La eliminación por decreto de los informes de impacto ambiental y la participación ciudadana en los proyectos de energías renovables corren el riesgo de ser un fracaso colectivo.

Todos tendemos a hacernos algunas trampas al solitario: cuando decimos que estamos saliendo y en realidad aún no nos hemos calzado, cuando picamos entre horas sin que nadie nos vea y pensamos que no cuenta, o cuando nos decimos a nosotros mismos que esa tarde sí o sí vamos a salir a hacer deporte.

Sin embargo, estas trampas en las políticas públicas tienden a ser trampas para uno mismo, pero también para la administración que dirigimos y para los ciudadanos y ciudadanas. Y suelen ser más peligrosas que comerse unas galletas de chocolate a deshora.

Este martes se votará en el Congreso de los Diputados el enésimo Real Decreto donde se mezclan las churras, las merinas, el hambre y las ganas de comer. En este caso se agrupan en un mismo texto medidas tan dispares como la práctica eliminación de los controles de impacto ambiental para los proyectos de energías renovables con la limitación de la subida de los alquileres. Una trampa al solitario que se hace el Gobierno a sí mismo, a sus socios de investidura, y a la ciudadanía, hurtando a la opinión pública la posibilidad de abrir debates sobre algo tan importantes como la transición energética.

Y es fundamental que hablemos y discutamos mucho sobre cómo estamos haciendo ya la transición energética, que no dejemos que suceda “sola”. Sin el liderazgo de los poderes públicos y el control de la sociedad civil, será imposible asegurar la democratización el sistema energético, la producción energética colectiva y cercana a sus puntos de consumo y caeremos de nuevo en un modelo oligopólico del sistema eléctrico, ahora pintado de verde.

No obstante, tampoco podemos obviar que vamos a necesitar algo más que placas solares en los tejados. Harán falta nuevas infraestructuras, algunas más grandes, otras más pequeñas, que nos aseguren que ninguna familia va a tener miedo a encender la calefacción o el aire acondicionado por los altos precios de la energía. Pero si en menos de un año hemos descubierto la vacuna contra un coronavirus nuevo, qué no podrá hacer la tecnología para asegurar que hacemos coexistir la tierra que nos da de comer con la instalación de renovables. La biodiversidad que nos protege frente a nuevos virus con la transición energética.

Al eliminar los informes de impacto ambiental y los procesos de información pública que vehiculan la participación ciudadana, corremos el riesgo de frenar aún más el despliegue de las energías renovables en España ya que, sin controles rigurosos, la única alternativa de la ciudadanía ante los macroproyectos será la judicialización.

Antes de eliminar por decreto la participación ciudadana y los estudios de impacto ambiental, sería importante recordar que hay alternativas como, por ejemplo, asegurarse de que las Comunidades Autónomas y las entidades locales ponen en marcha las subvenciones financiadas con fondos europeos para la instalación de autoconsumo o la rehabilitación de viviendas. Con este impulso, comenzaría también a cerrarse la enorme brecha que existe entre territorios productores de energía y territorios que son un auténtico agujero negro de recursos. Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid sólo produjo en 2020 con energías renovables el 1,8% de toda la electricidad que necesita en un año, a pesar de que el Plan Energético de la Comunidad de Madrid Horizonte 2020 establecía como meta una producción renovable que representara entre un 2,8% y un 2,9% del consumo total de la comunidad.

Queda, por tanto, mucho camino por recorrer y muchos debates por abrir, pero si no ponemos la tecnología y los recursos públicos en trabajar en pro de una transición energética justa y democrática, las trampas al solitario se convertirán en fracasos colectivos.