Jorge Fonseca

Catedrático EU de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y miembro del Comité Científico de ATTAC

La huelga general en España y Portugal y los paros parciales y manifestaciones de estos días en más de una docena de países europeos, han sido planteados con el objetivo de frenar la ofensiva neoliberal que está derribando aceleradamente el “estado del bienestar” –sistema público de sanidad, educación, y pensiones y derechos laborales y sociales- que ha sido el rasgo diferencial del capitalismo europeo continental respecto al anglosajón, particularmente el de EEUU. El derribo es general en toda la Unión Europea, pero mucho más intenso en la periferia económica constituida por los países del sur, debido a las políticas ultraliberales de sus gobiernos de derecha radical, apoyados por la “troika” compuesta por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el pretexto de reducir el déficit y la deuda pública.

Pretexto, pues en España, en 2007, al inicio de la crisis, teníamos superávit fiscal de 2,2% del PIB, y hemos pasado a un déficit de entre 11 y 9% en los años siguientes, en primer lugar debido a la caída de ingresos por impuestos en una media anual de 40 mil millones de euros, 4% del PIB, respecto a 2007 (doscientos mil millones acumulados entre 2008-2012, 20% del PIB), que explica la mitad del déficit de estos años y que en gran parte se debe a las rebajas fiscales al capital y a la falta de lucha contra el fraude fiscal, pues dicha caída de recaudación es varias veces superior a la del PIB, que explica una parte menor (en torno a 2% anual del PIB). El resto del déficit se explica esencialmente (3% anual del PIB) por el aumento del gasto en prestaciones por desempleo (de 15 mil millones en 2007 a 32 mil millones en 2012) y en intereses de la deuda (de 16 mil en 2007 a casi 29 mil millones en 2012, que serán 39.000 millones en 2013). Esta caída de impuestos, aumento de intereses y prestaciones por desempleo, junto con los 200.000 millones (en dinero y avales, equivalente a 20% del PIB), regalados a los mismos banqueros que han desahuciado a casi medio millón de familias desde 2008, explican que la deuda pública que era de sólo el 36% del PIB en 2007 supere ya el 80% del PIB (en 2013 será del 90%).

El aumento de la deuda pública refleja el alcance de la estafa al 99% de la sociedad, ya que se ha convertido deuda privada en pública, y ahora esa estafa se consuma trasladándonos a los ciudadanos esa deuda ilegítima mediante recortes sociales. Este descomunal saqueo a trabajadores asalariados y autónomos y pequeños empresarios, se realiza para dar beneficios a las grandes corporaciones, mediante pago de usurarios intereses a la banca, mediante ahorro de impuestos al capital por la evasión fiscal y por un sistema que grava principalmente a las rentas del trabajo, (que aportan el 80% de la recaudación). También a través de una agresiva política de recortes sociales que combina todas las medidas que permiten reducir el salario directo o indirecto (pensiones, subsidios por desempleo, etc.). Esta política forma parte del ideario neoliberal del gobierno pero también del núcleo dominante en la UE, que se refleja en el “Pacto por el Euro” que prioriza “la estabilidad financiera, las finanzas públicas y el euro” frente a los intereses de las personas, y también en el “pacto fiscal”, auténtico golpe de Estado por la vía jurídica, que ratificó la prohibición de déficits públicos, y justificó la reforma de la Constitución por vía de urgencia. Su objetivo es priorizar el pago de la deuda, justificar la reforma laboral “a la china”, que propicia despidos de empleados públicos y privados, para que un ejército de seis millones de desempleados compita por trabajar en condiciones chinas, con salarios de cuatrocientos euros y sin derechos sociales, con el objetivo último de crear en España y buena parte de Europa condiciones laborales que permitan ampliar el espacio de explotación neoliberal salvaje. La deuda se ha convertido en instrumento central de expolio de la riqueza social a favor de la fracción más alta de la clase capitalista, y sirve para justificar la reducción de salarios directos e indirectos (desmontando el Estado del bienestar). El euro sobrevalorado es el núcleo central de ese esquema, favoreciendo a Alemania en detrimento de los países del sur de Europa.

La eliminación del déficit y el pago de la deuda tienen el objetivo inmediato de garantizar a la banca –especialmente alemana y francesa- el cobro de la deuda, a la vez que se practica la demolición de los sistemas sanitario, educativo y de pensiones, para que una vez reducidos a mínimos y convertidos rentables en sentido mercantil, sea posible reducirle aún más los impuestos al capital. También para privatizar esos servicios esenciales a precio de liquidación entregándolos a las grandes corporaciones empresariales a las que representan estos gobiernos, con grave perjuicio de los ciudadanos, que deberán pagar por la sanidad y la educación, como ya ocurre en Grecia.

Estas políticas no tienen sólo un contenido económico, sino que forman parte de un programa político destinado a cambiar el orden social para devolverlo a condiciones similares a las del siglo XIX, caracterizado por la explotación salvaje de los trabajadores, privados de derechos laborales y también políticos. Este programa político tuvo como pioneros a los regímenes terroristas de los dictadores Pinochet, en Chile a partir de 1973 –asesorado por los popes de la economía neoliberal, el Nobel Milton Friedman y Arnold Harberger, de la Universidad de Chicago- y Videla, en Argentina a partir de 1976. El elevado grado de consciencia política y de organización de los trabajadores en esos países en aquéllos años, forzó a la clase capitalista a apelar al terrorismo de Estado, opción extrema cuando no le es posible subvertir el orden simplemente vaciando de contenido democrático los sistemas parlamentarios, como hacen ahora en Europa.

El neoliberalismo representa los intereses de la fracción más rica y parasitaria de la clase capitalista (el denominado 1%), concentrada en las finanzas y que es única a nivel mundial, sin apegos nacionalistas, y que tiene como principal objetivo recuperar la cuota del ingreso que concentraban hasta los sesentas y que las políticas redistributivas (mejoras salariales, “estado del bienestar”) le redujeron. Esta fracción capitalista autoritaria considera que no basta con reducir salarios, sino que es necesario instalar un ideario social que recupere la visión individualista de la vida, perdida como consecuencia de sistemas educativos socialmente inclusivos y con enfoques epistemológicos abiertos, que ponen por delante al grupo, la sociedad, frente al individualismo darwiniano que nos propone el neoliberalismo, individualismo que facilita la mercantilización de todo, incluida la vida humana. Por eso el programa neoliberal es totalitario, abarcando todos los espacios de la existencia humana. Así Videla prohibió la enseñanza de la teoría de conjuntos en matemáticas –por “colectivizante”!- o el gobierno actual elimina la educación para la ciudadanía y se enfrenta a todo reconocimiento identitario (sea de matrimonio igualitario, de memoria histórica, de género) y considera central el asalto a la educación pública y laica y también a la cultura. En lo económico, las medidas adoptadas por Pinochet y Videla son el modelo, que luego aplicaron el resto de dictaduras latinoamericanas, los regímenes parlamentarios autoritarios de Reagan en EEUU y Thatcher en Reino Unido, y que hoy –en su última fase- son calcados al milímetro en la mayor parte de los países europeos por los gobiernos de “autoritarismo con parlamento”.

En este despliegue totalitario juega un papel central el régimen capitalista totalitario de China (cínicamente autodenominado “comunista”), que viola sistemáticamente los derechos sociales y humanos, además de depredar la naturaleza, para conseguir condiciones laborales esclavistas de los que se benefician no sólo la jerarquía capitalista china sino también los capitalistas europeos y estadounidenses propietarios de grandes empresas que instalan filiales en China para aprovechar esas condiciones, haciéndose partícipes en la violación de derechos. Pero también son cómplices de estas violaciones los gobiernos y la jerarquía burocrática de Europa, EEUU y de organismos supranacionales, que no dudan en aislar y acosar a gobiernos que en América Latina u otras regiones intentan recuperar espacios de soberanía, mientras consienten en silencio la violación de derechos humanos en China y ponen alfombra roja a los capitalistas chinos u occidentales responsables. Los gobiernos y burócratas son responsables incluso de hacer que los ciudadanos europeos seamos partícipes de esas violaciones, en la medida que somos forzados a comprar sin alternativas productos chinos “competitivos” gracias a la explotación laboral, incluso infantil, que destruyen las fuentes de trabajo locales que “por culpa” de derechos conseguidos en siglos de lucha no “son competitivos” frente a la producción semi esclavista asiática. Además, mediante la aceptación de la entrada sin restricciones de “productos de la esclavitud” asiática, los continuadores de las políticas económicas pinochetistas nos fuerzan a ser competitivos aceptando condiciones laborales “chinas” (lo han dicho expresamente varios representantes de organizaciones patronales españolas) basadas en la violación de derechos humanos, laborales y sociales reconocidos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de NNUU establece el derecho a la libertad de expresión (Nº 19), de reunión (20), de condiciones laborales dignas (23 a 25), entre otros. Nuestra Constitución dice que: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de las familias” art. 39.1; “Los poderes públicos mantendrán un régimen de Seguridad Social, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes, ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”, Art. 41; “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna”, Art. 47. Todos estos derechos y muchos otros son cada día más conculcados en lo hechos y mediante leyes que justifican desahucios que empujan a personas a la calle cuando no al suicidio, mientras se otorgan privilegios y se regalan miles de millones del dinero público a banqueros y especuladores.

Por todo esto, las huelgas y manifestaciones europeas de estos días no son sino un paso adelante en la resistencia al nuevo totalitarismo neoliberal, que no sólo aspira a sepultar derechos conseguidos en décadas, cuando no siglos de luchas sociales y políticas, que son las que han hecho avanzar la historia hacia una sociedad con rasgos democráticos. Este nuevo totalitarismo pretende también reducir nuestra condición humana a mínimos, convirtiéndonos en meros clientes consumidores y productores semiesclavizados. No pasarán. Porque si pasasen la humanidad retrocedería dos siglos en derechos y nuestras sociedades se convertirían en una versión empeorada de aquéllas que hoy consideramos inhumanas. Y nuestros hijos y nietos o nuestros abuelos no nos lo perdonarían.