El 15 de febrero de 2018 murió otro menor trans*. Otra vida ha sido segada cuando apenas comenzaba. No es el primero y, desgraciadamente, tampoco será el último. La realidad es tozuda y nos demuestra una y otra vez la verdad de lo que apenas se vislumbra tras los estudios e informes de expertos. En España, una cuarta parte de las personas trans* han intentado quitarse la vida.

Ser una persona trans* no es un capricho. Nadie elegiría tener una vida marcada por la discriminación continua y el cuestionamiento permanente de otros. El suicidio de las personas trans* no ocurre en el vacío. Sucede en una sociedad donde el 85% de las personas trans* no tienen trabajo. Ayer, sin ir más lejos, una mujer trans denunciaba como una gran empresa rechazaba emplear a una mujer que había superado las pruebas de contratación al conocer su identidad trans*.

La muerte ha sucedido en Euskadi, pero podría haber ocurrido en cualquier rincón de España. Hace unas semanas, personas trans* y sus familias estuvieron denunciando ante el Defensor del Pueblo los presuntos incumplimientos de diversas obligaciones legales por parte de la Comunidad de Madrid. No fue un acto que surgiera de la nada, es el último acto hasta ahora de 700 días de continua lucha por hacer valer los derechos que se reconocen a las personas trans* en una ley vigente. ¿Alguien piensa que no desgasta psicológicamente la batalla permanente en las trincheras de la Administración?

La lista de discriminaciones es infinita. Como ejemplo, baste señalar la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, una norma que no contempla el acceso a la misma de toda persona con capacidad gestante, sino sólo de mujeres. Cuando un hombre trans* tiene su identidad reconocida legalmente, pierde el derecho a la reproducción asistida que, sin embargo, tienen garantizado otras personas.

Y mientras siguen sucediendo todas estas discriminaciones cotidianas, el sueño de la igualdad para las personas trans* se pudre en la parsimonia de la tramitación parlamentaria. Hace casi un año que se inició la tramitación de la revisión de la la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La reforma tiene sus carencias, pero de haber sido ya culminada hubiera permitido que la persona menor que ha muerto hubiera tenido reconocido quien era.

Hace más de una década que un presidente de Gobierno de este país dijo que “una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”. Cada cuál debe preguntarse cuál es su cuota de responsabilidad en la humillación continua que empuja a las personas trans* al precipicio y en hacer indecente nuestra sociedad.