En febrero de 2015 participé en una sesión de charlas TED para hablar sobre poesía, lenguaje y feminismo. Pero no voy a hablar de esto. Recuerdo que entre las muchas charlas interesantes una me desconcertó enormemente. Un hombre alertaba del problema de baja natalidad (española y patria) y su tesis se centraba en que las mujeres éramos unas egoístas porque teníamos trabajo, poder adquisitivo y habíamos retrasado la edad en la que teníamos hijas, con las complicaciones de salud que acarreaba. Además de añorar imágenes de los sesenta de familias con diez retoños remataba diciendo que con esos índices tan bajos de natalidad, pasaríamos de los ocho apellidos españoles a los ocho apellidos inmigrantes, porque esos sí que se reproducían. Sí, me quedé alucinada, sobre todo porque previamente me habían insistido mucho en que las charlas TED tenían que ser rigurosas y no políticas. En fin.

Cuento esto porque la preocupación sobre la pirámide poblacional puede enfocarse de muchas maneras, y diría que tradicionalmente se ha enfocado mal, desde una visión natalista que responsabiliza a las mujeres, porque estamos para parir y cuidar y si no somos unas egoístas y unas ignorantes de nuestra propia esencia y condición.

Y cuento esto porque me enorgullece y esperanza que también se pueda enfocar bien y que este Gobierno lo esté enfocando bien. Vivo en Asturies, una tierra que ha visto cómo se tenía que ir a buscarse la vida fuera mi generación y la siguiente porque no había apenas posibilidades de desarrollar un proyecto vital. Aquí más del 60% de las mujeres de mi edad querrían tener una o más criaturas pero luego la realidad se impone porque no se lo pueden permitir. Porque el impedimento aquí no es otro que las condiciones materiales. Y esto lo ha dicho de una manera muy clara esta semana la Ministra de Derechos Sociales Ione Belarra presentando la ley de familias.

Las medidas de esa ley están enfocadas a proteger el derecho de todas las personas a desarrollar su proyecto de familia, desde una comprensión amplia y abarcadora de los distintos modelos que existen. Liberando a las familias del corsé ajustado de un modelo concreto que desde la administración se reconocía como el único posible, dificultando y entorpeciendo al resto de familias. Hablamos de un aumento del permiso de paternidad y maternidad a seis meses, del reconocimiento del derecho de las familias monomarentales a que sus peques disfruten del mismo tiempo de cuidados durante el primer año de vida, corrigiendo la actual discriminación; hablamos de una prestación por crianza de carácter universal. Y hablamos de familias monomarentales porque en su mayoría esas familias están encabezadas por mujeres. Y necesitamos que se las reconozca como numerosas cuando tienen dos hijas o hijos, porque todos los estudios señalan que son las que están en mayor riesgo de pobreza. Y además tenemos una deuda histórica con esas familias, que han visto sistemáticamente vulnerados sus derechos por no ser reconocidas en igualdad de condiciones frente a ese corsé tan estrecho de lo que se ha entendido que era una familia. Pero hay muchísimas más, y la responsabilidad de un gobierno es permitir que todos esos proyectos de vida se desarrollen con los derechos garantizados.

Claro que cuidar, proteger ese derecho es una cuestión cultural para una sociedad. Pero además es, tiene que ser, una cuestión material, porque es ahí donde se hacen efectivas las realidades y también los compromisos institucionales. Porque son las condiciones materiales las que determinan si puedes elegir o si tienes que asumir que “la realidad se impone”. Bastante complicada es ya la vida, la crianza, como para seguir apuntalando los palos en la rueda que siempre van a las mismas y a los mismos. Un gobierno ha de tener entre sus cometidos, como también decía la ministra Belarra en su presentación, que la gente pueda llevar su proyecto de vida a cabo libremente. De eso va esta ley, de que los derechos se garanticen en pie de igualdad para todas las familias.