KATTYA CASCANTE

Politóloga de la Fundación Alternativas

Ha finalizado el Año Europeo para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social constatando que el mundo es hoy, también gracias a Europa, un lugar más pobre y de mayor exclusión.

De entre todos los buenos propósitos para 2010, Europa sólo supo perseguir uno: la consolidación fiscal. Sin duda, asistimos a uno de los repliegues proteccionistas más fuertes desde que la Unión Europea decidiese regionalizar su mirada al mundo. Los Gobiernos priorizan todo lo que contenga el déficit, la inflación y el precio de la deuda soberana y no obstaculice las reformas necesarias para conseguirlo. En definitiva, al precio que sea, todo aquello que evite una mayor pobreza europea.

En esas debe de andar Europa cuando pretende regular en una comunicación comunitaria que los trabajadores inmigrantes tengan sólo los derechos laborales que les permitan sus países de origen. Países que dejaron por su pobreza. Países en los que no es difícil imaginar la ausencia no sólo parcial, sino incluso total, del reconocimiento de los derechos laborales más básicos. Parece que así se resuelven mejor las cuentas que garantizan con mayor seguridad el funcionamiento de nuestros sistemas de protección social. Los europeos dispondrán de mayor liquidez para sus subsidios por desempleo y una pensión de jubilación que les permita vivir con dignidad los últimos años de vida. Para lo cual, sin duda, habrá que hacer sacrificios tales como alargar la vida laboral dos años más, una medida que está encontrando grandes resistencias por parte de los sindicatos, ya que ven en ella una vulneración intolerable de derechos adquiridos largo tiempo atrás. Pero también tendremos que hacer el “sacrificio” de admitir que no hemos sido capaces de mejorar la pobreza de ahí fuera, y que, incluso, hemos conseguido que nos moleste algo menos ahora que tanto peligra nuestro bienestar aparentemente consolidado.

Sin duda, en el terreno de las desigualdades, la crisis ha reabierto viejas heridas en nuestra sociedad y provocará en el futuro retrocesos importantes. En España, pero también países como Reino Unido, Francia y Alemania, el número de personas que roza el umbral de la pobreza ha crecido, y esto pone en entredicho el modelo social europeo. Pero asumamos también la otra perspectiva.

En España, con un incremento del paro de un 30% entre los emigrantes extracomunitarios y de hasta un 40%, durante 2010, entre los jóvenes menores de 25 años, se llega al valor más alto de toda la Unión Europea. A esto podemos sumar el agravante de que este colectivo tampoco posee, en su mayoría, una casa en propiedad que le permita al menos subsistir, en espera de tiempos mejores.

En el resto de los estados miembros el panorama no es muy distinto a lo que ocurre en España ni a lo que viene siendo el fenómeno de emigración hacia Europa. Las condiciones, mejoradas, no han conseguido desplazar esa sensación de ciudadanos de segunda en empleos que nadie quiere (o mejor dicho, quería), donde no tiene en cuenta su cualificación y con horarios y condiciones, en su mayoría, abusivos. Cualquier cosa era soportable con tal de poder enviar la mayor cantidad de dinero a casa, allá en su patria. Remesas que han supuesto con el tiempo cantidades mucho más importantes que cualquier otra financiación hacia los países menos adelantados, incluida la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Lejos de compensar a este colectivo, que cotiza y paga sus impuestos europeos y no de sus países de origen, e incluso, sin tener asegurada una participación equitativa sobre la protección social correspondiente, se insiste en un agravamiento de sus condiciones. De nada sirven las investigaciones que apuntan al inmigrante como la tabla de salvación de una población europea envejecida, recomendaciones que en 20 años nos enfrentarán a un dilema irresoluble: seguir creciendo como bloque económico mientras se hace frente a los pagos de las pensiones con una población activa insuficiente y además, muy inferior a la de las potencias emergentes, países cada vez más atractivos para la inmigración.

Pero el euro manda, y manda tanto que ha sacado de la agenda cuestiones tan importantes como que, fronteras afuera, millones de personas vivan en la pobreza como consecuencia de un sistema económico injusto. La arquitectura financiera mundial permite a las multinacionales y a los gobiernos más enriquecidos eludir sus responsabilidades fiscales mientras condena a las comunidades más pobres a un desarrollo raquítico. Y no es cuestión de priorizar una pobreza u otra (la de dentro y la de fuera de nuestras fronteras), sino de ver el problema como un mal global que condiciona la seguridad y el futuro del mundo.

Quizás el objetivo no es salir de esta crisis con los mismos niveles de crecimiento; quizás haya una alternativa donde

lo urgente no desplace a lo importante.

Es, sin excusa posible, el momento de intentar un sistema fiscal que permita transformar las vidas y las expectativas de millones de personas a través de una mejor redistribución de la riqueza. Un bello pero improbable sueño para el año que acaba de empezar.