializando, a lo largo de las últimas décadas, en recortes de transferencias y servicios públicos, sino que también puede explicar parcialmente algunos de los más llamativos cambios culturales que hemos experimentado. El proceso de reconversión capitalista (neoliberalismo) iniciado a finales de los años setenta ejerció una importante influencia sobre la manera de entender determinados fenómenos sociales, facilitando la proliferación de tendencias acordes con las nuevas prioridades económicas.

Un buen ejemplo lo encontramos a la hora de entender el complejo mundo de la delincuencia. En la actualidad, nos topamos con proyecciones televisivas de asesinatos de menores que terminan en demandas populares para la instauración de la cadena perpetua; algunos partidos políticos cuentan ya con las propias víctimas de estos casos mediáticamente explotados como asesores en materia penal; existe un clamor entre ciertas capas sociales por el endurecimiento de las penas en general y, en particular, hay propuestas como la de la castración química de los pederastas que nos hacen concluir que en poco tiempo se ha producido un cambio dramático en las formas de comprender el delito, sus causas y las consecuencias de determinadas medidas punitivas.

Muchas investigaciones académicas y algunas reflexiones, como las del sociólogo David Garland en La cultura del control, apuntan a que existe cierta relación entre cómo vemos la desigualdad social y de qué modo reaccionamos ante determinadas violaciones de las leyes. Durante el período 1945-1980, el espíritu de reconstrucción occidental y, en general, el deseo de romper con las décadas de pobreza y turbulencias que culminaron en la Segunda Guerra Mundial llevaron a la sociedad a ejercer una mirada atenta y preocupada sobre el fenómeno de la disparidad de rentas y la estratificación: la desigualdad no constituía un fenómeno deseable; la economía marcharía mejor cuanta más gente se encontrara consumiendo, por lo que el propio sistema generó las herramientas necesarias para incluir a todo el mundo en el nuevo patrón de crecimiento.

Al modelo económico inclusivo –pleno empleo, servicios públicos de bienestar y transferencias– se añadía una tradición cultural que concebía al individuo como el centro de la civilización. De ahí que, al reflexionar sobre la delincuencia, muchos quisieran estudiar en su origen una conducta desviada, probablemente generada a raíz de situaciones de privación material, problemas psicológicos o de otro tipo. La reinserción representaba un objetivo crucial, igual que la integración de los colectivos marginales en la sociedad. De algún modo, las instituciones penitenciarias pasaron a representar un servicio más del Estado del bienestar, que consistió en el tratamiento de esta variante extrema de exclusión social: aquel tipo de ciudadanos cuyas malas condiciones los habían llevado a delinquir.

Pero el modelo garantista entró en crisis a finales de los años setenta: por entonces, los poderes dominantes llegaron a la conclusión de que la preservación del sistema no podía ya coexistir con la mencionada tendencia a contar con el bienestar de todos los ciudadanos. Como muestra destaca la creación de la NAIRU –Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment–, o tasa de desempleo necesaria para mantener la inflación bajo niveles controlados, una señal de que el pleno empleo ya no sólo se había convertido en un objetivo difícil de alcanzar, sino que además había dejado de ser conveniente.

En paralelo al incremento de las desigualdades y del número de delitos, los juristas y criminólogos progresistas se vieron arrinconados por nuevas formas de contemplar el acto delictivo. Triunfaban teorías que afirmaban que todos constituíamos delincuentes en potencia y que violaríamos la ley en la medida en que los beneficios de realizar esta acción superaran a sus costes. Se trataba de un reflejo del individualismo consumista que, no obstante, hizo cundir la noción de que las propiedades debían ser protegidas mediante sistemas de seguridad que, la mayoría de las veces, vendrían suministrados por empresas privadas.

Esta no fue la única visión del infractor que comenzó a proliferar. Las tendencias más conservadoras en materia penal insistían en que muchos de los delincuentes eran, simplemente, diferentes a los demás ciudadanos y, por tanto, contaban con muy pocas posibilidades de reinserción. Esta visión de “el otro” como extraño se acrecentó con la fiebre neoconservadora surgida a raíz de los atentados del

11-S en EEUU, que en la actualidad retiene en prisión a más de dos millones de personas, una forma más de mantener el índice de desempleo por debajo del 10%.

La tendencia a demonizar a los autores de determinados comportamientos se mantiene. Cuando más noticias escabrosas se necesitan para disimular el problema del empleo y la deuda, no sería extraño que un nuevo caso conmoviera a los espectadores y los hiciera más proclives a cambios legislativos que vayan en estas mismas líneas. Entretanto, el fatal delito del fraude fiscal o la especulación financiera contra los países sigue contando con enormes recompensas. Un cambio real debería llevarnos a contemplar este último tipo de desviaciones como merecedoras de las más severas sanciones. Seguiremos esperando.

Ilustración de Javier Olivares